Con el TSJ como coartada, el PJ se prepara para ‘proscribir’ Uber

Por Felipe Osman

El oficialismo remozó su proyecto para regular las plataformas digitales y lo empujó a través de la Comisión de Servicios Públicos, donde recibió el apoyo del peronismo y la indiferencia de la oposición, que se abstuvo en esta instancia, pero que adelanta votará en contra en el recinto.

Es que en Hacemos Unidos la decisión de trocar la falta de regulación por una velada prohibición de las aplicaciones de transporte parece estar tomada.

Para hacerlo, el oficialismo se dispone a utilizar como coartada el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia, que instó al Concejo Deliberante a subsanar su “omisión legislativa”, y tipificó al servicio que ofrecen las plataformas digitales de transporte como “privado de interés público”, una categoría híbrida aplicable a actividades que, si bien son prestadas por particulares bajo un régimen de derecho privado, revisten un interés público que justifica una intervención regulatoria y de control por parte del Estado.

Ahora bien, ¿qué subyace a esta inesperada sinergia? Hasta antes de la sentencia que instó al Concejo a abandonar la inercia y regular el uso de las plataformas de transporte, los choferes de Uber que eran “pescados” por los controles municipales y recibían multas que llegaban a superar incluso los dos millones de pesos, recibían el reintegro de la aplicación a cambio de que le cedieran los derechos litigiosos sobre un posterior reclamo.

Uber realizaba los descargos administrativos y, agotada la instancia, podría avanzar en un reclamo judicial ante las Cámaras Contencioso Administrativas. ¿Cuánta presión podía acumularse?

Regular las plataformas de transporte era necesario para crear el soporte jurídico que otorgara solidez a la imposición de esas multas y, consecuentemente, blindara la posición de la Municipalidad ante los reclamos y posteriores litigios.

Ahora bien, ¿qué quedará de las plataformas de transporte -masivamente elegidas como medio de transporte por los vecinos- tras la regulación? Probablemente nada.

El despacho aprobado por el oficialismo en comisión guarda grandes similitudes con su predecesor, aunque haciendo lugar a algunos cambios cosméticos.

Ya desde su primer artículo se ocupa en “invocar” el fallo del TSJ tipificando al servicio de aplicaciones de transporte como un “servicio privado de interés público”, aun cuando el Concejo Deliberante bien podría apartarse de esta categorización. Y en lugar de hablar frontalmente de “tarifa”, aplica un eufemismo “valor mínimo obligatorio”.

Esta disposición del artículo 8 junto a la siguiente, que establece un “cupo” máximo de vehículos afectados a los servicios de transporte a través de plataformas digitales son el núcleo de la ordenanza. Y son también los dos artículos en los que el oficialismo no aceptó ninguna de las modificaciones propuestas por las bancadas opositoras.

Tarifa y cupo se alzan como los elementos determinantes para que la ordenanza que cocina el oficialismo en el Concejo sirva, en la práctica, para ‘proscribir’ a las plataformas digitales de transporte. Alteran tanto la naturaleza de la prestación que subvierten por completo un modelo de negocios que no sólo resulta ampliamente aceptado por los vecinos, sino que además ofrece una salida económica a miles de ellos.

En el fondo del debate, la tensión está en cuál es el rol del Concejo: si debe ocuparse en crear un marco normativo capaz de facilitar la convivencia, o si debe arrogarse la capacidad de modelar la conducta de sus representados.

En la práctica, se abren dos caminos posibles: Uber seguirá operando por fuera de la reglamentación, o dejará de operar en la ciudad.