UNC: no habrá exámenes finales y peligra el inicio de clases

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) vive un momento crítico. No solo por el deterioro presupuestario y salarial que arrastra desde hace meses, sino también por las consecuencias de un nuevo giro en el conflicto docente: la suspensión total de los exámenes de julio-agosto y del inicio del segundo cuatrimestre. La resolución fue adoptada el pasado 27 de junio por la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) y marca un punto de inflexión en el plan de lucha que ese gremio impulsa desde principios de año, pero que ahora se profundiza y se extiende al conjunto del sistema universitario nacional.

Las decisiones fueron tomadas tras una consulta gremial en la que participaron 1.689 docentes de todas las unidades académicas. El 99,2 % votó a favor de suspender los exámenes y avanzar con medidas de fuerza. La cifra refleja un nivel de consenso pocas veces visto en el activismo docente y revela el malestar profundo que anida en las aulas y laboratorios universitarios.

“La comunidad docente ha manifestado con claridad que no están dadas las condiciones para el normal desarrollo de las actividades académicas. La crisis salarial y presupuestaria afecta no solo el bolsillo, sino también el funcionamiento mínimo de la vida universitaria”, señalaron desde ADIUC en un documento publicado en su web oficial.

La situación se agrava si se considera el deterioro acumulado. Desde diciembre de 2023, los salarios docentes cayeron más de un 23 % en términos reales. A ello se suma el congelamiento del presupuesto universitario: la partida para gastos de funcionamiento es la misma que la de 2023, pese a la inflación acumulada de más del 200 % interanual. “En lugar de resolver el conflicto, el Gobierno Nacional lo agrava con propuestas salariales insuficientes y sin garantizar fondos genuinos para sostener las funciones esenciales de nuestras universidades”, advirtió el gremio cordobés.

Las medidas resueltas por ADIUC incluyen la suspensión de todas las mesas de examen de julio y agosto. No iniciar las clases del segundo cuatrimestre hasta nuevo aviso. Paros progresivos por facultad y acciones federales coordinadas con otros sindicatos del Frente Sindical Universitario. Además pidieron más participación activa en las jornadas de visibilización y denuncia ante el Congreso de la Nación.

La gravedad de la medida fue reconocida por el propio rectorado, aunque sin emitir, por ahora, una posición pública contundente. Distintas facultades ya comenzaron a comunicar la suspensión de exámenes en sus plataformas y redes sociales. En algunas, como Filosofía, Ciencias Sociales o Psicología, el calendario quedó virtualmente en pausa.

El conflicto suma un condimento más y que tiene que ver con el reclamo por la sanción urgente de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo proyecto fue impulsado por CONADU y el Frente Sindical Universitario y acompañado por diversos bloques opositores. El texto propone elevar de manera progresiva el financiamiento educativo al 1,5 % del PBI para 2031, incorporar al salario las sumas no remunerativas, garantizar actualizaciones presupuestarias según inflación y crear un fondo nacional para carreras estratégicas e investigación.

ADIUC considera que “sin una ley que garantice presupuesto y paritarias justas, el sistema universitario va hacia el colapso estructural”. La iniciativa legislativa cuenta con amplio respaldo de la comunidad académica, pero el Congreso se transformó en otro campo de batalla.

En ese marco, el pasado miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación se disponía a tratar el proyecto junto con otro vinculado a la emergencia del Hospital Garrahan. Pero la sesión se convirtió en un escándalo. Tras más de tres horas de discusiones, el oficialismo abandonó el recinto y denunció “maniobras desleales” de la oposición, mientras desde los bloques dialoguistas acusaron a La Libertad Avanza de querer bloquear cualquier posibilidad de tratamiento. Insultos, gritos y cruces impidieron avanzar, y la sesión fue levantada sin llegar a debatir ninguno de los dos temas.

Sin embargo, el debate no terminó allí. Por presión de los bloques opositores y el Frente Universitario, se logró imponer un plazo: las comisiones de Educación, Presupuesto y Hacienda deberán emitir dictamen sobre los proyectos antes del 8 de julio. “Es un avance parcial, pero importante”, destacaron desde ADIUC. “Ahora la pelota está en el Congreso. Si no se sanciona la ley, la parálisis académica seguirá”, advirtieron.

El contexto no es favorable. Mientras los gremios universitarios multiplican sus protestas, el Ministerio de Capital Humano mantiene una política de ajuste, y el Gobierno ha dado señales de que prefiere negociar Universidad por Universidad antes que resolver el conflicto de manera integral. “El presidente dice defender la educación, pero desmantela el sistema público. Necesitamos políticas universales, no parches sectoriales”, sentenciaron desde el gremio.

El conflicto, lejos de apagarse, se profundiza. ADIUC ya anunció nuevas jornadas de protesta en Córdoba acoplándose a la estrategia de CONADU. Y si el Congreso no actúa en la próxima semana, las aulas de la UNC podrían seguir vacías durante todo julio. Mientras tanto, el Gobierno de Javier Milei opta por el desgaste y estirar las discusiones lo más lejos posible. El resultado, más allá de lo legislativo, podría marcar un antes y un después en el largo conflicto entre el Gobierno nacional y la comunidad universitaria.