Los gobiernos de Menem y De la Rúa

Por Eduardo Dalmasso* 

El inicio de la presidencia de Menen

Menem llega al poder inmerso en una crisis económico-financiera que emerge de la debilidad política del gobierno de Alfonsín, el enfrentamiento entre distintos bloques económicos y las dificultades para implementar políticas de transformación del Estado.

Juan Torre (2002) afirma: “El gobierno de Alfonsín llega al final de su ciclo con un aparato estatal deslegitimado, un proceso de hiperinflación, la presión de una deuda externa impagable y una sociedad desorientada.” De hecho, por sus consecuencias, la hiperinflación define una guerra civil por el reparto de los recursos, en la que normalmente pierden los ciudadanos de a pie.

La entrega anticipada del poder condiciona el rol del radicalismo, que se compromete a no obstruir en el Congreso las iniciativas económicas y sociales del futuro gobierno, acordando, entre otras cosas, la ampliación de la Corte Suprema a nueve miembros.

El discurso nacionalista y de carácter populista de Menem, refleja una estrategia de campaña o un desconocimiento de los problemas estructurales de la economía argentina. Sin embargo, se puede pensar que su llamado al grupo Bunge & Born para que le aporte un plan económico, y la implícita asociación con los grupos económicos capitalistas que esto implicaría, definen un perfil desarrollista y la aceptación de que el programa partidario podría resultarle nefasto.

El presidente, ante el vacío de poder y las urgencias por estabilizar las variables económicas, requiere de legitimidad técnica y respaldo externo. En su visión, el multinacional grupo agroexportador Bunge & Born le otorga a su gobierno un sentido de “racionalidad económica” dentro del “establishment”, un gesto de “maduración” ante los mercados.

Para Carlos Altamirano (2001), “Menem comprendió que debía sacrificar parte de la liturgia peronista para consolidar el poder. Bunge & Born era el puente con el mundo que exigía ajustes, privatizaciones y estabilidad monetaria.” Lo que señala Altamirano provoca interpretaciones dispares: para algunos, se trata de un acto de realismo político extremo; para otros, de una traición a los principios peronistas.

Un giro total: esto porque los protagonistas en este proceso no se constituyen por las masas ni los sindicatos como en otros tiempos, sino que los actores privilegiados de interlocución gubernamental pasan a ser los grandes empresarios, los organismos financieros internacionales y el capital extranjero.

El fracaso de la transición

El Congreso de la Nación, mediante la figura de la delegación legislativa, transfiere atribuciones y competencias al Poder Ejecutivo para encarar las innovaciones en la economía y la reforma del Estado. La nueva administración dicta dos leyes clave:

1. La Ley de Emergencia Económica, que suspendería los regímenes de promoción industrial, regional y de exportación, y las preferencias que benefician a la manufactura nacional en las compras del Estado. A la vez que autoriza los licenciamientos de empleados públicos y finaliza con los esquemas salariales de privilegio en la administración.

2. La Ley de Reforma del Estado, que fijaría el marco normativo para las privatizaciones que se desarrollarían en el futuro.

Estas decisiones aparecen como una imagen inversa de lo que la opinión pública espera de un gobierno peronista, y especialmente del suyo, cuyas banderas de campaña habían sido la ambigua “revolución productiva” y el “salariazo”.

Es posible que, dentro de su concepción de un “neoperonismo superador”, Menem no haya evaluado —ni siquiera imaginado— el enfrentamiento entre diferentes bloques de poder. Esta primera etapa menemista fracasa: la hiperinflación no cede y la pobreza se acrecienta. Las medidas del equipo de Bunge & Born no logran estabilizar la economía y profundizan el proceso de redistribución regresiva del ingreso y el debilitamiento del Estado.

Según Pablo Gerchunoff y Lucas Llach (2003), “los técnicos de Bunge & Born son víctimas de un dilema irresoluble: necesitan un Estado fuerte para aplicar reformas duras, pero sólo disponen de un Estado descompuesto.”

En mi opinión, este intento por articular una política de estabilización con cierta autonomía, racionalidad tecnocrática y vocación neo desarrollista, fracasa no solamente por errores técnicos o diagnósticos incompletos, sino por la carencia de sólidas alianzas y la emergencia de conflictos estructurales entre el programa económico y los intereses de los actores que componen los diferentes bloques de poder: gobernadores provinciales, grupos económicos dependientes del Estado, sectores industriales protegidos y —como detonante no menor—, según los estudios de Noemí Brenda (2020) y Luigi Manzetti (1999), el descontento de los acreedores internacionales, canalizado principalmente por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cabe señalar que la brutal disonancia entre las promesas discursivas y las políticas ejecutadas deteriora la legitimidad del gobierno en sus primeros meses. Para el conjunto del peronismo, Bunge & Born está en las antípodas de su ideología.

Nestor Rapanelli renuncia como ministro de Economía. Lo reemplaza Erman González, en medio de un nuevo estallido inflacionario.

*Dr. en Ciencia Política (UNC-CEA)