Inseguridad, lejos de la agenda electoral (Iglesia pide hablar del narco)

Por Yanina Soria 

Quizá porque Luis Juez ni Rodrigo de Loredo juegan este turno como candidatos, o porque la campaña se nacionalizó al punto de levantar y reemplazar del temario “problemas locales”, pero esta vez, la inseguridad no atraviesa con fuerza la agenda electoral que se discute en Córdoba como sucedió en otras oportunidades. Incluso, cuando se disputaban también cargos legislativos nacionales. 

Pese a seguir siendo uno de los grandes dolores de cabezas que preocupa a los habitantes de la provincia, liderando cualquier ranking, al menos por ahora, el oficialismo no fue interpelado por ello ni debió salir a dar explicaciones de lo que sucede a diario en Córdoba. 

Probablemente, entienden desde el Panal, la centralidad del tema quedará reservada para la discusión provincial del ´27, pero aun así advierten con conocimiento de causa que la inseguridad es una espina que, de momento a otro, puede alterar los planes políticos de cualquier gestión. 

Por eso, aunque el ministro del área, Juan Pablo Quinteros, sea de los pocos funcionarios provinciales al que no se lo ve con un rol activo en el programa electoral que desarrolla Hacemos Unidos, su mejor forma de trabajarle la campaña al oficialismo es atajarle los problemas para que no le estallen al gobernador Martín Llaryora ni al candidato Juan Schiaretti quien, precisamente, “vende” nacionalmente como uno de sus grandes activos la experiencia y el orden en la gestión provincial. En ese sentido, el Gobierno tiene previsto anuncios en materia de seguridad para los próximos días.  

Naturalmente, Provincias Unidas, el espacio de los gobernadores no tiene entre sus tópicos de campaña la inseguridad, un tema siempre urticante para cualquier oficialismo, pues el foco anti mileísta es alimentado con temas como retenciones, plan de productividad, federalismo, educación, salud, empleo, entre otros. 

Mientras tanto, en rigor de verdad, la oposición tampoco parece querer o poder centrarse en una agenda que incomode demasiado al peronismo; al menos, hasta acá, en la Libertad Avanza el único que disparó munición gruesa contra Schiaretti fue el propio presidente Javier Milei días atrás cuando pasó por esta ciudad. 

El radical Ramón Mestre, intenta por momentos, desenmascarar cierto “cinismo” que encuentra entre los cordobesistas que le reclaman a la Nación lo que no cumplen en Córdoba, por ejemplo, menciona tema jubilados y el 82 por ciento móvil. 

Por su lado, Natalia de la Sota no se corre del objetivo electoral trazado desde que se lanzó como candidata: ser la referente del anti mileísmo en Córdoba y no hacer anti schiarettismo. Por eso, quizá, todavía no le respondió (y a lo mejor no lo haga) al ex gobernador que viene diciendo que es candidata del kirchnerismo, en un intento de “desacreditar” su postulación. 

Lo cierto es que esta semana aparecerá un actor que puede torcer un poco esa agenda electoral tan conveniente para la Provincia: la Iglesia. 

Concretamente, la Pastoral de Adicciones Arquidiócesis de Córdoba convoca para este miércoles por la tarde a un encuentro con candidatos, justamente con el propósito de instalar el tema drogas y narcotráfico en la agenda legislativa en el marco de la campaña. Los sacerdotes y religiosos invitaron a los referentes de las 18 listas que competirán en Córdoba para escuchar sus propuestas, debatir y comprometerlos a acordar pautas de abordaje sobre la problemática. Según informaron desde la Pastoral, la mayoría confirmó presencia, con lo cual la movida política será importante; sobre todo, si asiste también el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, cuyo liderazgo en la Iglesia Católica es ejercido con una visión crítica sobre estos temas y la falta de abordaje político. 

Por otro lado, el equipo de sacerdotes de villas y barrios populares de Argentina también se manifestó sobre el atroz triple asesinato de Brenda, Morena y Lara en provincia de Buenos Aires. Mediante un comunicado advirtieron que el narcotráfico despenalizado es un hecho en los barrios, y que el corrimiento del Estado da lugar al crecimiento del ese delito. 

“La insuficiencia de los comedores, planes sociales eliminados, oficinas del Estado corridas, obras en los barrios populares abandonadas, son muestra de la indefensión de nuestras comunidades”, reza el comunicado.