DASPU contra las cuerdas resiste al ajuste y al abandono estatal

Por Francisco López Giorcelli 

La situación de DASPU no llegó de improviso. Los datos del propio gremio universitario lo dejan claro: la caída sostenida del salario real de docentes y no docentes —una reducción del 30 % del cargo testigo desde noviembre de 2023— se traduce directamente en aportes más exiguos y en una obra social que ve comprometida su capacidad para sostener prestaciones. Al mismo tiempo, los costos de medicamentos y servicios médicos se disparan en un escenario de liberalización y ajuste donde el financiamiento solidario de la universidad pública se deshilacha.

En Córdoba, la UNC enfrenta un doble peligro: por un lado, una institución pública que se desenvuelve bajo promesa de gratuidad, autonomía y servicio social; por el otro, una realidad presupuestaria asfixiada que obliga a elegir entre mantener aulas, investigación o cobertura sanitaria. 

En ese marco, DASPU aparece como la punta visible del sistema de derechos laborales que está siendo erosionado por el ajuste estatal. Si la obra social deja de cumplir, dejará de ser sólo un costo: se convierte en símbolo del colapso del compromiso con la universidad pública.

El ajuste sobre salarios universitarios es la primera pata del problema. Pero no la única. Al licuar los ingresos, el sistema de financiamiento de la obra social —que depende de esos aportes y de la contribución institucional— entra en riesgo. Tal como advierte ADIUC, “la situación de virtual quiebra de algunas obras sociales universitarias debe ponernos en alerta”. Esta frase define una lógica que va más allá de Córdoba: es un patrón que el gobierno nacional reproduce al vaciar partidas, burocratizar fondos o resignificar la universidad como gasto en vez de inversión.

En este escenario, la responsabilidad institucional de la UNC es ineludible. El gremio exige que DASPU priorice la transparencia en las prestaciones y la comunicación con los afiliados frente a negativas de atención médica abruptas. Pero al mismo tiempo, recuerda que la crisis no puede recaer de nuevo sobre los salarios: “Urge que las autoridades políticas de la UNC incorporen la crisis de la DASPU como un asunto que no es ajeno a esta universidad y se involucren en la búsqueda de soluciones que garanticen el sostenimiento de la obra social sin cargar el peso sobre los salarios.” Este llamado es un llamado político: defender la obra social es defender la universidad pública como cuerpo colectivo, como espacio de trabajo, de investigación y de protección social.

Para la comunidad universitaria de Córdoba —docentes, no docentes, estudiantes— lo que está en juego es concreto. No se trata de cifras ni balances lejanos: se trata de quién atiende a quién cuando está enfermo, del salario que decide si uno puede seguir investigando o se rinde ante la precariedad, de la solidaridad que se rompe cuando el sistema invita al auto­abandono. Si la DASPU colapsa o debe recortar prestaciones, la Universidad deja de ser un refugio y se vuelve un riesgo.

Este fenómeno tiene un carácter expansivo y político: el ajuste presupuestario, la restricción salarial y la precarización institucional no son errores administrativos, sino decisiones estratégicas de un modelo que considera a la universidad festiva o tributaria, pero nunca como amenaza —o mejor dicho, como posibilidad de transformación. Las obras sociales universitarias están en el terreno de las luchas políticas porque no solo garantizan la salud de quienes enseñan y aprenden, sino que representan el vínculo directo entre la universidad y la vida material de su comunidad.

La ADIUC ya ha planteado que la crisis de la DASPU debe incorporarse a la agenda de reclamos más amplia: financiamiento universitario, recomposición salarial, garantía de becas, fortalecimiento de la investigación y el funcionamiento general de las casas de estudio. En ese sentido, la obra social es el dispositivo mínimo de justicia que evidencia que cuando el Estado abandona su rol, la universidad se convierte en cuerpo que sangra. 

Hoy en Córdoba, la universidad pública está llamada a decidir si resiste o si se resigna. Si defiende lo público o entrega lo público. La DASPU está en el centro de esa decisión. Porque cuando se debilita una obra social universitaria, no cae sólo un servicio: se derrumba una garantía de derechos. En ese contexto, la apuesta política es clara: retomar la universidad como espacio de protección social, invertir en ella como política de Estado, y entender que sin salud, sin salario digno, sin cobertura colectiva, no hay universidad pública posible.

La advertencia es urgente: no se está discutiendo si la DASPU sigue o no, sino cómo sobrevivirá. Y en esa supervivencia está la definición de qué tipo de universidad se quiere construir, de la mano, siempre, de un modelo de país.