De Rivas busca reforzar su política preventiva y dejar atrás las turbulencias
Por Gabriel Marclé
Aunque parezca una obviedad, el Gobierno municipal intenta reafirmar su compromiso con la lucha contra la inseguridad, tema que sigue entre las principales preocupaciones de los vecinos riocuartenses. Aún más cuando se aproxima el verano, período en el que las estadísticas suelen anticipar un aumento de los hechos delictivos. “Estamos preparados para lo que viene”, afirman desde Mójica, donde apuestan a combinar el efecto de la inversión prevista para 2026 con los resultados obtenidos durante un año que tuvo varias turbulencias.
Días atrás, la presentación del Presupuesto 2026 de la Municipalidad de Río Cuarto pareció centrarse en la obra pública y los programas sociales, aunque la seguridad y la prevención ocuparon uno de los puestos más altos entre las prioridades del intendente Guillermo De Rivas. Antes de su tratamiento en comisión, el cálculo de costos para esta materia se fijó en $4.000 millones. El monto, que representa menos del 2% del presupuesto total, incluye un componente central: el sostenimiento de la Guardia Local Preventiva.
La inversión no da un salto fuerte respecto del año pasado, cuando la Municipalidad comenzó a hacerse cargo del financiamiento de la Guardia. El Gobierno anticipa que en 2026 los fondos se incrementarán entre un 20 y un 30% con relación a este año, lo que deja en claro dos cuestiones. Por un lado, que Río Cuarto asumirá el cien por ciento del costo operativo de la Guardia, pese a los reiterados pedidos de colaboración al Panal. Por otro, que se buscará reforzar los recursos tecnológicos vinculados al monitoreo de seguridad.
Más allá del mantenimiento de las acciones preventivas que ya se vienen realizando —con la Guardia sumada al programa Ojos en Alerta y otros dispositivos activos—, el municipio busca ampliar el sistema de vigilancia y el control del tránsito. Para ello pretende iniciar gestiones con el Gobierno provincial. En ese marco, ayer se concretó una reunión en el Polo Tecnológico con empresas del sector, con el objetivo de generar una red de trabajo que desemboque en acciones conjuntas.
Pero más allá de los números, la gestión De Rivas también quiere dejar su impronta en el ordenamiento urbano, impulsando ordenanzas como la N° 10.326, que regula la actividad de los llamados “trapitos” o cuidacoches, aprobada en junio de este año.
En el cierre de 2025, la Municipalidad aprovechará para mostrar los resultados que considera entre los logros de su política de seguridad y prevención. Por eso, difundió un informe sobre la aplicación de la ordenanza que regula la actividad de los cuidacoches.
Según los datos oficiales, entre julio y octubre la Guardia Local Preventiva (GLP) realizó 2.025 intervenciones, con un promedio diario de 16 actuaciones. El municipio interpreta este nivel de actividad como una demostración de presencia sostenida en el espacio público, en tareas de control y acompañamiento.
Durante ese período se identificaron 130 cuidacoches, de los cuales el 93% son hombres (121) y el 7% mujeres (9). En varios casos, los operativos derivaron en acciones de revinculación social: 16 personas lograron retornar a sus lugares de origen gracias al trabajo conjunto entre la GLP y la Subsecretaría de Desarrollo Social, que brindó asistencia y contención en cada caso.
El municipio también destacó las intervenciones coordinadas entre la Guardia Local y la Policía de la Provincia, especialmente en situaciones que involucraron a personas en situación de calle o conflictos en la vía pública. Entre el 1° de julio y el 1° de noviembre se registraron 22 aprehensiones por delitos como hurto, robo, daños, desobediencia y resistencia a la autoridad, además de actuaciones por molestias en domicilios e intentos de ocupación ilegal.
Los resultados que la Municipalidad exhibe hacia el cierre del año también recuerdan que 2025 comenzó con una ola de inseguridad y tres marchas vecinales en protesta por la falta de respuestas. Desde Mójica señalan que, pese a las dificultades iniciales, De Rivas logró encaminar las políticas de prevención, aunque buena parte del mérito —reconocen— se debe al reordenamiento de la seguridad provincial tras los cambios impulsados por el gobernador Martín Llaryora en la cúpula policial.