Villa María se convierte en la primera ciudad de Córdoba con legislación contra las “hordas de motocicletas”

Por Florencia Coria

La tranquilidad de los fines de semana en Villa María tiene un enemigo identificado: las llamadas “hordas de motos” que circulan en masa, generan disturbios y desafían cada vez con mayor violencia a las fuerzas de seguridad. Este jueves, el Concejo Deliberante dio una respuesta política contundente: aprobó por unanimidad el proyecto del intendente Eduardo Accastello que establece el Régimen de Excepción Vial y de Protección a la Convivencia Ciudadana, marcando un cambio de paradigma en el abordaje de esta problemática.

El pleno acompañamiento de todos los bloques legislativos consolida una iniciativa que no tiene antecedentes en la provincia de Córdoba y que posiciona a Villa María como pionera en la materia. La secretaria de Seguridad municipal, Guadalupe Vázquez, había presentado días atrás los detalles de una ordenanza que, según sus palabras, busca “aggiornar la legislación a los tiempos que corren”.

Consenso amplio y modificaciones clave

El concejal oficialista José Cativelli destacó la legitimidad del proyecto: “No solamente el Ejecutivo entiende que hay que hacerlo, no solamente los concejales lo propusieron, sino también los jueces de faltas. Hay consentimiento por parte del Consejo de Seguridad”. El edil subrayó que se trata de “un fenómeno que está instalado en la sociedad, no es una situación de excepción o transitoria, sino algo que hay que regular”.

El cuerpo legislativo introdujo modificaciones sustanciales al proyecto original. La más significativa: establecer un plazo de vigencia de dos años (prorrogable por igual período) para este régimen de excepción, cuando inicialmente se proponía una normativa de tiempo indeterminado.

Otra modificación importante redefinió el concepto de “horda”: mientras el Ejecutivo planteaba cinco o más vehículos circulando de manera coordinada, los concejales acordaron reducir el umbral a dos o más vehículos que generen disturbios en la vía pública. Una vez identificados como tal, todos los integrantes serán considerados solidariamente responsables por las acciones del grupo.

Sanciones contundentes y nuevas facultades

Las multas se triplican para todos los participantes, independientemente de quién haya cometido la infracción específica. Pero la medida más severa es el decomiso definitivo: las motos preparadas para picadas o utilizadas en estas circulaciones masivas serán subastadas en condiciones óptimas. “La sanción más gravosa no es solo la multa triplicada, sino el desapoderamiento del bien. Esa moto deja de ser del titular que la conducía”, había enfatizado Vázquez.

Además, los titulares registrales de los vehículos responderán solidariamente, aunque no hayan estado al volante. Una decisión que busca involucrar a las familias en el control de estas conductas.

El proyecto habilita a la fuerza pública a actuar con mayor contundencia. Los inspectores podrán cortar cadenas, candados y cualquier elemento que dificulte el secuestro de motos atadas o trabadas. También estarán facultados para desconectar (incluso mediante el corte de cables) equipos de sonido que generen ruidos molestos.

Los estéreos de música pasan a tener el mismo tratamiento que los caños de escape sin silenciador: serán decomisados, destruidos o, si es posible su readaptación técnica, donados a instituciones educativas.

En otra modificación introducida por el Concejo, se estableció que, si un infractor solicita una prueba de sonido y tiene razón en su reclamo, los costos del procedimiento correrán por cuenta del municipio y no del ciudadano.

Violencia creciente y coordinación institucional

Vázquez no ocultó la preocupación por el incremento de la violencia asociada a este fenómeno. “Vemos cómo cada fin de semana la violencia se va incrementando. Hemos visto policías heridos en operativos y peleas entre ellos mismos que terminaron con lesionados de magnitud”, advirtió.

El último fin de semana largo, la Policía de la Provincia realizó 10 detenciones por maniobras peligrosas. El municipio trabaja de manera coordinada con las fuerzas provinciales y cada lunes remite a la Justicia todo el material fílmico del sistema de monitoreo para que se identifiquen infractores y se realicen allanamientos.

La ordenanza aprobada también faculta al área de Legales del municipio a acompañar las denuncias con todos los elementos probatorios que acrediten la posible comisión de delitos de acción pública, fortaleciendo así la actuación judicial en estos casos.

Un precedente provincial

A diferencia de la emergencia vial del año pasado (que permitió secuestrar más de 600 caños de escape irregulares) esta ordenanza marca un cambio profundo en la forma de abordar una problemática que se ha masificado en todo el país.

“Ninguna ciudad de la provincia tiene este tipo de normativa”, había destacado Vázquez, subrayando el carácter pionero de la iniciativa. La funcionaria también desmintió que el objetivo sea recaudatorio: “Claramente no sucede en esta situación donde todos los fines de semana redoblamos los esfuerzos para minimizar la circulación peligrosa”.

El carácter pionero de Villa María se destaca aún más al contrastar con otras ciudades de la provincia que enfrentan la misma problemática. En Río Cuarto, por ejemplo, el municipio presentó en mayo de este año una denuncia penal y aportó pruebas relacionadas con hordas de motos, pero hasta el momento no se avanzó en una legislación concreta mediante ordenanza.

El consenso político alcanzado en el Concejo (con el voto favorable de todos los bloques) refleja la urgencia y la gravedad del problema, pero también la voluntad de dar una respuesta coordinada desde las instituciones. Villa María se convierte así en la primera ciudad de Córdoba en contar con una legislación tan contundente para frenar las hordas de motos, marcando un precedente que podría replicarse en otros municipios de la provincia.