Respaldo sin cheques en blanco, el balance del campo con Milei

Por Gabriel Marclé

Terminando el año con la confirmación de un respaldo renovado a la gestión de Javier Milei en Casa Rosada, el sector agropecuario observa el escenario con cautela. La promesa de reducción de cargas fiscales, especialmente la eliminación de retenciones, había reactivado al inicio del ciclo político una expectativa largamente postergada desde los grandes conflictos entre el campo y el poder central. Sin embargo, durante 2025 el Gobierno nacional avanzó apenas con bajas temporales y puntuales de derechos de exportación, sin consolidarlas dentro de una hoja de ruta estructural. El apoyo ruralista se mantuvo, pero con una advertencia implícita: 2026 aparece como un año decisivo y la responsabilidad de avanzar —dicen desde el sector— recae ahora sobre el Presidente.

Ese pasaje de la expectativa a la realidad dejó al campo en una posición ambigua. Las reducciones de apenas dos puntos porcentuales en retenciones, en especial sobre soja y trigo, no alcanzaron para generar el entusiasmo esperado entre productores y exportadores. Persisten las dudas sobre si habrá nuevas rebajas o si el alivio vigente será suficiente para incentivar ventas y liquidaciones, en un contexto de precios internacionales que todavía no terminan de acomodarse. La lectura de fondo es clara: el campo no reclama solo medidas aisladas, sino previsibilidad macroeconómica y fiscal, una cuenta que sigue abierta.

En ese marco, Confederaciones Rurales Argentinas dio un paso más allá del reclamo clásico. A comienzos de la semana presentó una propuesta integral de reforma tributaria que no se limita a exigir la eliminación total y definitiva de las retenciones, sino que incorpora herramientas para mejorar la competitividad: amortización acelerada de inversiones, devolución más ágil del IVA técnico y eliminación de impuestos considerados distorsivos, como el tributo al cheque. Más que una protesta, la iniciativa busca instalar una hoja de ruta sectorial propositiva.

Ese giro discursivo intenta alejar al ruralismo de la lógica del conflicto permanente y acercarlo, al menos en el plano argumental, al diseño de un sistema tributario orientado a la inversión y el crecimiento. Sin embargo, el contraste con la respuesta oficial es evidente. Más allá de señales parciales, el Gobierno nacional no terminó de recoger el guante, profundizando la brecha entre lo que el sector espera y lo que la política fiscal parece dispuesta a conceder en un año que será clave para la consolidación del proyecto libertario.

El comportamiento del sector exportador refuerza esa sensación de espera. Aunque la baja de impuestos debería traducirse en mayores embarques y liquidaciones, las anotaciones de ventas al exterior, especialmente de soja, se mantuvieron moderadas. El mercado continúa especulando con la posibilidad de nuevas reducciones en 2026, una señal de que las decisiones adoptadas hasta ahora no lograron disipar del todo las expectativas críticas.

Pero el balance del vínculo político del campo no se agota en la relación con la Nación. En Córdoba, el gobierno de Martín Llaryora buscó diferenciarse con una estrategia de alivio fiscal directo y estímulos productivos. En la previa del Presupuesto 2026, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, presentó ante la Legislatura los lineamientos para el sector rural, que incluyen una rebaja del 5 por ciento en el Impuesto Inmobiliario Rural para productores propietarios, además de programas de seguros multiriesgo y fondos específicos para infraestructura y caminos rurales.

La apuesta del Panal no es solo económica, sino política. Llaryora intenta posicionar a Córdoba como un interlocutor confiable para un sector que mantiene diálogo, pero también distancia crítica. En el entorno provincial interpretan que la Nación no logró cerrar su vínculo con el campo de manera definitiva y que ese espacio habilita a los gobernadores a consolidarse como socios más estables del entramado productivo.

Ese contraste entre una respuesta provincial más articulada y una negociación nacional aún inconclusa atraviesa la relación entre el campo y el poder en 2025. El agro ya no actúa únicamente como actor económico, sino como sujeto político que calibra apoyos y presiona expectativas en función de resultados concretos. Mientras el Gobierno nacional deja abiertas las puertas a nuevas rebajas, sin comprometer un cronograma claro, el sector permanece en una espera estratégica más que en una confianza plena.

De cara a 2026, la incógnita es si ese equilibrio podrá transformarse en un punto de inflexión o si el vínculo volverá a girar en torno a la disputa discursiva por las retenciones. Lo único seguro es que el campo seguirá ocupando un lugar central en la intersección entre política fiscal, agenda productiva y juego de poder.