Ajuste sin anestesia: la UNC enfrentará su peor escenario presupuestario en veinte años

Por: Francisco Lopez Giorcelli

El Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso dejó un mensaje claro: la universidad pública dejó de ser una prioridad para el gobierno nacional. El ajuste sobre educación y ciencia quedó sellado, con una caída real del financiamiento que ubica a las universidades nacionales en su peor situación presupuestaria en veinte años. En la UNC, el impacto no se mide solo en números, sino en política.

La eliminación del piso del 6% del PBI para educación y la consolidación de un esquema de subejecución permanente colocan a las casas de estudio frente a un escenario conocido, pero más profundo. Los recursos no alcanzan para sostener el funcionamiento actual del sistema, y mucho menos para garantizar crecimiento académico, investigación o políticas de inclusión. El ajuste ya no es una amenaza futura: es una condición estructural para 2026.

En este contexto, la UNC empieza a proyectar un año atravesado por la conflictividad. Salarios docentes y no docentes continúan perdiendo frente a la inflación, mientras que becas estudiantiles, programas de extensión, servicios tercerizados y mantenimiento edilicio quedan en una zona de riesgo constante. El margen de maniobra institucional es cada vez más estrecho y obliga a administrar la escasez con costos políticos inevitables.

Antes de la aprobación del presupuesto, el rector John Boretto había advertido públicamente sobre el impacto del desfinanciamiento y había llamado a “impulsar las acciones necesarias” para defender el sistema universitario. Sin embargo, tras la votación definitiva en el Senado, el Rectorado no emitió hasta el momento ningún pronunciamiento oficial. Las declaraciones quedaron ancladas al escenario previo, cuando el ajuste aún estaba en disputa y no había sido convalidado en su forma más dura.

Ese silencio posterior resulta, al menos, llamativo. No solo por la magnitud del recorte aprobado, sino también por el contexto político que lo rodea. Tanto el Rectorado como Franja Morada —la principal fuerza estudiantil con peso en la conducción universitaria— comparten una misma pertenencia política: el radicalismo. Mientras el ajuste se consolidó con votos clave de la UCR a nivel nacional, en la UNC la respuesta institucional y estudiantil ligada a ese espacio todavía no apareció.

La ausencia de una reacción clara abre interrogantes incómodos. ¿Se trata de cautela institucional frente a un gobierno nacional abiertamente hostil a la universidad pública? ¿O de una dificultad política para confrontar con un ajuste impulsado, en parte, por el propio espacio político? En un escenario de desfinanciamiento histórico, el silencio deja de ser neutral y empieza a leerse como una posición en sí misma.

Del lado gremial, el panorama es distinto. La experiencia reciente mostró que, frente al ajuste, la respuesta no suele quedarse en comunicados. Paros, medidas de fuerza y la posibilidad de un no inicio de clases aparecen nuevamente en el horizonte. El Presupuesto 2026 no contiene ninguna señal de recomposición ni de diálogo estructural, lo que refuerza la idea de que el conflicto será una herramienta central para disputar recursos y visibilidad.

Pero el impacto del ajuste no se limita al plano gremial. En la UNC, el presupuesto reabre disputas políticas internas que habían quedado en pausa. Cómo se reparte la escasez, qué facultades absorben primero el recorte y qué programas se sostienen o se congelan son decisiones que tensan la relación entre Rectorado, decanatos y claustros. Todo esto ocurre, además, en un año que empieza a perfilar el escenario político universitario de cara a 2026.

El inicio del próximo ciclo lectivo aparece así como una incógnita. No por falta de estudiantes ni de docentes, sino por una decisión política tomada lejos de las aulas. El ajuste votado en el Congreso no es una variable externa: es un condicionante directo del calendario académico. Y en la UNC, todos lo saben.

El presupuesto ya fue aprobado. El ajuste está en marcha. Lo que viene no es técnico ni administrativo, sino profundamente político. Y mientras algunos sectores empiezan a preparar la resistencia, otros todavía eligen la cautela.

En la UNC, el 2026 amenaza con comenzar como terminó 2025: con la universidad defendiendo su existencia en un contexto de desfinanciamiento deliberado.