Frenesí legislativo: marchas y contramarchas ante el “veto” de la Iglesia

Por Carolina Biedermann

Al filo del cierre del año legislativo, el oficialismo presentó un paquete de modificaciones al Código de Convivencia. La Iglesia se plantó y Martín Llaryora reculó. Las reformas no se aprobaron en diciembre y pasaron directamente a febrero. Distinto fue el caso de las nuevas autoridades de la Procuración Penitenciaria de Córdoba, cuyos pliegos sí fueron avalados por la Legislatura.

La última sesión del año en la Unicameral terminó a los chispazos. El oficialismo apretó el acelerador: luego de sesionar durante buena parte del año cada 15 días, en el sprint final avanzó con encuentros semanales y debates que se extendieron hasta la madrugada. A eso se sumó el ingreso de proyectos sobre la hora en las últimas sesiones, con quejas en voz baja dentro del propio oficialismo y reclamos abiertos desde la oposición por la falta de tiempo para analizar iniciativas que tienen impacto directo en la vida de los cordobeses.

Este lunes, la orden del día estuvo marcada por la presentación de los pliegos para designar a las nuevas autoridades de la Procuración Penitenciaria de Córdoba. Se trata de un organismo de reciente creación, que se suma a la estructura institucional provincial en sintonía con la Procuración Penitenciaria de la Nación, que inauguró su delegación en Córdoba el pasado 16 de noviembre, aunque con competencia federal.

La aparición del nombre de María Florencia Degano —a quien vinculan con el radical Julio Ochoa, dirigente del esquema del presidente de la UCR, Marcos Ferrer— reavivó las presunciones de un pacto entre el peronismo y el radicalismo. A partir de allí se desató un fuego cruzado entre la UCR y el Frente Cívico, dejando heridas políticas expuestas.

Con el inicio de la jornada legislativa, los pliegos fueron aprobados y las autoridades quedaron en condiciones de ser designadas. La UCR dio quórum, aunque votó en contra.

El cardenal Rossi, dueño de la batuta

La modificación del Código de Convivencia Provincial pasó finalmente para febrero. El domingo por la tarde, horas antes de que el tema llegara al recinto, y con un PJ decidido a avanzar, el Arzobispado de Córdoba difundió un comunicado con una reflexión crítica. El mensaje surtió efecto: el gobierno de Llaryora reculó y postergó el debate. Incluso, fuentes cercanas al gobernador señalan que el propio mandatario tenía observaciones al proyecto.

El comunicado, firmado por la Pastoral Social y la Vicaría de los Pobres de la Arquidiócesis de Córdoba, planteó: “Nos preguntamos si este es el momento y la forma adecuados para dar el debate, en un contexto de fin de año, cuando muchas personas están cerrando etapas, con el peso de todo lo transcurrido en un año difícil”.

No es la primera vez que el cardenal Ángel Rossi interviene en cuestiones políticas. Su perfil es abiertamente político. Además de su rol como cardenal, cargo que lo habilita a participar en la elección de un nuevo Papa y en ámbitos de influencia eclesiástica internacional, es la máxima autoridad de la Iglesia en Córdoba y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

El pronunciamiento de la institución clerical marcó su peso y empujó al Panal a revisar una medida que también había generado cuestionamientos en las bases del peronismo.

El impacto se sintió también en el recinto. La Unión Cívica Radical fue la primera en salir al cruce del proyecto que había visto la luz el viernes por la mañana. Sin embargo, el centro de la escena lo ocupó Gregorio Hernández Maqueda, el legislador que desde hace dos años impulsa la prohibición de la actividad de “naranjitas” y limpiavidrios en todo el territorio provincial.

Hernández Maqueda cuestionó la parcialidad del proyecto oficialista y rechazó el congelamiento de la iniciativa: “Apretó Rossi, reculó Llaryora. Resultado: el pueblo se queda más inseguro, sin ley anti-naranjitas y anti-limpiavidrios. ¿El Gobierno secular y laico dónde quedó?”, lanzó, en referencia al comunicado del Arzobispado difundido este lunes por la mañana.

Por su parte, Spaccesi también salió al cruce y dijo: “A Martín Llaryora no le importa la seguridad de los cordobeses. Mientras el objetivo debería ser proteger al vecino, en la Legislatura se sigue dilatando la reforma del Código de Convivencia para penalizar a los “cuidacoches” y limpiavidrios”. 

Por su parte, Facundo Torres, Presidente del Bloque de Hacemos Unidos Por Córdoba en la Unicameral dijo: 

“Nuestra posición es avanzar con el Código de Convivencia en todos aquellos puntos donde existe un acuerdo amplio, porque se trata de una norma que regula la convivencia social y, para tener legitimidad real, necesita consenso político y social. Por eso creemos fundamental seguir construyendo acuerdos entre los distintos bloques, escuchando a las instituciones, a los vecinos y, especialmente, a los intendentes”. 

El planteo del oficialismo parte de una constatación política y administrativa: “gran parte de los 427 municipios y comunas de Córdoba todavía no tiene reglas claras sobre el uso del espacio público ni sistemas ordenados de estacionamiento y control. En ese marco, avanzar de inmediato con una ley provincial sobre cuidacoches y limpiavidrios podría chocar con realidades locales desordenadas o incompletas”, agregó. 

Por eso, la propuesta, según remarcan, es no apurar la sanción, mantener el tema en comisión y dar margen a los municipios para que se organicen, dicten sus propias normas y, recién entonces, puedan adherir a la ley de manera responsable. El argumento de fondo es doble: respetar la autonomía municipal y evitar una norma de difícil aplicación.