Llaryora arrancó un traumático acuerdo a la conducción de UEPC

La Asamblea Provincial Docente más caliente de los últimos años empezó bien arriba. Desde antes de las 11, un operativo policial inédito, con vallado y una generosa dotación de guardias de infantería, aguardaba en calle San Jerónimo al 500, adonde esta se celebraría.

El motivo, las supuestas agresiones recibidas por el secretario general Roberto Cristalli tras la última reunión entre la conducción y los funcionaros de la Provincia en el ministerio de Trabajo. La consecuencia, la concreta represión recibida por delegados de la oposición cuando intentaban ingresar para acreditarse, y la detención de uno de ellos.

Ya dentro de la asamblea, la conducción provincial arrancó con un alegato a favor de la autonomía de los delegados departamentales para juzgar a su buen entender si la oferta debía aceptarse o rechazarse. Una suerte de arenga para que tomaran coraje, y no se dejaran intimidar por compromisos previamente asumidos, como los mandatos de los que habían sido instruidos en sus departamentos.

Al cabo de esta intro, se informaron las mejoras ofrecidas por el Gobierno Provincial para torcer el rechazo: garantía de reajustes mensuales atados al IPC Córdoba desde mayo, la devolución de un día de paro, y la mejora de los montos que se liquidarán a jubilados docentes por la compensación del Fonid ($67.722 por febrero, 77.722 por marzo, 87.722 por abril, 91.250 en agosto y 94.900 en enero del 2027).

Esto, como adición a la cuarta oferta, que implicaba un aumento del 23,3 por ciento en abril para las maestras de grado, de un 18,8 por ciento para un docente secundario con 30 horas cátedra, y de un 15,9 por ciento para los cargos directivos, más un dos por ciento mensual por el término del acuerdo, que ahora sería reemplazado por el IPC Córdoba. La propuesta, como aquellas que la antecedieron, se mantiene desvinculada de la recaudación, prevé la eliminación del tope del complemento remunerativo, la prórroga de la suspensión del FOSAET y del artículo 3 de Profesionalidad Docente, un plus de 120.000 pesos a la jerarquización directiva y uno de 400.000 a los supervisores en concepto de “movilidad y traslados”. Y para los jubilados, el incremento mensual de los tramos para la determinación de la alícuota para el cálculo del aporte personal y el compromiso de que, a partir de abril, los haberes de los beneficiarios del sector docente cuyos montos brutos al mes de marzo sean de hasta $1.650.000 serán reajustados por movilidad al mes siguiente al de los activos.

Después del debate de estas mejoras, que se cobró no menos de dos horas de asamblea, llegó el momento de votar. Quizá el más tenso de toda la jornada.

La oposición mocionó para que la votación fuera nominal, y como el estatuto prevé que basta con sólo un quinto de la asamblea para conseguirlo, el oficialismo vaciló. Primero intentó oponerle una moción en sentido contrario, para que el voto fuera a mano alzada. Pero al ver que la letra del estatuto no acompañaba, apelo -una vez más- a la interpretación creativa.

Después de haber propuesto la curiosa exégesis de los “mandatos orientativos”, acuñó la tesis de las votaciones “nominales-secretas”. Esta no choca ya contra el estatuto, sino contra el diccionario.

Una votación nominal es aquella en la cual se identifica el voto con el votante, y queda registrada en un acta. Es más, que el estatuto prevea su existencia no es sino otra pauta de que los mandatos son determinantes, siempre que representa una garantía para que los delegados, o cumplan en la asamblea con lo instruido por las bases, o queden expuestos.

En cualquier caso, se impuso el número. Cuando el oficialismo empezó a preparar una urna para dar cobijo a los delegados que cambiarían su voto, la oposición retiró la moción de votación nominal para tener, al menos, una idea de quienes alterarían sus mandatos.

El tanteador, que en la previa era de 76 votos por el rechazo y 58 por la aceptación, se dio vuelta, quedando 79 por la aceptación a 59 por el rechazo. La oferta pasó. Llaryora cerró la paritaria. Y la conducción provincial quedó expuesta por el intento de ocultar la votación a sus afiliados.

La Provincia, que permaneció dos meses en vilo por el conflicto docente, puede ahora tomar aire y avanzar en las negociaciones con el resto de los sindicatos estatales, que estarán directamente determinadas por el acuerdo arribado con la UEPC.