Antecedentes penales: PJ rechazó “tratamiento express” y lo envió a comisión
El ala libertaria del bloque Primero Río Cuarto presentó una iniciativa que va en línea con las acciones que se están tomando en la Municipalidad de Córdoba: endurecer los controles de antecedentes penales del personal municipal (incluso de becarios). En el caso del proyecto presentado por el bloque que encabeza Gabriel Abrile, la iniciativa busca que estos controles se realicen de manera semestral con todo aquel que mantenga un vínculo laboral con la Municipalidad de Río Cuarto.
De alguna forma, esta acción buscó “primerear” al oficialismo en caso de que también hubieran impulsado una iniciativa similar a la de Daniel Passerini en Capital tras la repercusión del femicidio de Agostina Vega y la situación laboral del principal imputado, Claudio Barrelier, en la Municipalidad de Córdoba (pese a tener claros antecedentes de violencia de género).
El proyecto propone, en primera instancia la realización de un relevamiento integral de antecedentes penales de todo el personal municipal, “cualquiera sea su modalidad de contratación, incluyendo planta permanente, planta transitoria, contratados, monotributistas, becarios, personal eventual, programas de empleo y toda persona que mantenga vínculo laboral o de prestación de servicios con el Municipio”.
También pide que dicho relevamiento incluya la consulta al Registro Nacional de Reincidencia y con atención especial a condenas y procesos judiciales por violencia de género, violencia familiar, delitos contra la integridad sexual, privación ilegítima de la libertad, trata de personas, amenazas calificadas, lesiones agravadas por violencia de género y cualquier otro delito cometido en contexto de violencia contra mujeres, niños, niñas o adolescentes. El proyecto pone énfasis en que se establezca “un mecanismo permanente de actualización y control de antecedentes con una periodicidad semestral para la totalidad de las personas alcanzadas por esta resolución”.
Al comienzo de la sesión de ayer, el concejal Abrile requirió que el proyecto sea tratado sobre tablas. La moción tuvo el acompañamiento de la concejala radical, Antonella Nalli; el bloque La Fuerza del Imperio del Sur y el bloque Partido Libertario. El presidente del bloque Hacemos Unidos, Leandro Carpintero, aseguró acordar con la iniciativa propuesta pero pidió que el proyecto sea derivado a comisión de Gobierno para su tratamiento. Sin el oficialismo, la oposición no alcanzó los votos necesarios para avanzar en el tratamiento sobre tablas.
La primera minoría enfatizó en este accionar del oficialismo y consideró que “cuando se trata de prevenir, controlar y proteger a los vecinos, no puede haber especulaciones políticas”. En tanto, el oficialismo consideró que el bloque radical-libertario “hace un aprovechamiento político del femicidio de Agostina Vega, en línea con los dirigentes de la oposición en la Legislatura”. “Nosotros estamos de acuerdo en abordar el tema, ver el proyecto, trabajarlo y tratarlo. Pero no a las apuradas”, aseguraron desde el bloque oficialista.
En la última sesión, se aprobó un proyecto de declaración de interés de las actividades que se realizaron en la ciudad en el marco del movimiento Ni Una Menos. Al tomar la palabra, el concejal juecista, Pablo Benítez, hizo una extensa alocución sobre las responsabilidades políticas en el caso de Agostina Vega y pidió en reiteradas oportunidades la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Además, citó los datos que expuso el gobierno nacional sobre un descenso en la cantidad de femicidios a nivel nacional, aunque agregó que “por supuesto, no debiera haber ningún femicidio”. La concejala oficialista, Marilina Gadpen, respondió que “la lucha contra la violencia de género se hace los 365 días del año” y respondió que no se puede, por otro lado, “aplaudir a un gobierno que ajustó y eliminó el 90% de las políticas públicas”.
La UNRC presentó los resultados de la Autoevaluación Institucional
Con más de 3.300 encuestas y una metodología participativa basada en talleres, grupos focales y relevamientos institucionales, la Universidad Nacional de Río Cuarto presentó los resultados de la Autoevaluación Institucional, cuyo informe fue aprobado por unanimidad por el Consejo Superior. Fue expuesto la semana pasada en el Consejo Superior por el subsecretario de Planeamiento Martín Uicich.
El proceso permitió identificar fortalezas, debilidades y desafíos estratégicos de la UNRC a partir de la participación de estudiantes, docentes, nodocentes, graduados y organizaciones externas. Los resultados mostraron una alta valoración de la Universidad, especialmente por su prestigio académico, la calidad educativa, el acceso gratuito y la cercanía territorial, además de señalar desafíos vinculados con la modernización de la gestión, la infraestructura, las trayectorias estudiantiles y la articulación con el territorio.
El trabajo fue coordinado por la Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales y se estructuró como un proceso colectivo, abierto y transparente, que incorporó la participación de todos los claustros universitarios y de actores sociales externos vinculados con la Universidad.
La iniciativa surge a partir de la necesidad de actualizar el Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente desde 2017, teniendo en cuenta los profundos cambios producidos en los últimos años en el sistema universitario, las transformaciones tecnológicas, la irrupción de la inteligencia artificial, las nuevas demandas sociales, los desafíos de inclusión y accesibilidad, el fortalecimiento de las redes territoriales y el compromiso institucional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Desde la UNRC se destacó que la autoevaluación constituye una herramienta estratégica para “medir para evaluar y evaluar para mejorar y transformar”, consolidando un modelo de gestión basado en evidencias, diagnósticos participativos y mejora continua.
Para el desarrollo de la autoevaluación se amplió el Consejo Interfacultades de Planificación mediante la Resolución del Consejo Superior N.º 377/25. Se incorporaron representantes docentes, nodocentes, estudiantiles, graduados, integrantes de la Unidad de Tecnología de la Información y del Consejo Social de la UNRC. El espacio reunió 27 voces institucionales.
El proceso incluyó revisión bibliográfica y documental. También talleres participativos, grupos focales, encuestas institucionales, análisis de debilidades y desafíos estratégicos y construcción de lineamientos para la actualización del PEI.