Por la situación de Rodríguez, la Procuración carcelaria puede quedar en stand by
El llaryorismo quiere volver urgente al modo full gestión que tiene diseñado para el Gobernador y su equipo como estrategia camino a las elecciones del 2027, pero el femicidio de Agostina, una de las heridas más profundas de las que acusó recibo la sociedad en las últimas décadas, sigue dominando la escena. Las últimas encuestas que maneja el Panal, de finales de mayo, todavía no captan el posible impacto del caso que recorre el país y el mundo (hay notas hasta en la BBC de Londres). La última foto que maneja el gobierno de Martín Llaryora marca una estabilización en Córdoba de la caída de la imagen de Javier Milei y un leve crecimiento de sanfrancisqueño. La incógnita a futuro es cuanto golpeará el caso en la imagen del mandatario y si beneficiará la de los jefes opositores a los que el oficialismo acusa de “politizar” el crimen. Al menos en el búnker de Rodrigo de Loredo toman como propio el logro de la eyección del ahora ex concejal Ricardo Moreno porque fue el radical quien instó a Elisa Caffaratti, la presidenta del bloque propio en el Concejo Deliberante, a presionar y endurecer su posición con el Ejecutivo municipal y evitar que se consumara la licencia del cuestionado edil.
En el Panal siguen de cerca las decisiones de Daniel Passerini, el jefe político del distrito clave para la reelección del sanfrancisqueño. Los propios funcionarios de la Capital lucieron casi derrotados durante toda la semana por los hilos que vinculan el tremendo caso con la Municipalidad: Moreno como nexo para que el asesino Barrelier sea personal municipal, la falta de controles sobre su ausencia en el área Tránsito cuando éste estuvo detenido 20 días hace un año, la permanencia como becario de un sujeto investigado por privación ilegítima de la libertad. “Hoy nos ganan 4 a 1”, se lamentó un hombre del esquema. La salida del ahora exconcejal y abogado penalista, la vuelta al Concejo Deliberante de Raúl La Cava y el aviso a Alejandra Vigo de los cambios fue conversada entre Llaryora y Passerini, pero el intendente quedó a cargo de la recomposición del daño y las respuestas a los azorados vecinos. En la Provincia van a apostar a que la institucionalidad haga lo suyo porque entienden que el gobierno de Llaryora no tiene nada que reprocharse en las actuaciones que le tocaron en la búsqueda de Agostina y la investigación del femicidio. Como sea, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, un dirigente super activo en redes, bajó fuerte el perfil. Su último posteo en X fue el 27 de mayo, día que publicó el flayer con la búsqueda de Agostina. En Instagram apenas compartió una actividad por el Día del Bombero. El gobernador pasó el lanzamiento del programa laboral +26 del jueves al lunes próximo, y posiblemente vuelva al ruedo público en San Francisco durante el fin de semana, con la inauguración de una bicisenda en territorio amigable.
No solo de prudencia institucional vive la política, y el llaryorismo lo sabe. Habrá gestos. Posiblemente tenga el debut de la Procuración Penitenciaria creada a fines del año pasado para mejorar la imagen de las cárceles cordobesas tenga que esperar mejores momentos, donde la creación y financiación de nuevos organismos estatales no haga tanto ruido. La entidad depende funcionalmente del Tribunal Superior de Justicia, pero en la política se empieza a dudar del momento en que podrá empezar a trabajar, con uno de sus procuradores adjuntos, el fiscal Ivan Rodríguez, en la mira por haber liberado a Barrelier el año pasado, cuando estaba detenido por presunta privación ilegítima de la libertad contra una mujer. Está todo abierto pero una de las opciones es que sólo asuma la titular de la Procuraduría, Bettina Croppi, para liberar su lugar como fiscal general Adjunta y habilitar su reemplazo por el abogado llaryorista Néstor Gómez, hombre de San Francisco.Croppi está con licencia luego del jury contra los fiscales de la causa Dalmasso y a su vuelta se definirá la fecha. Rodriguez llegó a la Procuraduría como parte de un acuerdo con la oposición. Llaryora pidió abrir el juego a otros partidos a fin de lograr consenso para la creación del cuerpo y un sector de la UCR, cercano al tribuno municipal Julio Ochoa y al propio Marcos Ferrer, acercó su nombre. Hasta ahora, lo único concreto es que Rodríguez no jurará en el cargo hasta que quede claro qué tipo de desempeño tuvo en la causa por la que excarceló al asesino de Agostina.
Hay más opciones-gestos. Como el salario de cada integrante de la Procuraduría rondaría los 14 millones de pesos, en el oficialismo barajan la idea de sostener el organismo con un solo procurador -Croppi- y destinar los fondos asignados a fortalecer la estructura de “abajo”, es decir, dotar de más personal para recibir denuncias en las unidad judiciales y más estructura para el inicio de las investigaciones. Se verá.