Las alianzas en Marcos Juárez, última actuación de Vidal antes del reemplazo
Cuarenta y cinco de los 53 anotados para ocupar el cargo de juez electoral de la provincia rindieron examen el sábado en la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario de la Provincia, en barrio California de esta ciudad, una instancia del concurso que es el pasaje a la evaluación de antecedentes y la entrevista personal con el Consejo de la Magistratura a la que muchos participantes consideran la verdadera prueba. “Dirimente”, señaló uno de los interesados, con un subrayado que connota que es el segmento más discrecional y más plausible de ser orientado que todos los anteriores.
Hasta lo que este diario pudo chequear, los “pesos pesados” de distintas procedencias se presentaron a la prueba, que fue sobre un caso del 2013 entre dos listas que compitieron en las elecciones del Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud de la Provincia, una de las cuales apeló ante el Juzgado lo resuelto en Junta Electoral. Estuvieron Guillermo Arias, peronista y Secretario Legislativo de la Unicameral, y el radical Diego Frossasco. También Agusto Pastore, secretario de Gobierno de la Provincia, Mirian Capone de Tribunal de Faltas de la Municipalidad, el abogado Esteban Lencioni, cercano al círculo chico llaryorista, la ex legisladora PRO Silvia Paleo, los inscriptos del Juzgado Electoral, los de la Justicia electoral Federal, los funcionarios de las cámaras contenciosas. De las fuerzas políticas, el gran ausente fue el juecismo. “No vamos a quemar profesionales”, explicaron en el Frente Cívico al inicio de la convocatoria, dando cuenta de la poca confianza en el sistema de selección y en especial en la entrevista final. Sin embargo, para los candidatos no alineados al Gobierno ni al PJ, el escándalo político-judicial que dejó el femicidio de Agostina Vega puede obligar al oficialismo provincial a extremar los cuidados y la distancia para evitar señalamientos opositores y mediáticos.
El ganador o ganadora ocupará el sillón donde desde 1998 se sienta la jueza Marta Vidal, primera y única titular de un juzgado que tiene competencia en toda la provincia. Vidal dejará el cargo a fin de agosto, con el cronograma electoral de las elecciones de intendente de la ciudad de Marcos Juárez en marcha. Los comicios serán el 6 de septiembre y según lo publicado por la Junta Electoral de esa localidad, el 18 de junio se cumplirá el primer paso: la exhibición de los padrones provisorios. La última actuación de Vidal como jueza electoral será el miércoles 8 de julio, último día para presentar las alianzas que competirán en la sucesión de la intendenta Sara Majorel. Para eso, Vidal anunció que se quedará en actividad durante la feria judicial. Un mes después, el viernes 7 de agosto, es la fecha límite para la presentación de listas, trámite que se hace ante la Junta local y se apela ante el Juzgado provincial. Para ese momento, la Legislatura de Córdoba ya debería haber aprobado o estar en vías de aprobar el pliego del ganador del concurso.
El tiempo no sobra pero entre los concursantes (que se quedaron conversando luego sobre el caso solicitado en la evaluación) circuló la información de que el Consejo no iba a demorar demasiado en cerrar el proceso. Tras el examen del sábado, la Sala examinadora del Consejo tiene diez días hábiles para corregir los exámenes escritos, que son anónimos y codificados. El plazo comienza a computarse desde que se les remitan las copias a los integrantes de la sala, lo que se hará esta semana.
Con la corrección finalizada se cita a todos los concursantes al acto de decodificación de los exámenes, que es presencial y virtual, para el caso de los que no alcancen el mínimo de 20 puntos. Para ese grupo, el concurso finalizó. El resto de los exámenes no se decodifica y sus calificaciones se desconocen. Sus autores pasan a las siguientes etapas de evaluación de antecedentes y entrevistas personales con el Consejo.
El caso concreto del examen fue un litigio entre listas que participaron de una elección en la Caja de Previsión Social de la Salud en abril del 2013. Una de las listas opositoras elevó al juzgado electoral un recurso de Reconsideración y Apelación en contra de una resolución dictada por la Junta Electoral de la Caja, solicitó que se revoque dicha resolución y que se dicte una nueva “ajustada a derecho”. La tarea de los concursantes era fallar en ese incidente. El tema, que no dejó conforme a al menos dos de los participantes, se definió por sorteo de entre los distintos casos reales aportados en sobre cerrados por los consejeros.