Jubilados que impulsaron la iniciativa popular ahora presionan al TSJ
La pelea contra la Ley de Equidad Jubilatoria llevó a los jubilados y pensionados que impulsaron la iniciativa popular por el 82% móvil, respaldada por 38.800 firmas certificadas en toda Córdoba, se movilizaran frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para exigir una definición sobre la constitucionalidad de la normativa previsional aprobada por la Legislatura provincial en diciembre de 2025.
La protesta se desarrolló frente a la sede del máximo tribunal provincial y reunió a representantes de distintos puntos de Córdoba. Llegaron delegaciones desde Villa Carlos Paz, Alta Gracia, Las Varillas, Villa del Rosario, Arroyito, Porteña, Villa de Soto, Balnearia, Las Higueras y otras localidades del interior que participaron activamente en la recolección de adhesiones para la iniciativa popular.
La movilización fue encabezada por integrantes de Iniciativa Cordobesa, el espacio que durante más de dos años promovió una propuesta para modificar el sistema previsional provincial compuesto, en mayoría, por docentes jubilados.
Sin embargo, las impulsoras sostienen que el texto original nunca fue debatido en los términos planteados por la ciudadanía y aseguran que el oficialismo con otros bloques dialoguistas avanzaron con la sanción de la Ley 11.087 de Equidad Jubilatoria, una norma que declaró la emergencia previsional y estableció el incremento de los aportes de los trabajadores estatales para sostener el sistema.
La misma organización ya había intentado meses atrás que la Legislatura reactivara el tratamiento parlamentario de su propuesta original. Ante la falta de respuestas, decidió ahora trasladar la presión al Poder Judicial.
El pedido al Tribunal Superior
Durante el acto se entregó un petitorio mediante el cual solicitan al TSJ que se pronuncie sobre los numerosos amparos y planteos de inconstitucionalidad que se acumulan contra la reforma previsional.
María del Carmen Robbiatti, una de las principales referentes del movimiento, explicó que el reclamo apunta a que el máximo tribunal provincial actúe como garante de los principios constitucionales que, según sostienen, fueron vulnerados por las leyes previsionales vigentes.
Entre los cuestionamientos planteados figuran la afectación del principio de movilidad jubilatoria, la irreductibilidad de los haberes, la prohibición de aplicar normas de manera retroactiva y el principio de progresividad de los derechos previsionales.
"Les estamos pidiendo que hagan cumplir la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Son los guardianes de la Constitución y deben actuar como tales", señalaron durante la concentración.Las impulsoras también reclamaron que el Poder Judicial mantenga independencia frente a las disputas políticas y avance hacia una definición de fondo que evite la proliferación de amparos individuales y medidas cautelares dispersas.
El reclamo llega en un contexto judicial por el que trabajadores bancarios y judiciales obtuvieron un fallo favorable que suspendió el descuento extraordinario del 8% previsto por la Ley 11.087 y ordenó la devolución de los montos retenidos.
Ese antecedente fortaleció la estrategia de quienes buscan una declaración general de inconstitucionalidad de la normativa previsional y elevó las expectativas sobre una futura intervención del TSJ.
El respaldo político del Frente Cívico
La movilización también dejó una señal política. Entre los dirigentes con representación institucional que acompañaron la protesta estuvo la legisladora provincial Viviana Martoccia, del Frente Cívico, quien fue la única representante parlamentaria presente durante la concentración.
Su participación no pasó inadvertida. En un escenario donde gran parte de la oposición acompaña los cuestionamientos a la reforma previsional y ante la ausencia de representantes sindicales, que fueron invitados a participar de la acción de protesta, la presencia de Martoccia fue interpretada como un respaldo explícito al reclamo de los jubilados.
El acompañamiento del Frente Cívico agrega un componente político a una disputa que hasta ahora se había desarrollado principalmente en los terrenos sindical, legislativo y judicial. También evidencia que la reforma previsional continúa siendo uno de los puntos más sensibles para la gestión provincial.
Una disputa abierta
Para los organizadores, la movilización marcó un nuevo paso en una estrategia que comenzó con la recolección de firmas, continuó con el reclamo parlamentario y ahora desembarca de lleno en el ámbito judicial.
La expectativa está puesta en la respuesta que pueda dar el Tribunal Superior de Justicia. Mientras el Gobierno provincial defiende la Ley de Equidad Jubilatoria como una herramienta necesaria para garantizar la sustentabilidad de la Caja, los sectores que impulsaron la iniciativa popular sostienen que la normativa vulnera derechos previsionales básicos y que los fallos a los amparos que vienen a dar fe de ello. Ahora, esperan que el máximo tribunal provincial tenga la última palabra.