Ganancias, un cambio que terminó complicando las cuentas públicas

En los países modernos el impuesto a los ingresos es una fuente central de ingresos del Estado. En la Argentina –con el apoyo de la derecha, la izquierda y el centro– el Congreso prácticamente lo eliminó.

La medida sancionada deja fuera del alcance del tributo a más de 800.000 trabajadores al fijar un nuevo impuesto que tributarán aquellos que ganen más del equivalente a 15 salarios mínimos vital y móvil. Tras la reunión celebrada esta semana en el Ministerio de Trabajo, que actualizó el valor de ese ingreso, ese piso queda cerca de los dos millones de pesos.

Las modificaciones dispuestas por el Gobierno en tiempos de campaña electoral no solo dejan al margen de la imposición a quienes tienen una remuneración inferior a los $1.980.000. También provocan un alivio significativo en el monto del impuesto para quienes seguirán alcanzados.

En el actual mes esa cifra es de $1.770.000, pero hoy se decidió que para el mes próximo habrá una suba de casi 12% del sueldo básico, y eso define cuál será en los últimos meses del año el piso para quedar alcanzado por los descuentos en concepto del tributo. De acuerdo con lo establecido, la base para tributar será la misma en noviembre y hasta lo percibido en diciembre, aun cuando el salario mínimo será diferente en esos meses (el SMVM será de $146.000 y de $156.000 en cada uno de los dos últimos meses del año, respectivamente).

La reducción del descuento ocurrirá porque, solo por los próximos meses, el impuesto se calculará con una nueva tabla de alícuotas, establecida por la resolución 5417 de la AFIP.

Así, para alguien con ese ingreso habrá un beneficio de hasta $525.311 mensuales, traducido en una mejora de más de 38% del ingreso de bolsillo. El número depende, en rigor, de las deducciones declaradas por la persona ya que, en caso de tenerlas, estuvo pagando un impuesto menor y, por tanto, el efecto de la medida también es de inferior cuantía.

El proyecto de cambios en Ganancias fue gestado e impulsado por el gobierno en el marco de la campaña electoral y en un contexto macroeconómico de extrema fragilidad como lo demuestra la muy alta y creciente tasa de inflación. Aun así, en el ámbito del Congreso hubo amplios y heterogéneos apoyos. A los legisladores del oficialismo se sumaron algunos miembros de la principal alianza de la oposición, partidos provinciales, el partido libertario y los partidos de izquierda. Bajo el argumento de que el “salario no es ganancia” se consideró justo eliminarlo, aun cuando esto implique exacerbar la altísima inflación por la mayor emisión monetaria que generará la baja del impuesto al desfinanciar el Estado.

La consultora Idesa señala que la pregunta que cabe hacerse es a quiénes beneficia este cambio. Según el Indec para el segundo trimestre del 2023, hay unas 9,6 millones de asalariados urbanos distribuidos de la siguiente manera: el 37% no paga ningún impuesto al trabajo porque son asalariados informales; el 54% paga cargas sociales porque es contratado en la formalidad, pero no es alcanzado por ganancias por tener ingresos inferiores al mínimo no imponible y el 9% paga cargas sociales y pagaba impuesto a las ganancias porque sus ingresos superaban el mínimo no imponible.

Estos datos muestran que los asalariados alcanzados por el impuesto a las ganancias ya constituían, antes del cambio, una pequeña elite dentro del mercado de trabajo. Más de un tercio de los asalariados trabaja en la informalidad cobrando en la mayoría de los casos remuneraciones inferiores a la línea de pobreza.

Más de la mitad de los asalariados es formal pero cobra salarios bajos en parte porque casi la mitad del costo laboral se destina a cargas sociales (una imposición no progresiva). En este sentido, las evidencias son claras en que aplicar una baja de la carga tributaria para el 10% restante de los asalariados, que son los de mayores ingresos, resulta extremadamente regresivo.

“Todos los trabajadores sufren la baja calidad de los servicios públicos. Esto aumenta el rechazo a la alta presión tributaria en el grupo que paga ganancias. A diferencia de lo que ocurre en otros países, pagar altos impuestos en la Argentina no evita tener que destinar parte del salario a pagar una prepaga (que encima aplica coaseguros), escuela privada, seguridad privada, usar transporte privado, etc. Claramente, hay que mejorar la calidad de los servicios públicos, pero no bajar impuestos al 10% de los asalariados de más altos ingresos a costa de aumentar la inflación haciéndole la vida más difícil al 90% restante”, señala el reporte.

Para Idesa la consigna “el salario no es ganancia” es falaz. Aplicar impuestos sobre los ingresos personales con alícuotas crecientes es una buena herramienta del Estado para financiarse y mejorar la distribución del ingreso. Plantea que para avanzar en esta dirección hay que unificar todos los gravámenes sobre los ingresos personales. Esto implica unificar los aportes personales a la seguridad social de los asalariados, la cuota del monotributo de los independientes de bajos ingresos, el aporte previsional de los autónomos y el impuesto a las ganancias de las personas.

Este impuesto -sostiene la consultora-debe ser de régimen único aplicable a todos los ciudadanos por igual, sin excepciones, ni prerrogativas. Debe tener un mínimo no imponible igual para todos de forma tal que hasta personas de muy bajos ingresos estén alcanzados, pero pagando cero. A partir del mínimo no imponible, se debe empezar a pagar alícuotas bajas en los primeros tramos y más altas luego, para que el impuesto sea progresivo.