Los líderes mesiánicos no vienen de la nada

Del espejismo menemista al derrumbe socioeconómico

El gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) asume el poder con la promesa explícita de sostener la convertibilidad, concebida como un ancla de estabilidad y confianza para la sociedad y los mercados. Sin embargo, esa decisión estratégica lo conduce a un dilema insuperable: mantener un esquema cambiario rígido en un contexto de recesión, déficit fiscal y endeudamiento creciente significa restringir los márgenes de acción política y económica hasta la parálisis. La crisis de 2001 fue, en gran medida, el resultado de esta tensión entre un compromiso público inamovible y una realidad que demandaba flexibilidad y adaptación.

El gobierno de la Alianza enfrenta tensiones internas y diferencias de enfoque desde el inicio, lo que incide en su imagen pública y en la gestión. La renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez en 2000 simboliza la fractura de la coalición y deja al presidente muy debilitado para enfrentar la crisis.

La política económica se subordina a la lógica del financiamiento externo. El “blindaje” y el “megacanje” son intentos desesperados de sostener la convertibilidad, pero el mecanismo que adoptan incrementa la carga financiera y deteriora la confianza de los mercados. Wainer y Barrera (2017).

Aquí se vuelve decisivo un punto: el presidente se niega a reconocer el agotamiento del espejismo menemista. Su gobierno persiste en sostener la convertibilidad como si fuera un dogma, aun cuando los fundamentos macroeconómicos que la hacían viable han desaparecido. La defensa del “uno a uno” se convierte en una defensa del pasado, una apuesta por la continuidad de un modelo que ya no puede sostener ni el empleo, ni la producción, ni la solvencia fiscal. Esta negación estratégica, o incapacidad política para admitir el agotamiento del régimen, impide cualquier corrección ordenada. En lugar de revisar el esquema, se profundizan los ajustes, se recorta el gasto, se intenta disciplinar a las provincias y se busca financiamiento externo en condiciones cada vez más gravosas. La política queda atrapada en una inercia que acelera el colapso.

Aunque inicialmente en veredas opuestas, Alfonsín y Duhalde terminan convergiendo en una lectura común: la continuidad de De la Rúa pone en riesgo la estabilidad política e institucional del país. Como sostiene Marcos Novaro (2010), “la oposición peronista y parte de la dirigencia radical coinciden en que el problema no es solo económico, sino la incapacidad del presidente de articular poder”.

La fuga de depósitos, acelerada por la pérdida de credibilidad del sistema financiero, lleva al ministro Cavallo a implementar el “corralito”. Su impacto político resulta devastador: la clase media, sostén histórico del orden institucional, percibe la ruptura del contrato básico entre Estado y ciudadanía. El 19 y 20 de diciembre de 2001 marcan el colapso del gobierno y del régimen de convertibilidad.

La renuncia de De la Rúa abre un vacío de poder. Las primeras designaciones para sucederlo carecen de apoyo real y son efímeras. El peso del peronismo bonaerense, con el acuerdo de la fracción alfonsinista, determina que el Congreso elija a Eduardo Duhalde como presidente provisional.

La herencia

Duhalde hereda una economía en depresión y una sociedad en estado de conmoción. El grito “Que se vayan todos” expresa la crisis de representación más profunda desde 1983, tal como lo analizan Eduardo

Fidanza (2002) y Svampa (2005)

La suspensión de pagos y la devaluación son decisiones inevitables para evitar un colapso aún mayor, pero sus efectos son inmediatos y severos: “el primer trimestre de 2002 combina derrumbe del PIB, 23 % de desempleo y caída de 24 % del salario real”. La pobreza alcanza el 54 % en el Gran Buenos Aires y se agrava en las provincias más pobres, que presentan un cuadro de muertes infantiles por desnutrición

La pesificación forzosa y la devaluación trasladan el costo del ajuste a ahorristas y asalariados, lo que provoca la mayor pérdida patrimonial de los sectores medios desde la década de 1930. El nuevo esquema económico redefine la estructura del capitalismo argentino: salarios reales bajos, mercado interno reducido, inversión limitada y una matriz productiva fragmentada. Basualdo (2003) sostiene que este “nuevo nivel estructural” es aceptado por el establishment como la única escala posible para recomponer la competitividad.

Duhalde debe gobernar con la legitimidad erosionada y bajo presión social constante. Su administración enfrenta desafíos simultáneos: estabilizar precios relativos, contener la inflación inicial, renegociar contratos, reconstruir la autoridad presidencial y evitar una crisis humanitaria mayor. Las retenciones a las exportaciones, la ampliación de programas sociales y la recomposición del tipo de cambio real son las medidas que permiten un camino hacia la estabilización.

Hacia 2003, el país va recuperando cierto orden macroeconómico dentro de una nueva estructura socioeconómica. Duhalde entrega el poder a Néstor Kirchner con la economía creciendo al 8,8 % interanual y la inflación en 3,7 % anual, según datos del INDEC y BCRA de mayo de 2003. Kirchner capitaliza ese reordenamiento inicial y los nuevos vientos del mercado mundial”.

*Dr. en Ciencia Política (UNC-CEA)