“No se preocupen tanto por la Ley de Tierras. Lázaro Báez no tiene ninguna en venta y Cristina tiene los terrenos embargados”, dijo Pablo Benítez, concejal del Frente Cívico e integrante de Primero Río Cuarto al cierre de su alocución en el marco del tratamiento del proyecto de repudio a la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Si bien dicho capítulo no se trató en la sesión de ayer en el Senado (a partir de la fuerte presión social), el tema fue el protagonista de la agenda de esta semana. Especialmente, ante la inminente posibilidad de que LLA vuelva a intentar su aprobación en el corto plazo. Ayer, organizaciones sociales y sindicales se manifestaron afuera del Concejo Deliberante.

Si bien no hubo presencia de las organizaciones en el recinto, el proyecto impulsado por el bloque La Fuerza del Imperio del Sur generó cierta incomodidad en la primera minoría. Como era de esperarse, la radical Antonella Nalli acompañó el repudio. En tanto, Gabriel Abrile y Pablo Benítez votaron en forma negativa y Ana Vasquetto se abstuvo.

El vocero del posicionamiento de este espacio fue el juecista Benítez. El edil inició su alocución manifestando que, desde el Concejo Deliberante de Río Cuarto, poco y nada se puede hacer en relación a lo que pretende aprobarse en el Poder Legislativo Nacional. Consideró que “para los riocuartenses no es importante que el Concejo se pronuncie sobre cada ley que sale. Hay otras prioridades. Nuestra responsabilidad es representar a los vecinos de Río Cuarto. Mientras ellos  esperan soluciones en las calles, la seguridad, el transporte público y otros servicios públicos, este Concejo se dedica a emitir declaraciones sobre decisiones que nos pasan por encima”.

Benítez opinó que el debate que se dio este jueves en el Legislativo local es “netamente político e ideológico” y aseguró que “solo el 6% de las tierras está en manos extranjeras y en Córdoba, es menos del 2%”. Consideró que la oposición al gobierno nacional “está utilizando relatos que no tienen datos objetivos y dicen que van a vender a la Argentina, los recursos naturales que se van a entregar territorios a países extranjeros, que vienen por el agua. Una serie de relatos que mienten y exageran para generar impacto en la comunidad”

Pese a su rechazo a la “utilización política” del proyecto, Benítez finalizó su intervención con un mensaje con una fuerte carga política y partidaria. “No se actuó con la misma intensidad en otros casos. Si fuera así, no tendríamos un Lázaro Báez en el sur de la Argentina”, manifestó e insistió con que “el kirchnerismo nos trajo a la decadencia”.

En tanto, la edil Ana Vasquetto (quien también es productora agropecuaria) solicitó abstenerse. La concejal radical-libertaria consideró que, para sentar una postura “es necesario estudiar el tema en profundidad y es una decisión de gran magnitud que no debe usarse política ni partidariamente”, a la vez que habló de la situación que atraviesan productores agropecuarios que sufren incendios en sus campos y el robo de faena. “Hay que conocer toda la parte de la historia”, consideró.

“No usemos esto políticamente. Veamos la ley y revisemos cada punto. Hay cosas que se dicen en los medios que no son correctas. Pido seriedad en el tema. Los que venimos de la producción, del campo y de la tierra sabemos de esto”, manifestó Vasquetto.

Cabe remarcar que el proyecto impulsado por La Fuerza del Imperio del Sur fue acompañado por la totalidad del bloque Hacemos Unidos por Río Cuarto y por la concejala radical Antonella Nalli. En tanto, el Partido Libertario (Mario Lamberghini) votó en forma negativa.

Frustran ingreso de elementos prohibidos al Servicio Penitenciario

El Servicio Penitenciario de Córdoba informó que, en el marco de las tareas permanentes orientadas a detectar diferentes metodologías y mecanismos que buscan vulnerar la seguridad de los complejos carcelarios y establecimientos penitenciarios, se logró frustrar con éxito un intento de ingreso de elementos prohibidos que atentaban contra la seguridad de las personas alojadas, el personal penitenciario, terceros y la sociedad en general.

 El hecho se registró el pasado 4 de agosto de 2026 en las instalaciones del Establecimiento Penitenciario N° 6 de la ciudad de Río Cuarto. “Como resultado de un trabajo constante de control de procedimientos, análisis de información recabada y labores preventivas, se logró identificar una conducta irregular en un agente que se desempeñaba en la jefatura de seguridad de la unidad, quien podría estar vinculado al tráfico de estupefacientes”, indicaron en el comunicado oficial.

Derivado del trabajo conjunto y coordinado entre diferentes autoridades, el pasado 26 de junio del corriente año se había realizado formalmente una presentación judicial ante la Fiscalía de Instrucción Móvil Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Río Cuarto, órgano judicial al que se le brindaron oportunamente reportes e información de utilidad para el avance de la causa. 

Este operativo se enmarca en la profundización de los esquemas de supervisión permanente impulsados por la Secretaría General de Gestión Penitenciaria, organismo que lleva adelante nuevos y rigurosos procedimientos de seguimiento sobre todo el personal integrante del Servicio Penitenciario. 

Dando continuidad al refuerzo de los procedimientos de seguridad y en virtud de las directivas operativas vigentes, se coordinó un operativo de control en el Sector Requisa y sala de Body Scanner. Mediante esta acción se detectó e interrumpió de manera inmediata la maniobra irregular llevada a cabo por el agente investigado. En el mencionado sector se logró la incautación de dos teléfonos celulares y elementos afines (cargadores y tarjetas SIM de telefonía móvil).

 Dichos dispositivos estaban destinados a ingresar a la población carcelaria de dicha Unidad, logrando de este modo avanzar de manera firme contra la erradicación de maniobras antirreglamentarias e ilegales que pudieran ser iniciadas desde los espacios de alojamiento de internos. “Atento a la naturaleza de lo incautado, se dio inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Río Cuarto y, en simultáneo, a la Subdirección General de Control de Conducta y Gestión Penitenciaria, disponiéndose la correspondiente investigación penal y contravencional / administrativa sobre el agente involucrado, quien fue puesto a disposición de la justicia”, señalaron desde el gobierno provincial.