TENSION EN LA LEGISLATURA | ‘Caso Cañito’: la oposición avanza ante un oficialismo sin reacción

A dos semanas de la imputación y detención del asesor legislativo José Aníbal Villarreal por presunto abuso sexual con acceso carnal y grooming, el oficialismo todavía no encuentra la manera de estabilizar las cargas en la Legislatura. La única medida concreta, hasta el momento, ha sido empujar la licencia de Ramón ‘Cañito’ Flores, quien recibía el ilustre asesoramiento de Villarreal.

En el mientras tanto, otros dos asesores del legislador licenciado han colaborado con su declive: José Héctor Villegas, imputado por presunta explotación de trabajo infantil; y Ariel Alejandro Rodríguez, condenado por peculado y usurpación. Un opositor que ve con regocijo las desventuras de Flores se divirtió con una humorada, asegurando que, para formar parte de su oficina, contar con prontuario debe haber sido requisito excluyente.

Más allá de la sorna, la oposición tampoco ha sido todo lo punzante que podría. Ora porque los ocupa la interna, ora porque tampoco están tan seguros de la integridad moral de los propios. Vaya a saber.

En cualquier caso, sí avanzó con el pedido de apartamiento Brenda Austin, tomando la posta de Matías Gvozdenovich, que con un pedido de informes había llevado el foco sobre la situación de Villarreal en la última sesión de la Legislatura, el 12 de agosto.

El oficialismo comisionó a Leonardo Limia para dar la respuesta oficial, que fue acusar a la oposición de una utilización política del episodio y defender la correcta aplicación del reglamento.

No fue un alarde de capacidad retórica, pero al menos fue una reacción. Más de lo que hasta el momento han demostrado sus conmilitones.

En efecto, los reflejos de Hacemos Unidos ante este asunto tienden a cero. Algo particularmente llamativo para un espacio que ya debería contar con cierta experiencia en gestión de crisis (‘caso González’, ‘caso Serrano’, ‘caso Mosquera’, ‘caso Kraismann’).

Aún así, la mayor definición ha sido aplazar la sesión de esta semana al lunes próximo.

La bancada oficialista se reunirá hoy para afinar una línea discursiva homogénea en relación al asunto. Si puede. En la reunión de comisión de ayer no lo logró. Y hay quienes deslizan que, en realidad, esta semana no habrá sesión porque son varios los peronistas que no quieren asistir.

El oficialismo perdió incluso la oportunidad de hacer lo que el más llano sentido común llevó a hacer a Oscar Agost Carreño. El legislador del bloque PRO presentó ayer un proyecto de resolución para agilizar el control de antecedentes de los empleados legislativos, creando un “Sistema Permanente de Verificación de Antecedentes y Situaciones Judiciales del Personal”.

En palabras sencillas, propone celebrar los convenios necesarios para que la Legislatura pueda consultar directamente los antecedentes de asesores y empleados, con una verificación obligatoria cada 15 días, en lugar de depender de la presentación semestral de certificados en papel.

Esta iniciativa se complementa, a su vez, con otra previa, de la misma autoría, que prevé la eliminación del Registro Provincial de Reincidencia, Inhabilitaciones y Antecedentes Judiciales y la centralización de la información en el Registro Nacional de Reincidencia, al que las autoridades provinciales tendrían acceso inmediato.

Lo llamativo es que ninguna de las dos iniciativas parece exigir una extraordinaria creatividad política. Son, más bien, respuestas bastante elementales frente a un episodio que expuso las deficiencias de los controles sobre quienes ingresan a trabajar a la Legislatura.

Precisamente por eso sorprende la pasividad del oficialismo. Hacemos Unidos tenía a mano la posibilidad de tomar el caso Flores y convertir el escándalo en una respuesta institucional: endurecer los controles, revisar los mecanismos de contratación y obligar a la oposición a discutir sobre las soluciones. Dejó pasar la oportunidad y Agost Carreño ocupó ese lugar.

La oposición avanza casi sin necesidad de empujar. Mientras el oficialismo apuesta al silencio y posterga incluso la sesión en la que inevitablemente deberá volver a hablar del asunto, consolida una imagen incómoda: la de un bloque que, ante una crisis nacida en sus propias filas, no sólo perdió la iniciativa sino que parece dispuesto a regalársela a sus adversarios.