La visita del Papa potencia la supervisión provincial sobre la ciudad

El fin de semana dejó dos escenas incómodas para la Municipalidad de Córdoba: mientras la basura se acumulaba en distintos puntos de la ciudad, la Policía provincial terminaba haciéndose cargo de buena parte del operativo de tránsito alrededor del Kempes ante una medida de fuerza de los inspectores municipales.

Son conflictos diferentes, pero tienen un punto de contacto: dos estructuras sensibles para el funcionamiento cotidiano de la ciudad pusieron simultáneamente a prueba la capacidad de conducción del Palacio 6 de Julio.

En el caso de la basura, el problema de fondo es una nueva paritaria que no termina de cerrarse. El Día del Recolector, celebrado el viernes, produjo la esperable acumulación de basura en varios municipios. Sin embargo, el servicio comenzó a normalizarse desde el sábado en el interior. Pero en Córdoba Capital el problema se extendió.

El asunto es que, detrás, hay más que una jornada sin recolección. El Surrbac lleva años construyendo en Córdoba una estructura salarial que, según fuentes vinculadas al sector, quedó sistemáticamente por encima de las referencias nacionales de Camioneros y también de la inflación acumulada en los últimos años.

La diferencia no es menor. Un relevamiento publicado un mes atrás por Comercio y Justicia estimó que un recolector de Córdoba percibe alrededor de un 40 por ciento más que un trabajador que desempeña las mismas tareas bajo el convenio de Camioneros, por ejemplo, en Buenos Aires.

Camioneros cerró a nivel nacional una paritaria del 9,9 por ciento entre septiembre de 2026 y febrero de 2027 junto a un bono extraordinario de $1.200.000 en diciembre. Nadie arriesga todavía públicamente cuánto pretende el Surrbac para Córdoba, pero quienes conocen la negociación sí descuentan algo: sólo aceptará quedar por encima de esa referencia.

En cualquier caso, este ni siquiera es el apartado más preocupante.

Como todo Sindicato Único, el Surrbac firma convenios por empresa, pero quienes conocen el funcionamiento del sistema aseguran que la negociación decisiva jamás ocurre entre el gremio y las prestatarias. El número se cocina antes con la Municipalidad.

El acuerdo que alcanza el municipio para el COyS (Córdoba Obras y Servicios) termina funcionando después como referencia para las empresas privadas, que replican la pauta que previamente convalidó el Palacio 6 de Julio, y luego agregan los mayores costos a la ecuación económica por la que redeterminan el precio del servicio.

La misma dinámica termina transformando una paritaria de la Capital en algo bastante parecido a una paritaria provincial.

Los intendentes del interior que tienen servicios alcanzados por el Surrbac miran con particular atención -y no menor molestia- cada acuerdo que cierra Córdoba. Passerini negocia una pauta salarial condicionado por su propio sistema de recolección, pero el costo termina trasladándose también a administraciones que no participaron de la negociación.

Algo parecido ocurre fuera del sector público. Empresas dedicadas a recolectar residuos en barrios privados quedaron atrapadas por una estructura semejante y avanzaron incluso en la conformación de una cámara empresaria para intentar discutir un costo laboral sobre el que sienten que prácticamente no tienen intervención.

Esa capacidad de disciplinar al sistema tiene además un punto particularmente sensible: el predio de disposición final.

Fuentes vinculadas al servicio aseguran que el jueves por la tarde el funcionamiento del predio quedó fuertemente resentido. Nadie en el gremio habla de cierre o parálisis. Y tampoco hace falta cerrar una tranquera. Cuando un cuello de botella de esas características trabaja a media máquina, el problema tarda poco en trasladarse a las calles.

Ahí radica parte del poder que acumuló el sindicato. En medio de esa estructura aparece Cormecor, de la que Franco Saillén, hijo del histórico titular del Surrbac, es director. Para los críticos del esquema, la integración entre quienes representan a los trabajadores y la conducción de una pieza estratégica del sistema expresa hasta dónde llegó el poder institucional del gremio. (Y, correlativamente, hasta donde cedió poder el municipio).

Durante años se prefirió evitar una confrontación abierta con el Surrbac. Aunque hay quienes dentro del propio oficialismo reconocen, sin embargo, distintos grados de resistencia. Las gestiones anteriores, aseguran fuentes del sector, discutían con mayor dureza cada negociación. Ahora creen encontrar menos resistencia.

Mientras la basura expone un problema de autoridad por un lado, la vieja “Zorrera” abrió otro por el costado.

Los inspectores municipales de Tránsito realizaron medidas de fuerza durante un fin de semana particularmente sensible. No prestaron el servicio previsto en el clásico entre Talleres y Belgrano y hubo dificultades también en el operativo de la Maratón del Sanatorio Allende.

En el Kempes, la salida terminó siendo tan simple como políticamente incómoda para el municipio: la Policía de Córdoba tomó el control. Y Juan Pablo Quinteros no dejó pasar la oportunidad.

El ministro de Seguridad anunció que pedirá formalmente a Passerini que durante la visita de León XIV sea la Policía provincial la que tenga bajo su órbita el tránsito en accesos, recorridos y perímetros vinculados al Papa.

Su razonamiento es difícil de discutir en términos operativos: si una medida gremial pudo complicar un Talleres-Belgrano pocas horas antes del comienzo, ningún funcionario quiere descubrir el 10 de noviembre qué ocurriría con una ciudad colmada y los ojos del mundo puestos sobre Córdoba.

Pero la discusión no nació con el Papa.

Desde las Áreas de Inspectoría cuenta que en la Policía provincial nunca faltaron quienes miraron con interés las competencias que conserva la Policía Municipal de Tránsito. Y la crisis interna de la “Zorrera”, atravesada en los últimos tiempos por denuncias, enfrentamientos y una creciente conflictividad, les ofrece ahora un argumento difícil de ignorar.

La visita de León XIV será una de las mayores vidrieras internacionales que tendrá Córdoba en años y el oficialismo provincial pretende explotarla como tal. Nadie quiere que una interna municipal, una asamblea o una medida de fuerza transforme esa postal en un dolor de cabeza.

En apenas un fin de semana Passerini quedó condicionado por dos conflictos que no tienen relación entre sí, pero que desnudan dificultades para gestionar frentes inestables: por un lado, un sindicato de recolectores cuya capacidad para condicionar el servicio excede incluso las fronteras de la Capital; y por otro, un cuerpo de inspectores que dejó un espacio vacío que la Provincia se muestra dispuesta a ocupar.

El problema inmediato puede ser la basura o quién ordena el tránsito cuando llegue el Papa. Pero el problema de fondo es otro: quién manda.