Revocatoria: Adela Arning va a la Corte y busca extender tiempos

La intendenta de Mendiolaza, Adela Arning, apunta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evitar el proceso de revocatoria de su mandato, al que la Junta Electoral local, con la resolución 07/26 ya le puso fecha: el 29 de noviembre. El proceso es por mal desempeño en las funciones y fue iniciado a comienzos del 2025 por un grupo de vecinos liderados por Alberto Dalmasso. La postura del Panal comenzó siendo contraria al avance de este tipo de iniciativas porque desequilibran el juego político y tienen efecto contagio, pero en los últimos meses la posición mutó a una suerte de laissez-faire.

Los abogados del estudio Gentile-Saravia que patrocinan a la dirigente y autoridad nacional del PRO presentarán hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) un recurso extraordinario que le dé pase al máximo organismo nacional, con el objetivo de dar vuelta las resoluciones locales que habilitaron el proceso. Puntualmente, el visto bueno del TSJ para el uso del padrón “nuevo” en la votación de la revocatoria, en vez del padrón del 2023, que es lo que pretendía la defensa de Arning con el argumento de que sólo deberían votar quienes participaron de la elección donde fue electa intendenta.  El TSJ le dio la razón a Dalmasso y los vecinos, que reclamaban el uso del padrón actualizado, dando vuelta una resolución de Marta Vidal, la ex jueza electoral de la Provincia que ejerció hasta finales de agosto, cuando asumió el actual letrado, Guillermo Arias. La nueva conducción del Juzgado tendría un criterio similar al fallo de sus superiores.  Pero la ventana por donde la defensa de Arning piensa ingresar es la sentencia no fue unánime. Los vocales Luis Rubio y Sebastián Lopez Peña se diferenciaron de los otros integrantes del alto cuerpo. Ambos consideraron que habría que depurar el padrón para que participen los electores originales de la jefa comunal, cuya terminal nacional fue Mauricio Macri y su exministro de Transporte Guillermo Dietrich. Con todo, el recurso no tendría efectos suspensivos.

La fecha tope para llamar al referéndum es el 10 de marzo del 2027, nueve meses antes del final del mandato. Según la ley municipal vigente, la destitución del mandatario se logra con la mitad más uno de los votos válidos emitidos, sea cual fuere la participación popular, que es obligatoria. Con ese plazo en la mira y a la espera que el gobernador Martín Llaryora convoque a elecciones provinciales los antes posible para eventualmente ubicar su propia elección local un mes antes y acelerar la transición, la mesa chica de Arning busca dilatar lo más que pueda los tiempos para evitar que el proceso avance. “Si hay una justicia que funcione normalmente, el referendum del 29 de noviembre no se va a hacer”, confían.

Además del recurso ante la Corte, que con el antecedente Kammerath aseguran que el TSJ debería admitirlo, la intención es tirar abajo la propia Junta Electoral municipal, a la que achacan haber puesto fecha para la votación pese a que el propio Tribunal Superior de Justicia que habilitó la continuidad del trámite dijo que no está firme y que la revocatoria no fue promovida todavía. Las cartas apuntan a la presidenta de la Junta, la jueza de paz subrogante (es de Unquillo) Cecilia Matías, a quien señalan por estar afiliada a un partido político, el Partido Comunista, lo que está prohibido por ley, y “hablaría de su falta de objetividad” para llevar adelante el proceso, según la denuncia en curso.  Los abogados de la intendenta objetada también irán contra una de las dos directoras de escuela que funcionan como vocales de la Junta, también por tener ficha de afiliación a un partido. En ambos casos, piden el apartamiento.  Además de esas cuestiones, hay varios puntos formales que el oficialismo de Mendiolaza quiere interponer para evitar el referéndum de fin de mes: la poca claridad de algunas de las 1391 firmas que son el aval del pedido de revocatoria vecinal (con denuncia penal en este caso), la presencia de policías provinciales en el padrón de firmas, la presencia de fallecidos, y algunas cuestiones vinculadas al horario de atención que la Junta no fijó claramente, planteos que también irán directo al despacho del juez electoral Arias.