Ente de control: 0-2 para el oficialismo

Por Felipe Osman

Apenas 15 minutos bastaron para llevar adelante una sesión que empezó más de tres horas después de lo esperado. En la previa, el oficialismo agotó los esfuerzos por conseguir el respaldo opositor, pero las bancadas de la UCR y el Frente Cívico se mantuvieron firmes (y presentes), al igual que la Izquierda.

El oficialismo esperaba contar, sino con el respaldo explícito, al menos con la ausencia de parte de los concejales de la oposición, para que las matemáticas cerraran con lo dispuesto por el artículo 78 de la Carta Orgánica, que exige el voto de dos tercios de los presentes, doble lectura y audiencia pública para la creación de “entidades descentralizadas autárquicas”.

Sin ese respaldo, el proyecto que plantea la creación de una Agencia de Fiscalización y Control para “la autorización, habilitación, fiscalización y control” de establecimientos debió regresar a comisión.

En el recuento previo, el oficialismo descontaba el acompañamiento del PRO, porque los concejales amarillos habían respaldado el despacho de Comisión. Sin embargo, sumando esas tres voluntades, el tanteador llegaba a 19. Para alcanzar los dos tercios de los presentes, era necesario que al menos tres concejales de las bancadas UCR/Frente Cívico faltaran. Eso no sucedió. El cuerpo sesionó con asistencia perfecta, y en esas condiciones 21 votos positivos resultaban indispensables. 

La oposición cuestionó al oficialismo varios puntos del proyecto inicial que terminaron modificándose en el despacho de Comisión. Por ejemplo, se agregó entre sus funciones la del Control Integral de la Vía Pública (puestos ambulantes), se limitaron las competencias delegables por vía reglamentaria, se eliminó el financiamiento privado del ente (por un palmario conflicto de intereses), se modificó la composición del Consejo Consultivo y se definieron las competencias de la Mesa de Atención a los Vecinos. Pero no fue suficiente.

Las bancadas de la UCR y el Frente Cívico aseguran que la constitución de un ente autárquico, al menos en los términos en los que está planteado el proyecto, no buscan aportar mayor eficiencia y transparencia a los procesos de fiscalización y control que deben atravesar los comerciantes para ejercer su industria, sino a limitar la responsabilidad política sobre áreas sensibles del Palacio 6 de Julio, como las oficinas de Habilitación de Negocios y Espectáculos Públicos. Y vinculan la premura a la causa de los “certificados truchos” de Bomberos, y a la reciente detención e imputación de un inspector municipal por extorsión. 

El oficialismo, sin embargo, tiene argumentos para responder. Afirma, y no falta a la verdad, que la gestión de Martín Llaryora avanzó, con el proyecto de Habilitaciones Online, en la agilización y transparencia de los procedimientos para habilitar negocios, impulsado por la Secretaría de Gobierno entonces a cargo de Miguel Siciliano.

El problema es que el sistema de control que planteaba el proyecto, que se basó en la experiencia de los municipios de Morón y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no terminó de perfeccionarse. La propuesta inicial buscaba instalar un proceso de habilitación segmentado en el cual la oficina que otorga las habilitaciones no debe ser la misma que la que inspecciona para comprobar la veracidad de las declaraciones juradas con las que funciona la habilitación “automática” (online). Ese paso final jamás se dio. La oficina de Aperturas continuó en la órbita de la subsecretaría que otorga las habilitaciones.

La resistencia a vencer no es menor. Los inspectores cuentan con herramientas de presión para sostener el statu quo. Por ejemplo, avanzar con clausuras masivas sobre locales comerciales. Los supuestos están. La normativa es, por definición, estática. No puede seguir, en tiempo real, el ritmo con el que evoluciona la dinámica comercial.

En la sesión extraordinaria de ayer también se redefinieron las autoridades del Concejo. Sandra Trigo asumió como presidenta provisoria en lugar de Marcelo Rodio, que tomó licencia para asumir como secretario de Transporte de la Provincia. A su vez, Marcos Vázquez sustituyó a Trigo en la vice presidencia primera y Martín Juez juro como vicepresidente tercero del cuerpo.

En la sesión no se concedió la preferencia de dos sesiones para el tratamiento del proyecto opositor que busca hacer obligatoria la presentación de declaraciones juradas de los inspectores municipales, por no entrar en el temario de las sesiones extraordinarias. Aun así, el proyecto será oportunamente tratado. 

Sí tomó estado parlamentario el proyecto de Diego Casado, autor del “narcotest” para funcionarios, que ahora propone extender ese requisito introduciendo un nuevo inciso en el Código de Ética, para que los inspectores municipales también deban atravesar un examen anti-narcóticos. 

El elemento político, sin embargo, fue el paso el falso del oficialismo, que por segunda vez en dos días trastabilló en ámbitos legislativos, donde la oposición se hace fuerte. El miércoles, en la Legislatura, y ayer, en el Concejo Deliberante.