Salud: Panal y SEP suman aliados

Por Felipe Osman

El SEP volvió a movilizarse ayer, y hará lo propio hoy. Ayer lo hizo manifestándose frente a la sede del Apross. El sindicato denuncia que la obra social cubre una fracción cada vez menor del costo de los medicamentos y limita, cada vez más, el resto de sus prestaciones. 

Se trata, en rigor, de un reclamo que precede al marco actual de la situación, en la que el meollo del asunto está dado por la caída de un número de contratos que varía a diario pero qué, según las estimaciones del sindicato, rondaría los 1.500 puestos.

Hoy, en tanto, volverá a movilizarse. La concentración inicial se hará en la sede del gremio, en Corro 259, y luego habrá una movilización cuyo itinerario aún no está determinado. Se espera que la movilización de este jueves sea mayor que la de ayer, puesto que también participarán en ella los cuerpos orgánicos del interior provincial.

El gremio rechaza lo que interpreta como una serie de despidos que viene atado al ajuste del Gobierno Provincial. El Centro Cívico, por su parte, hace otra exégesis. 

El propio gobernador, Marín Llaryora, y el ministro de Salud, Ricardo Pieckensteiner, presentaron el martes el programa de Descentralización de la Gestión Hospitalaria y un fondo de 7.000 millones de pesos para  hacer posible la iniciativa que consiste, a grandes rasgos, en dotar a los directores de cada hospital público de las competencias y recursos necesarios para gestionar sus centros de salud, sin necesidad de empantanarse en arduos procedimientos burocráticos que resten agilidad a la toma de decisiones.

En esa ocasión, Llaryora habló de la necesidad de hacer más eficiente la prestación del servicio, y apuntó a la falta de productividad de algunos de los agentes públicos en comparación con sus pares del sector privado. Además, descalificó las acusaciones del SEP. Al momento de referirse al Fondo de Fortalecimiento Hospitalario, apuntó “Esto muestra a las claras que no estamos en un plan de ajuste, o de reducción de inversión en materia sanitaria, sino todo lo contrario, estamos aumentando la inversión”.

Desconocido el acuerdo paritario firmado por la anterior gestión, Llaryora y el SEP se acercan al momento de negociar una nueva paritaria, y la tensión va en aumento. Los funcionarios provinciales directamente aludidos en las tratativas -David Consalvi, Secretario General de la Gobernación, y Guillermo Acosta, Ministro de Economía- pondrán sobre la mesa el legajo de los cientos de agentes cuyos contratos no fueron renovados, y el gremio se verá en la compleja tarea de defender, por un lado, la paritaria, y por el otro, la continuidad de esos agentes. Cuesta creer que se trate, en el 100 por ciento de los casos, de empleados ejemplares. El gremio deberá decidir adonde poner sus prioridades.

En ese marco, con el SEP hablando de ajuste y Llaryora de “eficiencia y productividad”, dos nuevos actores entraron en escena.

Por un lado, el Colegio de Médicos de Córdoba se solidarizó con los agentes desvinculados por la gestión provincial, y cuestionó la comparación que el gobernador y el ministro de Salud hacen entre el sector público y privado, entendiendo que resulta “injusta y reduccionista”, asegurando que el sistema privado de salud no debiera usarse como parámetro de calidad, y apuntando que el diagnostico es “acelerado y simplista” ya que sólo atiende a una variable cuantitativa (presentismo, cantidad de consultas, etc.).

La toma de posición del Colegio de Médicos es valiosa para el SEP, por tratarse de un colectivo legitimado frente a la opinión pública.

Al otro lado, el Panal también sumó un “aliado”. Distintos funcionarios de la gestión provincial, entre los que destacan el secretario de Transporte, Marcelo Rodio, el secretario de Desarrollo Social, Paulo Cassinerio, y el propio Consalvi mantuvieron diferentes reuniones con la cúpula de las 62 Organizaciones Peronistas, integrada por Marcelo Díaz (secretario general), Ricardo Moreno (secretario político), Pablo Trapani (secretario adjunto), Ramón Palacios (secretario gremial) y José Basualdo.

El armado gremial que conducen Díaz y Moreno ya tiene pactado con el Centro Cívico salir a respaldar el “modelo de Estado” que propone Llaryora, que ya genera los primeros chispazos con los gremios públicos.

La posición oficial de las 62-O será acompañar al Gobierno Provincial en la construcción de un “Estado eficiente y productivo”, y en “aumentar la productividad” de los empleados públicos. Tal posicionamiento implica meter una nueva cuña en el ya fragmentado mapa gremial cordobés, en el que la cohesión que muestran los sindicatos públicos desde el inicio del conflicto por el aumento de aportes a la Caja de Jubilaciones y el Apross no encuentra eco entre los gremios privados.

La CGT Regional se reunió con Quinteros

La CGT Regional, que lideran Ricardo López (Atas), Edgar Luján (Camioneros) y Rubén Urbano (UOM), se reunión con el Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, para pedir garantías a la Provincia de que no habrá represión durante la movilización que la central llevará adelante el 24 de enero, acompañando las acciones determinadas por la central a nivel nacional en contra de las reformas que plantea el DNU y la Ley Ómnibus de Javier Milei.

Para la ocasión, uno de los triunviros de la CGT Nacional vendrá a Córdoba para encabezar la movilización, junto al secretario del Interior Abel Furlán, el delegado Horacio Otero (encargado de la normalización de la CGT Nacional) y otros representantes de la central.