Bernarte anunció su plan para San Francisco y la oposición pide que pase la “motosierra”
Por Franco Cervera
Semanas atrás adelantábamos que el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, aspira a transformarse en el primero en lograr un plan de viviendas municipal que le permita a cientos de familias llegar a la casa propia. Esta información fue confirmada por el propio mandatario el viernes a la noche en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante que se desarrolló en un Superdomo colmado por dirigentes políticos y directivos de diferentes instituciones. Pero el proyecto de 500 viviendas para esta ciudad no fue lo único nuevo que anunció el “Peta” en su ambicioso plan de gobierno.
Es que, pese a la grave situación económica que atraviesa el país que impacta también en la ciudad (“Caen los ingresos de recaudación y coparticipación, estamos enfrentando una crisis económica con pocos precedentes en nuestra historia reciente”, indicó en su discurso), el funcionario destacó varios ejes nuevos y hasta necesarios para la ciudad. Algunos de éstos son: más seguridad con cámaras, drones y apoyo a la fuerza policial con la puesta en marcha del Cuerpo de Prevención Urbana; más tecnología para mejorar el contacto con los vecinos y los trámites en materia de salud; anunció el sistema de Bicicletas Públicas, el programa San Francisco Composta, anunció que próximamente se inaugurará una planta para producir biodiésel, y prometió avanzar con el programa San Francisco Recicla y más obras de infraestructura.
Ante este contexto, como es habitual, desde la oposición dieron su mirada crítica por lo proyectado por el Ejecutivo Municipal, y remarcaron que ante la crisis económica se debería apostar más a la asistencia, eficiencia en los servicios y rebaja de impuestos.
Justamente el que se adelantó con el pedido fue el concejal de Juntos por el Cambio, Marco Puricelli, quien aprovechó la tendencia del término libertario, y presentó su plan “Motosierra” para la Municipalidad de San Francisco, en el cual propone que el municipio recorte grandes gastos para poder afrontar la emergencia actual.
A través de un proyecto de ordenanza plantea declarar la emergencia pública del estado municipal por al menos un año, donde se reduce en un 20% sueldo de funcionarios municipales, con la excepción de los que manejan maquinaria vinculada con obras de infraestructura, servicios públicos y salud. Además pide suspender el cobro del FOSP por un año, es el 17% de alivio en todos los impuestos municipales, prohíbe viáticos para funcionarios y la publicidad en redes sociales (a excepción de eventos turísticos y catástrofes naturales o sanitarias), se prohíbe el uso del rostro y nombre de los funcionarios para la publicidad oficial, prohíbe nuevos contratos de personal por seis meses, se obliga a los integrantes del Concejo Deliberante a realizar funciones ejecutivas Ad Honorem y se otorgan facultades al secretario de Economía para modificar partidas presupuestarias, priorizando programas de salud y políticas sociales, obras hídricas y habitacionales, programas de transparencia, gobierno abierto y de forestación.
Así las cosas, se puso en marcha el año legislativo del Concejo Deliberante, donde el oficialismo resaltó algunos nuevos anuncios y destacó lo conseguido en los últimos años con Llaryora y García Aresca, mientras que desde la oposición se mantienen expectantes para controlar los gastos y destinos de los fondos municipales.
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