El negocio político de los registros del automotor

Hace tiempo que vengo renegando con el auto. Ya tiene 15 años, así que siempre hay algo para hacerle. Es la realidad de buena parte de los argentinos a los que les gustaría tener un 0km, pero que debe conformarse con lo que puede en un mercado hiper cerrado en el que los autos cuestan el doble que afuera. Todos andamos con la oreja parada, tratando de agarrar los ruidos a tiempo, antes de que la cosa empeore.

Por vivir en las sierras chicas viajo seguido por la ruta y la circunvalación, lo que me ayudó a notar la cantidad de autos con luces quemadas. No es normal que en una provincia en la que a la caminera se le cae la baba por poner una multa haya tanta gente fuera de regla en algo tan elemental. Pensando en qué podía haber detrás de ese descuido generalizado, terminé de convencerme de aquello de que la explicación más simple es también más probable: no hay plata. Ni para un foquito de auto.

Mientras el parque automotor envejece, cae la venta de autos nuevos y los precios de los usados siguen trepando, el gobierno decidió que era un buen momento para subir el valor de los precios en los registros del automotor. Curiosa manera de ayudar al ciudadano. 

Si hay algo que es incompatible con tener un mercado automotor dinámico, eso es el sistema de registro que existe en este país. Medio público, medio privado, todos tienen algo para ganar por su existencia, salvo los usuarios. Formularios, verificación, grabado de cristales, grabado de partes, libre deuda de patente, libre deuda de multas, muchísimas cosas que hacen que los autos de más de 20 años no tengan ni un solo papel en regla. Tarjeta verde a nombre de algún viejo titular que quizás pasó a mejor vida y el seguro te aseguran que un policía no se quiera complicar el día mandando un cacharro a un depósito público. Siga, siga, maestro, que para multar están los autos caros. Esos son los incentivos que se generan en este país.

La razón de que se hagan las cosas de esa manera permanece bastante oculta a los ojos de los mortales. Es por algo que se conoce como Entes Cooperadores, un mecanismo que emana de un decreto de la época de Onganía y una ley de Alfonsín que permite que haya un flujo de dinero privado para solventar sueldos y otros gastos del sector público. En este caso concreto, del Ministerio de Justicia.

Conocí de este tema por una fantástica nota de Nicolás Gadano para la revista digital Seúl. Su descripción del nivel de imbricación entre públicos y privados en un esquema tan poco transparente es excepcional. Allí agrega, además, otro dato importante: ese fue uno de los puntos que generó el rechazo al plan de ajuste de López Murphy en sus tiempos de ministro de la Alianza, aunque nadie lo gritó como al tema de las universidades.

Parte de lo que recaudan los Registros del Automotor se dirige a ACARA, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, que a su vez usa esos fondos para solventar gastos del Ministerio de Justicia. Por eso el ministro Cúneo Libarona decidió la suba de los aranceles, porque de allí salen sueldos y sobresueldos para los empleados a su cargo (y probablemente para él). Si existe algo que pueda sintetizar la corrupción endémica del país, la opacidad en los manejos y los mecanismos de supervivencia de la casta, probablemente sea algo como esto. 

Mientras la red de caminos se deteriora y se ponen todo tipo de requisitos absurdos para que la gente obtenga su carnet de conductor, esta dinámica crece y se fortalece a costa de los ciudadanos. Es plata que se le saca a cada persona que se compra un auto y se usa para que algunos privados ganen fortunas, amparados en dádivas que reciben los públicos. 

Cuando se empezó a hablar de reducir burocracia y costos ocultos para hacer florecer la economía, el tema de los registros del automotor fue uno de los primeros en llegar al centro de la discusión. Cada formulario, impuesto, tasa o lo que fuere es tiempo y plata que afecta a toda la cadena productiva, especialmente porque desde hace ya un par de décadas también se extendió a tractores y máquinas que antes no tenían papeles. Cada persona que necesita trabajar y producir es rehén de un Estado voraz pero perezoso.

Hay varios proyectos dando vueltas para eliminar o reformular los registros, pero es difícil que prosperen. Todos saben del tremendo negocio que son, pero justamente por ser un regalo habitual entre políticos de todos los colores es que es un sueño creer que van a ser reformados. Pensar que puedan ser eliminados nos sitúa en el plano de lo utópico. Si los legisladores buscan congraciarse de algún modo con los votantes, probablemente este sea uno de esos casos en los que sumarían muchos puntos. Ojalá algún día podamos llegar a verlo.