Llaryora y Passerini focalizan en contención social (alarma por IPC)

Por Felipe Osman

Aún atravesados por algunas tensiones que subsisten, el Centro Cívico y el Palacio 6 de Julio mantienen un trabajo coordinado que se hace doblemente necesario frente al impacto que las medidas macro adoptadas por el Gobierno Nacional.

Esta tarde el Indec dará a conocer la inflación de abril, y aunque todos los pronósticos apuntan a que no superará el dígito, la delicada situación social y el estancamiento de las jubilaciones y los salarios hace que cualquier ascenso en el IPC hunda a miles de argentinos bajo la línea de la pobreza. Y ese es un asunto al que prestar atención.

Los índices de aprobación que sostiene el presidente dan cuenta de que el mismo electorado que ha decidido empoderarlo para liderar el ajuste, elige reclamar por sus consecuencias a los gobernadores e intendentes, primeros en la línea de contención.

Por eso, el Ministerio de Desarrollo Social trabaja en un re empadronamiento de los comedores y merenderos de Córdoba, con la expectativa de eficientizar la asistencia que la Provincia puede ofrecer. Aunque quizá la principal tarea sea recomponer los lazos con la dirigencia territorial del PJ, que suele ser un eslabón fundamental en el despliegue necesario para llevar la contención social a los barrios de Córdoba.

La relación entre la conducción del partido y su dirigencia territorial no atraviesa el mejor momento.

Después del raid electoral de 2023, con elecciones provinciales en junio, municipales en julio, primarias en agosto y presidenciales en octubre, la tropa PJ esperaba acceso a las estructuras del gobierno provincial y municipal, fundamentalmente porque su participación fue reconocida como determinante en los test electorales de junio y julio. Sin embargo, la coyuntura económica y política no acompañó esas expectativas.

Y si bien el peronismo cordobés nunca fue proclive -en comparación al grueso de las demás provincias- a sobrecargar sus estructuras, la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada de la mano de un discurso incendiario contra el empleo público y sus declamados recortes a “la casta” subieron el listón para todos los gobiernos de provincia. Más aún tras la eliminación/suspensión de los giros discrecionales -y no discrecionales-, una devaluación que disparó los reclamos paritarios y una retracción de la actividad que determinó la caída de la recaudación en términos reales.

En tal escenario, la relación del a conducción partidaria con sus dirigentes y referentes territoriales jamás se distendió. Y el refuerzo de las políticas sociales destinadas contener las necesidades de los sectores más golpeados por la crisis plantea a la vez un desafío y una oportunidad para resolver esas tensiones.

Los programas a partir de los cuales la Provincia asiste seguirán siendo el Vida Digna, créditos a tasas subsidiadas del Banco de la Gente y la Tarjeta Social, y su trabajo será complementado con el de la Municipalidad en la Capital, donde no sólo se concentra poco menos de la mitad del padrón sino además donde están enclavado los barrios populares que más demandan la asistencia del Estado.

Junto a esa coordinación, otra asoma como un potencial foco, sino de conflicto, de nuevas tensiones: el reparto de roles entre las estructuras territoriales del partido y las organizaciones sociales, que en Córdoba han alcanzado una convivencia razonable por los acuerdos sellados por el Panal, pero que ahora enfrentan un nuevo escenario frente a la ofensiva que el Gobierno Nacional dirige en contra de las organizaciones sociales, en las que ve intermediarios costosos e innecesarios en la distribución de ayuda social.

Las estructuras partidarias, ya no del PJ, sino de cualquier partido que quiera disputar terreno en los barrios populares, ve en la retracción de las organizaciones sociales una oportunidad. Aunque resta por ver como el territorio metaboliza esas tensiones en el nuevo contexto.