Más fuego (ex) amigo para el ministro Quinteros

Por Carolina Biedermann 

Este jueves, el bloque de legisladores del Frente Cívico, junto al monobloque de Gregorio Hernández Maqueda, presentaron una denuncia en contra de Juan Pablo Quinteros, actual ministro de seguridad de la provincia de Córdoba, para que se investigue por presunta defraudación a la administración pública en grado de tentativa, por el inicio de las gestiones para la compra de vehículos.

Según detallaron fuentes de gobierno, Seguridad había iniciado una subasta electrónica para adquirir 400 vehículos destinados a las guardias urbanas de prevención, de los modelos Renault Sandero Life y Peugeot 208.

Sin embargo, la maratón en la jornada de fuego cruzado inició con el lesgislador Walter Nostrala, jefe de bloque del Frente Cívico, quien tomó la posta como vocero del proceso judicial. El foco estaba puesto en los sobreprecios que, según describió, se acercaban al 70% por sobre lo registrado en los valores del mercado local.

“Se llamó a subasta y se adjudicaron a un precio de más 15 mil millones de pesos, cada uno a un valor 38 millones de pesos. El valor en el mercado de esos coches, de hoy, no superan los 23 millones de pesos”, dijo Nostrala.

Y el broche de oro concluyó con la publicación de un video didáctico para los vecinos, en el que el jefe de la bancada en la Unicameral, y Martín,  concejal del mismo partido e hijo del senador Luis Juez, relataron lo sucedido.  

Entre gitanos no se van a andar adivinando la suerte. Automáticamente, después de hacerse pública la denuncia, Quinteros puso primera y activó una conferencia de prensa en horas del mediodía para esclarecer la situación, conociendo desde adentro el modus operandi del juecismo. Precisamente, por haber sido parte del Frente Cívico durante dos décadas.

En la conferencia, Quinteros expuso el expediente con fecha del 14 de mayo en donde se demuestra que la compra fue suspendida por la cartera de seguridad, freno que él mismo habría activado. Esta cancelación, que había llegado al Tribunal de Cuentas provincial, en donde el juecismo tiene la mayoría, fue lo que alertó al partido opositor a exponer la compra que no se concretó.

Otras versiones del backstage, advierten que Silvina Rivero, actual vocal por la minoría en el Tribunal de Cuentas de la provincia, y funcionaria del riñón schiarettista, habría solicitado la revisión del expediente, y a partir de su acción, el ministerio procedió a la suspensión del proceso de adquisición.

En la exposición, el ministro dijo: “el pedido de retiro de la subasta fue por esta resolución que tengo en la mano, con fecha 14 de mayo, en la que dimos de baja el proceso de subasta electrónica y hemos iniciado otro que ya está en marcha", afirmó el funcionario desde el Centro Cívico”.

El freno a la compra fue decidido a partir de la caída del valor que sufrieron los vvehículos 0km en Argentina desde el mes de marzo, a partir del derrumbe en las ventas, entre otros factores. Según explicaron, la subasta había sido efectuada en febrero, con valores antiguos.

En esta línea, Quinteros señaló “estamos en un país que tiene una lógica financiera bastante inestable e ilógica. Los autos han bajado su precio y nosotros tenemos dos alternativas o mejorar la oferta o iniciar una nueva subasta",

Punto y aparte al relato de denuncias, y para repasar de quiénes estamos hablando vale recordar que la carrera política del actual ministro de la cartera de seguridad se desarrolló en el Frente Cívico, hasta el año 2019 cuando renunció a su banca de legislador y se fue del partido. Sin dudas, y por muchos años, Quinteros fue la espada de Luis Juez en el Municipio y luego en la Legislatura.

El tercer protagonista en la escena fue el legislador coautor de la denuncia, cada día más cercano al juecismo, Gregorio Hernández Maqueda, quien dijo que la denuncia no se efectuó en contra de las empresas, sino en contra del gobierno, y agregó que no sería la primera vez que un empresario sería usado por el poder político de turno para obtener benéficos de manera exclusiva.  

En medio de la encrucijada política quedaron las empresas que pujaron en las ofertas para proveer de vehículos a la provincia. Se trata de las concesionarias que comercializan las marcas Renault y Peugeot, puntualmente el Grupo Tagle y Avec del Grupo Quijada.   

El Frente Cívico y Gregorio Hernández Maqueda, han fijado posición de verdadera oposición al Gobierno provincial y controladores del Estado. En actitud denunciante, obligan al oficialismo a acelerar los tiempos de respuesta para poner blancos sobre negros. En medio de la era mileísta, en donde se pregona el rechazo a todo lo que tenga que ver con la política, denuncias como estas refuerzan las ideas de la anti política.