Consenso legislativo (también en Córdoba) contra el ajuste en discapacidad

Por Yanina Soria 

El borrador del decreto con el que el presidente Javier Milei pretende avanzar en la desregulación de las prestaciones para personas con discapacidad, generó una reacción de alerta y en bloque de los distintos espacios políticos. 

Tal como se informó ayer, diputados de todas las fuerzas a excepción de la Libertad Avanza firmaron un despacho de mayoría para llevar cuanto antes al recinto un proyecto que busca blindar los derechos de las personas afectadas y los trabajadores vinculados al sector, ante la intención nacional de que sea el mercado el que regule los costos de cada prestación. 

El arco opositor, incluso aquellos sectores más dialoguistas con el Gobierno, entienden que el ajuste no puede llevar al ámbito de la discapacidad y que esa pretensión derivaría en que haya pacientes de primera, segunda y tercera categoría. 

Sobre ese probable escenario abierto a partir de la circulación de un borrador que lleva la firma del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en la comisión de Discapacidad de la Cámara Baja hubo acuerdo esta semana para que impulsar un proyecto común. Básicamente, apunta a que el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, garantice la universalidad de la atención de esas personas mediante la integración de políticas, recursos institucionales y económicos afectados a dicha temática. 

“La universalidad consistirá en asegurar el acceso y la calidad de las prestaciones en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional, y sobre la base del principio de no discriminación por motivos de discapacidad”, cita el texto. 

La intención del Gobierno resulta tan grave a los ojos de los parlamentarios que hubo acuerdo de derecha a izquierda para frenar esa iniciativa; pues firmaron el dictamen diputados kirchneristas, de Hacemos Coalición Federal, el PRO, la UCR y hasta la Izquierda. 

Casualmente esa transversalidad legislativa que generó en el Congreso este asunto también tuvo su correlato local. 

Pues, en la sesión de ayer en Legislatura de Córdoba donde, como sucede cada vez que hay debate los cruces y las chicanas entre oficialistas y opositores son moneda corriente, el tema estuvo en la agenda parlamentaria. 

Se aprobó un proyecto en el que los legisladores manifiestan su preocupación ante la posibilidad de una desregulación del Sistema Único de Prestaciones, “destruyendo el principio de universalidad e igualdad de acceso a las prestaciones que rige en nuestro país acorde a lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Lo acompañaron todos los bloques, a excepción del libertario Agustín Spaccessi. 

Como había más de una iniciativa en ese sentido, se terminaron compatibilizando en un solo proyecto firmado por el legislador socialista en Hacemos Unidos por Córdoba, Matías Chamorro, Luciana Echevarría del MST en el Frente de Izquierda, el radical Carlos Carignano (además, presidente de la comisión de Discapacidad), Bernardo Ksnipcheer y Silvina Jurich, ambos oficialistas también. 

Lo cierto es que, si bien todavía el decreto que circuló hace unos días, no se efectivizó publicado en el Boletín Oficial, una parte de la dirigencia prefiere abrir un paraguas preventivo avisando al presidente Milei que no le será tan fácil avanzar con ese objetivo. 

La preocupación de las personas discapacitadas, familiares y trabajadores vinculados al sector es tal, que ya se realizaron manifestaciones de rechazo en distintos puntos del país. 

Si bien en la comisión de Diputados del día miércoles, la oficialista Lilia Lemoine aseguró que el decreto no avanzará, el resto de las bancadas esperan esa confirmación, pero de manera oficial.