Con transporte en la mira, la oposición pide explicaciones a Passerini

Por Felipe Osman

La oposición salió al cruce de la última compra, realizada por la Municipalidad, de 20 colectivos GNC para incorporar a la flota del Sistema de Transporte Urbano.

El edil radical Javier Fabre ingresó este lunes un pedido de informe en el Concejo Deliberante para la Municipalidad presente copia “de la totalidad de las actuaciones correspondientes a la Subasta 2024/000157”, mediante la cual se adquirieron 20 colectivos GNC; junto a las constancias de las actuaciones correspondientes al expediente 015684; copia de las actuaciones correspondientes a la licitación de TAMSE por la subasta N° 107, del 30 de mayo de este año (compra de 50 unidades diésel), e informe “si existe estudio de impacto ambiental realizado por la Municipalidad de Córdoba respecto a los beneficios que trae aparejado la adquisición de colectivos que funcionen con G.N.C.”.

Además, el pedido requiere información respecto de si el Municipio analizó “la inversión necesaria para poner en funcionamiento estaciones de carga de G.N.C para 20 colectivos”, “los motivos por los cuáles se ha efectuado una licitación en la cual se establece que los motores deben ser Iveco”, y “si se ha dado cumplimiento a las observaciones efectuadas por la Asesoría Letrada a fs. 46/48 del expediente 21442/24”.

Según explicaron a Alfil, la preocupación de los opositores es que las unidades a gasoil tienen un costo ostensiblemente menor a las propulsadas por GNC. Mientras las primeras fueron adquiridas por un costo unitario de 189 millones de pesos, por las segundas se pagó 298 millones por unidad.

Fabre aclara que no hay sospechas de sobreprecios. Sin embargo, pretende que la Municipalidad explique qué beneficios hay en inclinarse por las unidades GNC, siendo que -como explica en la fundamentación de su pedido de informe- habría evidencia de que estos motores son más contaminantes que los que se alimentan a gasoil.

Además, repara en que la Municipalidad tampoco ha informado los costos que traería aparejado refuncionalizar una estación para que las unidades puedan cargar GNC, ni ha presentado cálculos que sustenten que la inversión es redituable en el tiempo, o en que lapso quedaría amortizada.

Al cierre de esta edición, Alfil no pudo hacerse de la posición oficial.

En cualquier caso, el elemento político surge de atender a la dinámica que, de aquí hacia adelante, tomará la oposición.

Con el Gobierno Nacional reclamando un profundo ajuste a los gobiernos provinciales y municipales, la tónica que cabe esperar, primero, de los libertarios, pero también del resto del espectro opositor, es la de hacer un seguimiento estricto de la ejecución presupuestaria para denunciar cualquier operación que no aparezca, prima facie, como el más eficiente uso de los recursos públicos, o que pueda despertar sospechas de que la presión tributaria resulta injustificada.

De hecho, el Gobierno Nacional publicó ayer, en el Boletín Oficial, la resolución 259/2024, emanada del ministerio de Economía, mediante la cual se establece que -con el fin de transparentar los precios a los consumidores-, las estaciones de servicio situadas en jurisdicciones cuyos municipios apliquen tasas viales y/o municipales, deberán exhibir una leyenda que lo aclare: “En esta jurisdicción se aplican tasas viales y/o municipales sobre el precio de los combustibles”. A tono con la reciente resolución que insta a las prestadoras de servicios públicos de excluir de su facturación el costo de tasas e impuestos, la intención de la Casa Rosada es exponer a los gobernadores e intendentes que perciba tributos por intermedio de empresas que prestan estos servicios.