Sólido respaldo al reclamo universitario en “meca libertaria” de Milei

Por Felipe Osman

Antes de que dieran las 12, una masiva concentración en las inmediaciones del Monumento de la Reforma ya adelantaba el marco en que se daría la jornada. La Marcha Federal Universitaria convocó a decenas de miles de cordobeses, aunque la posverdad también se impone en estos affaires: según las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba hubo 100.000 asistentes; para la Policía de Córdoba, apenas una fracción de ese número.

En cualquier caso, las tomas aéreas no dejan espacio a dudas. Córdoba se movilizó masivamente en favor del reclamo y envió una señal clara al Gobierno Nacional: en la “docta”, el veto a la Ley de Financiamiento Universitario no será bien visto. O no, al menos, por una porción muy mayoritaria del arco político, de los gremios, de las organizaciones sociales, y miles de estudiantes que ven en la educación pública el único vector de ascenso social al que pueden apostar en busca de un mejor futuro, en un país en el que la pobreza ya alcanza a más de la mitad de la población.

Entre los datos a destacar de la movilización, estuvo su transversalidad. Desde el kirchnerismo hasta el radicalismo, desde la izquierda hasta el peronismo cordobés, los principales dirigentes se pronunciaron a favor del reclamo universitario.

Desde el cordobesismo, tanto Juan Schiaretti como Martín Llaryora hablaron de la educación pública como “el pilar que facilita la movilidad social ascendente” y el “baluarte que garantiza mayor igualdad e inclusión”. Reparando, eso sí, en la importancia de que los fondos destinados a las universidades sean manejados “con responsabilidad y transparencia”. Todos los diputados que responden al oficialismo cordobés se expresaron, con matices, en el mismo sentido. Y hubo buena asistencia de funcionarios provinciales a la movilización. Entre ellos, estuvieron Ignacio García Arezca, Miguel Siciliano, Victoria Flores, Rodrigo Fernández, Héctor Campana y Juan Domingo Viola. Natalia de la Sota también estuvo, pero eligió marchar por separado, junto a autoridades de la Universidad y Adiuc.

En el radicalismo también hubo apoyo al reclamo. Rodrigo de Loredo se pronunció a favor, y también lo hicieron Gabriela Brower de Koning y Soledad Carrizo. Luis Picat no. El ex intendente de Jesús María es el único diputado cordobés que cambió su posicionamiento entre el debate de la movilidad jubilatoria y el veto a la misma ley, y fue distinguido por ello como uno de los “87 héroes” por el presidente. Ayer el diputado aseguraba no tener decidido qué haría ante un nuevo veto, aunque confiaba en que una recomposición salarial para los docentes universitarios terminara resolviendo el conflicto.

En cuanto al kirchnerismo, Pablo Carro movilizó en Buenos Aires, junto a los diputados del Unión por la Patria, mientras Gabriela Estévez lo hizo en Córdoba. Ambos reclamaron el cumplimiento del financiamiento universitario. El sindicalismo también se dio a la cita, y los movimientos sociales no faltaron.

Pero quizá lo más preocupante para el Gobierno Nacional es la amplia afluencia de manifestantes que no marcharon dentro de ninguna columna ni llevaron banderas al encuentro. De manifestantes orgánicos. Cordobeses de clase media que ven en la universidad pública la única posibilidad de buscar un futuro mejor para sí o para sus hijos.

De hecho, la contraofensiva del Gobierno Nacional llegó, como de costumbre, desde las redes sociales, y apuntó al otro flanco, intentando mostrar el costado más político de la movilización, para deslegitimarla. Pero esto presenta un problema: quienes se movilizaron ayer sin banderas políticas, reciben los embates de un Gobierno que, o los ignora -porque no reconoce la legitimidad de su reclamo- o que, peor aún, los identifica con un sistema de intereses corporativos al que no pertenecen y del que no se sirven.

Y se trata, casualmente, de cordobeses de clase media. Léase, de un segmento del electorado que se inclinó masivamente hacia Milei en el balotaje de 2023.

Tras cartón, no parece haber un gran sentido de la oportunidad en un oficialismo que pudo haber vetado la ley desde que fue sancionada, a mediados de agosto, y que en lugar de eso esperó a que se articulara una masiva manifestación en su favor para vetarla. Es difícil que quienes marcharon por un mayor financiamiento para las universidades vean en ese gesto algo distinto a una provocación.

Al cierre de esta edición se especulaba con que Milei firmaría el veto en las próximas horas, aún sin saber acabadamente si contará, otra vez, con el respaldo necesario para sostenerlo en las cámaras. En lo sucesivo, se abrirá una nueva carrera contrarreloj en la que La Libertad Avanza deberá -después de garantizar el voto de los propios-, buscar apoyos entre los ajenos y, llegado el caso, desgastarse en negociaciones ‘non sanctas’ con los cuentapropistas del Congreso.

Mientras, la oposición, y esencialmente la UCR, deberá hacer lo posible por no deflagrar, exponiendo una vez más las grietas que atraviesan al bloque radical.