Estado, instituciones y desarrollo

Por Javier Boher 

rjboher@gmail.com

Ayer se anunció que el premio Nobel de economía se otorgó a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson por sus estudios sobre el rol del Estado y las instituciones en el desarrollo económico. Las reacciones fueron bastante curiosas, por cuanto cada uno interpretó lo que quiso.

Es muy interesante ver de qué manera se pueden describir las ideas de otros para que encajen justo con lo que se quiere defender. En este caso en particular, porque no fueron pocos los que salieron a destacar la importancia del Estado para el desarrollo económico, pero enfocados en la idea de la vieja intervención económica. Según estos defensores del sector público, la obra de los mencionados está justificando que un país quebrado como Argentina pretenda tener una aerolínea, una petrolera, un astillero, trenes, energía eléctrica y todo lo que pueda caer bajo la codiciosa mano de los políticos. 

Otros, por su parte, eligieron enfocarse en un aspecto fundamental de la obra, que es el de la existencia del Estado de Derecho y la garantía de la inviolabilidad de la propiedad. Ya no se trata tanto de instituciones que aseguren algún tipo de distribución de la riqueza, sino más bien de instituciones que ayuden a preservar la riqueza fruto del trabajo individual. 

La idea no es tan nueva, sino que se conoce desde el mismísimo surgimiento del Estado moderno: los burgueses necesitaban que su propiedad no pudiera ser arbitrariamente confiscada por el deseo del rey, así que inventó un orden político para defender un orden económico que a la larga conformó un nuevo orden social. Las instituciones aparecieron para ordenar la vida de los ciudadanos y establecer un marco previsible de reglas.

No vamos a profundizar en el debate teórico al respecto, pero está claro que las instituciones son -en un sentido bastante economicista- un incentivo para favorecer ciertos comportamientos. Nadie se mueve en el vacío, sino en un contexto de reglas que define posibles rumbos de acción, por lo que mejores leyes e instituciones generan mejores condiciones para que prosperen las iniciativas productivas de los ciudadanos. 

En ese mismo contexto se puede interpretar un conjunto de tuits que publicó ayer el ministro Sturzenegger sobre la Ley Hojarasca, una ley sobre la que se viene hablando desde antes de que asuma en el gobierno.

El ministro enumera seis razones por las cuales valdría la pena derogar algunas leyes: en primer lugar, porque hay leyes que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad; segundo, porque hay leyes que establecen trámites inútiles y sin sentido; tercero, hay leyes que fueron superadas, actualizadas y mejoradas por otras leyes posteriores; cuarto, leyes que quedaron desactualizadas por los cambios tecnológicos; quinto, porque hay leyes que definían obligaciones para instituciones que ya no existen; y sexto, leyes que crean organismos con financiamiento público, cuando en realidad deberían tener otras fuentes de ingresos.

Sturzenegger tiene numerosos detractores debido a sus anteriores pasos por la administración pública. Esta vez, su tercera, quizás crea que es la vencida para lograr imponer un cambio. Sus experiencias anteriores le habrán servido para encarar el ambicioso proyecto de cambio legislativo que se le encargó como miembro de Juntos por el Cambio antes de las elecciones de 2023 y que puso a disposición de Milei apenas asumida la presidencia.

Contrariamente a lo que algunos sostenían respecto a las ideas de los premios Nobel, eliminar leyes obsoletas o innecesarias, reducir trámites burocráticos o sobre costos asociados a habilitaciones y procesos administrativos también ayudan al desarrollo. El Estado tiene una razón de ser en su rol de ordenamiento de la sociedad, y aunque cada gobierno puede definir un rumbo político o económico (con incentivos específicos para ciertos rubros o actividades económicas) los que toman riesgos y tiran del carro del progreso son los privados.

Ahora en el país parecen haber descubierto el modelo cordobés para el desarrollo. De golpe se dieron cuenta de que el Estado grande que hay en la provincia es bastante más chico que en otros distritos y que el trabajo en colaboración con los privados es la pieza clave para el crecimiento de las últimas décadas. El Estado provincial cordobés ha sido importante para el desarrollo porque ha sabido escuchar y entender a los privados en lugar de imponerles una visión dogmática de las cosas. Seguramente hay aspectos negativos o que se pueden mejorar, pero la situación actual es bastante mejor que la que hay en otros lados.

Aunque es un lugar común, no se trata de más o menos Estado, sino de un mejor Estado. En algunos lugares funciona mejor un tamaño y en otros funciona mejor otro, pero siempre con reglas claras e instituciones coherentes, constantes e independientes de los caprichos políticos. En la Argentina de hoy la clave pasa por retirar las trabas que se han puesto en todos lados para perjudicar a los emprendedores y beneficiar a las corporaciones. El mejor Estado que hoy puede tener el país es el que entienda que debe retirarse un poco para darle aire a los que empujan para lograr un crecimiento económico sostenido que se pueda traducir en más desarrollo.