Presupuesto y Transporte, la agenda del Concejo hasta diciembre
El Presupuesto 2025 todavía no entro al Concejo, que prorrogó sus sesiones ordinarias hasta fin de año para cumplir con lo dispuesto por la Carta Orgánica. El convenio para la implementación del Sistema de Transporte Metropolitano fue aprobado en comisión, y avanza hacia el recinto.
Por Felipe Osman
El Concejo Deliberante seguirá activo hasta fin de año. Aunque no porque la labor diaria de los ediles requiera extender el plazo de las sesiones ordinarias, que habitualmente concluyen en noviembre; sino por demoras del Ejecutivo, que aún no envió el Presupuesto 2025 para ser tratado por el recinto.
Según el artículo 73 de la Carta Orgánica Municipal, el proyecto debe ser presentado “hasta treinta (30) días antes del vencimiento del Período Ordinario de sesiones”, y ese es el motivo de que el intendente haya ordenado prorrogar el período de sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre.
Oficialistas y opositores comparten que, en lo que queda del año, el paquete económico, integrado por el Presupuesto, el Código Tributario y la Ordenanza Tarifaria será lo que concentre la atención de los bloques.
Y aunque las pautas básicas de convivencia y los usos y costumbres marcan que la oposición debe aprobar el Presupuesto del oficialismo sin mayores objeciones para no privar a la Administración de la ordenanza que articula (o que debería articular) la ejecución del gasto, lo cierto es que Hacemos Unidos se acerca al tratamiento del paquete económico en falta: todavía no giró al Tribunal de Cuentas la Cuenta General del Ejercicio, algo que según la Carta Orgánica debe hacerse dentro de los 90 días de finalizado el ejercicio en cuestión.
Habrá que ver si estos incumplimientos formales alcanzan para minar la paciencia de la oposición y tensar el clima en que se debatirá el Presupuesto. En cualquier caso, no es esta la única iniciativa que ocupará el tiempo de los concejales en lo que resta del año.
Ayer, la Comisión de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito votó favorablemente el proyecto de ordenanza de ratificación del Convenio entre el Ministerio de Economía y Gestión Pública de la Provincia, el Ente Metropolitano Córdoba y la Municipalidad de Córdoba, con el objeto de implementar el sistema integrado de Transporte Metropolitano de Córdoba.
Es un primer paso en el largo camino que la gestión municipal debe recorrer hacia la implementación del Sistema de Transporte Metropolitano. De hecho, todavía falta que el convenio sea aprobado por el recinto, que el Ejecutivo envíe al Concejo el nuevo marco regulatorio del transporte y, luego, que entren al recinto los pliegos para la nueva licitación.
Antes, además, los cuerpos legislativos del resto de los municipios que integran en área metropolitana deben ratificar el referido convenio.
La reformulación del sistema de transporte es una tarea ineludible para la gestión Passerini, y por eso las distintas bancadas que conviven en el Concejo dan por sentado que será un asunto que ocupe la agenda en las sesiones que quedan hasta llegar a fin de año.
Por otro lado, la Comisión de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e Innovación y Participación Ciudadana se reunió ayer para debatir dos proyectos relacionados con el funcionamiento de centros vecinales.
Participaron como invitados Flavio Loforte, subsecretario de Políticas Vecinales; Adrián Britos, director de Centros Vecinales; Juan Manuel Rufeil, subsecretario del Instituto Municipal de Vecinalismo; y Laura Villalba, subsecretaria de Gestión Participativa.
Durante su visita, los emisarios del Palacio 6 de Julio respondieron a un pedido de informes presentado por la oposición para conocer cuántos centros vecinales hay registrados y con autoridades constituidas, a lo que Britos respondió que hay 397 centros vecinales registrados, de los que 85 tienen mandatos vencidos o próximos a vencer.
A renglón seguido, los funcionarios adelantaron a los concejales que el Ejecutivo prepara un proyecto para introducir dos cambios centrales en la ordenanza que rige a los centros vecinales: extender de dos a tres años el mandato de las autoridades y unificar la fecha de elecciones, para facilitar el acompañamiento del municipio a esos procesos.
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