Caja de Jubilaciones: firmó Entre Ríos, Córdoba espera

Mientras el gobernador Martín Llaryora asegura que no tiene novedades sobre las transferencias de Anses a la Caja de Jubilación no transferida, su par entrerriano Rogelio Frigerio fue el primero de los 13 en firmar un convenio por un monto ínfimo respecto a lo que reclamó en la Corte Suprema Suprema de Justicia pero que incluye el reinicio de envío de partidas. Por supuesto que hay que ver si el acuerdo se cumple.

Las estimaciones de Córdoba apuntan a una deuda acumulada al cierre de este año por alrededor de $1 billón. La Provincia demandó a la Nación, durante la gestión de Juan Schiaretti, por incumplir con los giros y reclamó que se cumplan las leyes y pactos fiscales de 2020, 2021 y 2022. La última presentación fue en junio del 2023, se trató de una cautelar en el marco del juicio promovido en contra del Estado Nacional y Anses.

Hace una semana el gobernador Martín Llaryora envió a la Legislatura el proyecto de ley para adherir al “Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas” diseñado por el ministro Luis Caputo. Allí se lo autoriza a que lleve adelante las “acciones necesarias y convenientes en beneficio de los intereses de la Provincia, respecto de las acreencias y/o deudas cuya titularidad ostente y que disponga incluir en la negociación que conlleva participar del régimen de compensación de obligaciones recíprocas”. No está claro si las deudas por la Caja serán parte de esa negociación.

En la Provincia repiten que seguirán “reclamando y defendiendo” los recursos no girados y aseguran que lo hacen en cada contacto con funcionarios nacionales. Mañana Llaryora y el presidente Javier Milei volverán a verse en la inauguración del edificio de la Bolsa de Comercio.

En el caso de Entre Ríos, Anses sostiene que el acuerdo se hizo “en el marco de la revisión completa del procedimiento de determinación de los déficits de las Cajas Previsionales Provinciales no transferidas a la Nación”. Se convino el pago de anticipos mensuales para el 2025, que serán “deducidos del resultado que arroje el proceso de revisión general que incluirá todos los años, desde 2017 hasta el 2024, en base a una nueva metodología más precisa y sin sesgos”. Frigerio, en julio, presentó ante la Corte Suprema un reclamo por alrededor de $154.000 millones; el acuerdo es por $2.000 millones.

El organismo sostiene -sin dar precisiones- que el “nuevo procesamiento de datos e información confiable y consistente permitirá arribar a resultados definitivos acerca del eventual déficit de las Cajas Provinciales no transferidas”.  “Las auditorías de la Caja de Córdoba están terminadas”, apuntan desde El Panal.

A fines de marzo Milei firmó un DNU en el que eliminó el esquema de los giros que Anses debe mandar a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas. Tampoco antes de la medida había girado ni un peso. Y sin presupuesto 2025 las provincias quedan a expensas de la discrecionalidad de la Rosada. En oportunidad del DNU, Guillermo Francos les prometió a los gobernadores que habría marcha atrás, lo que no pasó.

En julio de 2016, durante la gestión macrista la ley de Reparación Histórica para los jubilados dispuso cambios en la asistencia a los sistemas previsionales provinciales.  El acuerdo condicionaba la ayuda a que las provincias armonizaran su sistema previsional con relación al nacional. Es decir que los regímenes de jubilación (en cuanto a requisitos de aportes y edad, entre otros) fueran iguales a los exigidos por la Anses.

Para obligar a las provincias a cumplir este punto, dispuso que los aportes nacionales serían iguales al déficit que cada caja provincial tendría aplicando los criterios de jubilación de la Anses, pero en 2017 el Consenso Fiscal eliminó la obligación de armonización de las cajas provinciales y ató el aumento de la ayuda nacional al incremento de los costos del sistema jubilatorio nacional.

En el 2023 el Congreso, a instancias de los diputados cordobeses, estableció que los fondos destinados a las cajas provinciales seguirán el incremento de las jubilaciones. La gestión libertaria modificó la movilidad con lo que los giros deben acompañar a la inflación.