Una parte de la política acompañó en Córdoba a una marcha que atraviesa a la sociedad. Si bien el reclamo fue apuntado directamente al Gobierno nacional, hizo ruido el silencio de sectores del oficialismo cordobés.
Provincial30 de mayo de 2025
Carolina Biedermann
Bajo el lema “Sin derechos no hay inclusión”, ayer se llevó a cabo una nueva movilización en Córdoba impulsada por organizaciones, familias y personas con discapacidad, que reclamaron por el cumplimiento efectivo de políticas públicas inclusivas, mejoras en las prestaciones y condiciones laborales dignas para los trabajadores del sector. Manifestación que, por otra parte, se registró con fuerza en todo el país.
La política se metió en la marcha y se gestó un escenario similar al de la marcha por los recortes de los fondos a la Universidad Nacional de Córdoba. Entre los dirigentes que dijeron presente en la movilización de este jueves se encontraban la diputada nacional Natalia De La Sota, el exintendente de la ciudad Ramón Mestre, los legisladores Matías Chamorro, del socialismo, y Rodrigo Agrelo de Encuentro Vecinal, Carlos Carignano, de la UCR, y presidente de la comisión de discapacidad en la Unicameral, y el legislador Lucas Valiente.
La concentración principal tuvo lugar en la intersección de Colón y General Paz, y desde allí se marchó hasta la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud. La manifestación reunió a cientos de personas que portaban pancartas, carteles y banderas argentinas, en un clima cargado de indignación pero también de unidad y esperanza.
Matías Chamorro acompaño la protesta. “Estuvimos presentes por distintas razones. Desde el socialismo, incluso los diputados socialistas junto a Natalia De La Sota, presentaron una declaración de emergencia y acompañaron la movida nacional, no así los diputados del peronismo cordobés”, dijo el legislador.
“Participamos de la marcha, acompañamos a los familiares y centros del día con los que estamos vinculados porque es una situación muy difícil por la que se está atravesando. Las señales del gobierno nacional sobre discapacidad son claras. Si esto estalla, ¿qué va a pasar con las personas con discapacidad? Se están vulnerando sus derechos. Y por otra parte, corren peligro las fuentes de trabajo de los profesionales de la discapacidad”, remarcó.
En términos políticos, Chamorro agregó “Javier Milei se la agarra con las personas con discapacidad, se pelea con los más vulnerables. No va en contra de la casta ni de los grupos más poderosos”, concluyó.
Rodrigo Agrello, de Encuentro Vecinal, quien también acompañó el reclamo, dijo “Creo que todo reordenamiento económico debe contemplar a los sectores más débiles. Todos debemos ser parte del futuro de este país”.
Por su parte, el ex intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, también marchó. “Estamos acompañando el reclamo insensible, por parte parte del Presidente ante su decisión de actualizar el nomenclador con un atraso de 165%, a un sector de la discapacidad”, memoró Mestre en un video en donde se lo muestra en el acto. El radical opositor a De Loredo concluyó: “son derechos y hay que respetarlos”.
En paralelo, la interna radical refloreció y tuvo una perlita. El concejal correligionario, Javier Fabre, desempolvó del baúl de los recuerdos un evento acto polémico que se vivió en la primea gestión de Mestre como intendente, cuando en medio de la presentación de unos colectivos nuevos que llegaban a la ciudad, miembros del equipo de seguridad privada que había contratado la municipalidad, reprimieron a las personas que fueron al lugar a reclamar para que esos vehículos contaran con rampas para personas con discapacidad.
Los reclamos por los recortes en discapacidad:
Los reclamos giraron en torno a distintos puntos: demoras en los pagos a prestadores por parte de obras sociales y el Estado, falta de actualización de aranceles, demoras en autorizaciones de tratamientos, y la necesidad urgente de garantizar una cobertura integral, continua y de calidad para personas con discapacidad.
Si bien el conflicto no es nuevo, las organizaciones afirman que la situación se ha agravado en los últimos meses. La crisis económica, la inflación y la falta de voluntad política son mencionadas como parte de una deuda estructural del Estado con las personas con discapacidad.
Desde la Red Federal por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) remarcaron que no se trata de un problema técnico ni aislado, sino de una cuestión de derechos humanos: “El ajuste no puede pasar por los más vulnerables. La discapacidad no es un gasto, es una responsabilidad colectiva”.
La marcha de Córdoba se replicó en otras ciudades del país y forma parte de una jornada federal de visibilización y reclamo. En redes sociales, bajo hashtags como #NoAlAjusteEnDiscapacidad y #MarchaPorLaDiscapacidad, se compartieron imágenes, testimonios y llamados a la solidaridad.
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