El legislador radical impulsa una consulta popular para definir si la Ciudad debe administrar su propia fuerza de seguridad. La votación sería el 1 de marzo de 2026.
Provincial04 de noviembre de 2025
Carolina Biedermann
Por Carolina Biedermann
El legislador radical Dante Rossi presentó un proyecto de ley que impulsa una consulta popular en la Ciudad de Córdoba, para que los vecinos respondan por “sí” o por “no” si están de acuerdo en traspasar la jurisdicción y competencias de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana al municipio capitalino.
El texto prevé que todos los recursos e infraestructura actualmente bajo control provincial pasen a la órbita del Ejecutivo municipal.
La iniciativa de Rossi es en consonancia con la propuesta de campaña que encaró su correligionario Rodrigo De Loredo, en las elecciones municipales del 2023, para Córdoba Capital.
En aquella oportunidad, el diputado nacional había presentado una batería de propuestas y cuestionamientos puntuales hacia la gestion de la ciudad que conducía en ese periodo Martín Llaryora, entre ellas algunas sobre la seguridad.
El candidato a intendente de Juntos por el Cambio, había anticipado que si era intendente iba a pedir el traspaso de los más de 10.000 agentes policiales que operan en la capital, con sus recursos e infraestructura: “Con nuestros equipos estamos listos para hacernos cargo. La transferencia a nuestro ámbito nos permitirá trabajar mejor, brindar un mejor servicio, y lograr mejores resultados en el mediano plazo”, decía De Loredo. La derrota de su candidatura dejó en el tintero esta idea.
Ante esta nueva propuesta Rossi señaló que la inseguridad es hoy el principal problema de los cordobeses, y cuestionó el desempeño del Gobierno provincial durante los últimos 26 años. “Han fracasado estrepitosamente en esta materia, porque abordaron el tema desde el marketing y la publicidad”, apuntó.
Si bien la idea suena atractiva hay un tema crucial para lograr que esa idea pueda ser puesta en marcha. En primer lugar, los municipios de la provincia de Córdoba no son autónomos en materia de seguridad. La idea que se plantea se asemeja a lo que sucede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde precisamente hay un gobierno independiente, que cuenta con las facultades para gestionar el servicio de seguridad propio.
Por otra parte, en Córdoba, la función policial ordinaria (mando, organización y despliegue de la Policía) es competencia de la Provincia. La Ley de Seguridad Pública de Córdoba establece que “la Policía de la Provincia ejerce sus funciones en todo el territorio provincial (salvo servicios de jurisdicción federal o militar)”. Esto explica que la policía depende orgánicamente del Poder Ejecutivo provincial y su Ministerio de Seguridad. Ejecutar el cambio legislativo al que apunta Rossi implicaría una modificación de fondo en la ley de seguridad provincial.
Por otra parte, el proyecto abriría la posibilidad de que cada uno de los más de cuatrocientos municipios y comunas del territorio cordobés puedan solicitar la misma potestad, luego de brindarle esa concesión a la ciudad Capitalina.
El proyecto de Rossi tiene sustento. Entre sus críticas a partir de las cuales impulsa esta idea, mencionó la creación de siglas como la CAP, las presentaciones de móviles en el Estadio Kempes y las motos con sidecar “que para nada sirvieron”. A su juicio, la fuerza policial sufre de desprofesionalización, falta de liderazgo e inversión, poca tecnología y escaso control. “No hay un plan concreto y sostenido en el tiempo como política de Estado, consensuada con todas las fuerzas políticas”, remarcó.
El proyecto plantea que las fuerzas asentadas en la ciudad actúen bajo las órdenes del intendente y la supervisión del gobernador, conforme al artículo 144 inciso 16 de la Constitución Provincial.
La iniciativa del legislador radical incluye el traspaso de unos 11 mil agentes, más de 1.400 vehículos y 49 dependencias policiales —43 comisarías y 6 subcomisarías— junto con su presupuesto correspondiente.
Rossi sostuvo que la propuesta sigue el modelo de policía de cercanía, que “en el mundo entero se impone como paradigma”, y citó el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como ejemplo de funcionamiento exitoso. “No buscamos un salto al vacío”, aclaró.
Finalmente, el legislador defendió el uso de mecanismos de democracia semidirecta, previstos en la Ley 7811, y subrayó que fortalecer la democracia también implica involucrar a la sociedad en los grandes temas.
“Queremos consultar a los vecinos de Córdoba sobre si están de acuerdo en que la Ciudad administre su propia fuerza policial”, concluyó.
La seguridad continúa siendo uno de los mayores reclamos de la sociedad cordobesa. Es la pata floja que aún, a pesar de los recursos destinados por el Ejecutivo y de las últimas presentaciones de móviles y otros programas, no se refleja en la diaria del vecino. Las propuestas en materia de seguridad y abrir el juego a la discusión, es parte de un debate que se tiene que dar. Pero la pregunta final es si los municipios están en condiciones de asumir la responsabilidad de gestionar y administrar la seguridad es su jurisdicción.
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