La educación superior se convirtió en uno de los caballitos de batalla del gobernador Martín Llaryora para marcar diferencias con la administración de Javier Milei. En un escenario atravesado por las restricciones presupuestarias y el conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas, la Provincia busca mostrar una realidad distinta a partir del crecimiento de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC). La expansión territorial, la apertura de nuevas carreras y la inversión en infraestructura educativa forman parte de una política que el Panal utiliza también para contrastar prioridades con la Casa Rosada.
La apuesta tiene, además, una dimensión política y territorial. A través del programa UPC Federal, el Gobierno provincial impulsa la llegada de la universidad a distintas localidades del interior, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior sin necesidad de que los jóvenes deban trasladarse a la capital. Actualmente funcionan 12 sedes regionales y la meta es alcanzar las 15.
En ese contexto, la rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo, en diálogo con Alfil, defendió el rumbo de la institución, cuestionó con dureza la política universitaria nacional y explicó cómo será la ampliación de una oferta académica orientada a las nuevas demandas del mercado laboral.
—¿Qué opinión tiene respecto de lo que está ocurriendo en el Gobierno nacional en materia de financiamiento educativo?
—Estamos frente a una discusión que excede lo presupuestario. Lo que está en juego es qué lugar le damos a la educación pública en el proyecto de país que queremos construir. Una universidad necesita previsibilidad para planificar. La universidad pública no es un gasto, es parte de la inversión estratégica de un país. Y hoy, desde el Estado nacional, se la está tratando como una variable de ajuste. Los números son elocuentes. El proyecto de Presupuesto asigna a las universidades nacionales alrededor de 7,3 billones de pesos desoyendo la ley, cuando el sistema, a través del CIN, demostró técnicamente y en observancia de la legislación vigente que necesita cerca de 11 billones. Eso es poner en riesgo el normal inicio de clases y el funcionamiento de las universidades.
Pero además existe una Ley de Financiamiento vigente que fue aprobada, vetada, insistida con mayoría agravada y judicializada por el Gobierno en un sistemático intento por desconocerla. Una ley que la Justicia ordenó cumplir, que ya fue reclamada en cinco marchas federales por millones de personas en todo el país, y que aun así lleva ya más de un año de no aplicación plena. Hoy presido la Red de Universidades Provinciales y, desde ese lugar, acompañamos el reclamo de todo el sistema.
En todo ese convulsionado marco, desde Córdoba demostramos que, cuando hay decisión política, la universidad pública crece y se consolida. Mientras la Nación recorta y asfixia, la Provincia apostó a fortalecer y expandir su universidad. Esa es la discusión de fondo: cuáles son las prioridades y qué modelo de país queremos.
—¿Con qué perspectivas ven los próximos años para la UPC?
—Las perspectivas son de expansión y consolidación del modelo que venimos desarrollando. La UPC celebró por primera vez sus elecciones democráticas para elegir autoridades, conformar sus órganos de cogobierno y dar por concluida una larga etapa de normalización. Después de atravesar sus etapas de organización y de normalización, la UPC ya es una institución madura, con un gobierno con legitimidad propia. Eso lo cambia todo.
—¿Y cuáles serán los objetivos?
—Nuestras prioridades son tres: en primer lugar, consolidar la expansión territorial, porque hoy tenemos 12 sedes regionales funcionando y vamos hacia las 15 proyectadas en el Programa UPC Federal. Llevamos la universidad a donde están los chicos y chicas, para que estudiar no implique tener que irse de su pueblo, ofreciendo más de 100 carreras universitarias en toda la provincia. En segundo lugar, queremos fortalecer la calidad institucional a partir de la exitosa evaluación de la CONEAU concluida este año, que nos dejó un sustancial diagnóstico basado en evidencia, con logros y oportunidades de mejora. Y por último, buscaremos ampliar y actualizar nuestra oferta académica con carreras vinculadas a las necesidades de cada territorio, sin perder de vista la dimensión de la internacionalización.
En ese momento tenemos más de 26.500 estudiantes. En las sedes, ocho de cada diez son la primera generación universitaria de sus familias. Esa es la verdadera dimensión de lo que hacemos: movilidad social y oportunidades de desarrollo para las personas y las comunidades.
—¿Cómo se adaptan a las nuevas necesidades educativas en momentos tan cambiantes para el mundo laboral?
—Hoy el mundo del trabajo cambia de manera acelerada y todo el tiempo, por lo que contar con un título universitario y entender a la universidad como un espacio de formación continua para toda la vida vale más que nunca. Por eso estamos impulsando un cambio de paradigma académico: trayectos actualizados y flexibles, sistema de créditos académicos, diálogo permanente con el sector productivo, cultural y social de cada región, y competencias digitales incorporadas de forma transversal.
Trabajamos el diseño de nuestros planes de estudio con esos sectores sentados a la mesa de trabajo: colegios profesionales, clusters y cámaras, entre otras entidades, nos acompañan en el diseño curricular para garantizar la atención a las necesidades de cada sector y también de cada región, porque cada una tiene sus particularidades, lo cual mejorará las posibilidades laborales de cada egresado.
Las nuevas ofertas —como las vinculadas al cuidado de personas, el desarrollo de la escritura, la geoinformación, las tecnologías emergentes, la formación docente desde un abordaje por áreas o la incorporación de titulaciones técnicas intermedias— explican esa actualización académica que pregonamos y que están centradas en las demandas actuales.
