La legisladora Alejandra Ferrero admitió el pedido de los mandatarios radicales que no quieren quedarse sin financiamiento para obras. Dentro del interbloque, no descartan votar en forma positiva el proyecto en general y rechazar en particular ciertos artículos.
Provincial27 de noviembre de 2025 Gabriela Yalangozian
La discusión por el Presupuesto 2026 de Córdoba ingresó en la etapa de mayor tensión política y territorial, y los intendentes radicales comenzaron a marcarle el pulso a los legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio.
En un escenario de crisis de ingresos y obras paralizadas, los mandatarios en el interior piden explícitamente acompañar en general el proyecto de Presupuesto 2026 elevado por el gobernador Martín Llaryora a la Legislatura para no quedar afuera de los planes de financiamiento provincial del próximo año.
Ese pedido condiciona la estrategia parlamentaria del interbloque, que intenta equilibrar su rol opositor con un reclamo urgente del interior.
Así lo dejó entrever la presidenta del interbloque de JxC, Alejandra Ferrero, quien admitió que la solicitud de los intendentes del interior existe y que se volvió un factor determinante: “La UCR tiene más de 150 intendentes que necesitan obras, financiamiento y previsibilidad en un contexto muy crítico, donde muchos apenas llegan a pagar salarios. Hay un pedido concreto del Foro de Intendentes para que acompañemos en general, aunque planteando objeciones en particular. Estamos evaluando cómo equilibrar esa demanda territorial con nuestra posición política”, señaló Ferrero en las últimas horas.
Aun así, y en sintonía al año legislativo crispado que se vive, Ferrero diferenció el Presupuesto del proyecto de Tarifaria 2026, cuestionando el discurso oficialista basado en una “histórica rebaja impositiva”. La jefa del interbloque fue tajante al asegurar que la baja de impuestos anunciada “es más una consigna que una transformación real”.
“El 70% de la recaudación sigue dependiendo de Ingresos Brutos, un impuesto regresivo y distorsivo. Las bajas se concentran en el inmobiliario, que recauda poco, mientras no se tocan las alícuotas que castigan al sector productivo”, evaluó.
Poroteo a favor y críticas en contra
Mientras la UCR navega entre la presión del interior y las críticas al esquema fiscal, dentro de la órbita de los libertarios, el legislador Agustín Spaccesi fue contundente. Consultado por Alfil aseguró que votará en contra y lanzó un diagnóstico muy crítico: “Voy a rechazar el Presupuesto igual que rechacé la Cuenta de Inversión. No hay reducción del gasto, solo hay maquillaje fiscal”, afirmó.
Sobre el supuesto alivio fiscal al sector industrial, Spaccesi subrayó: “La promoción que venden no es real. Eximen a quienes facturaban igual que en 2025, pero les exigen invertir el 1,5%. Para un industrial, donde la rentabilidad neta no supera el 4%, eso es muchísimo dinero”.
También apuntó contra las rebajas para comerciantes: “Dicen que eximen al 65% y reducen alícuotas, pero no es real. La presión fiscal sigue intacta”, advirtió.
En la misma sintonía se encuadraría varios legisladores del arco opositor. Pero, aún así, el poroteo final le es favorable al oficialismo para avanzar con la primera lectura el 3 de diciembre.
El oficialismo exhibe número propio
En rigor de verdad, el peronismo cordobés sabe que tiene la aprobación garantizada sin depender de alianzas de último minuto. La incorporación de Federico Alesandri y la expectativa de acompañamientos parciales a pedido de los intendentes del interior consolidaron una mayoría que el oficialismo da por cerrada.
Más allá de que los bloques de la minoría en la Unicameral despotriquen en su contra, en Hacemos Unidos por Córdoba aseveran que la consigna de la baja impositiva tuvo buena acogida, en especial, tras el apoyo obtenido de las cámaras empresarias cordobesas.
Al mismo tiempo, sirvió para enviar un mensaje a los votantes de LLA en la provincia. El argumento es lineal: el esquema presupuestario propuesto por Llaryora es parte de un alineamiento estratégico con la Casa Rosada.
Por eso no extraña que algunos oficialistas no descarten un “cambio de favores” y en la mira está el bloque juecista. Cabe recordar que desde el Frente Cívico ya anticiparon el rotundo rechazo al proyecto, denunciando que el “alivio” es apenas una reducción parcial del “impuestazo del 2025”.
Aún así, en los pasillos de la Unicameral hay quienes especulan una negociación del voto favorable en la Legislatura cordobesa “a cambio” de sumar adhesiones al Presupuesto nacional de Javier Milei en el Congreso; algo que hasta ahora, los legisladores del FC descartan de plano.
El legislador provincial de Juntos por el Cambio reavivó el debate sobre la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones de Córdoba al respaldar un proyecto que permitiría elevar hasta 4% las alícuotas de aportes personales, en medio del rechazo de gremios estatales que advierten impacto salarial y vulneración de derechos previsionales.
Tras una primera lectura atravesada por tensiones internas en la oposición y un clima legislativo fragmentado, el llaryorismo debe resolver si abre el proyecto a revisiones o si llega a la segunda vuelta con la misma hoja de ruta fiscal que defendió con firmeza en el recinto. Todo apunta a una ratificación del rumbo en la segunda lectura.
Más rezagado que en Diputados, donde ya quedó conformado al menos momentáneamente el bloque, Provincias Unidas busca ampliarse en cámara baja a partir del trío conformado por Vigo, Camau y Terenzi. La reunión de gobernadores que delató la rosca.
El mandato de Ferrer es hasta septiembre del 2026, pero el mestrismo quiere el calendario antes de fin de año.
Los sindicatos del sector público se reunieron con Consalvi. La Provincia dice que los salarios estatales le ganan 5 o 6 puntos al costo de vida, pero no rechaza de plano el pago de un refuerzo de fin de año. La última palabra la tiene Llaryora, que sigue ocupado con los retoques del gabinete.
Siciliano le dará hasta marzo a los secretarios de las distintas áreas para que cumplan los objetivos. El concepto es que el gobierno tiene muchos técnicos pero poca promoción política de las acciones en territorio. La puja por los fondos.
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