Carolina Biedermann
El reclamo que hizo el gobernador Martín Llaryora al gobierno nacional y sus referentes locales tuvo eco inmediato en un sector del radicalismo. Un grupo de radicales alineados con el deloredismo remarcan que esta no fue una reacción aislada y platearon incomodidad con sincronía con el Gobernador, que generó ruido interno. Los correligionarios que se sumaron al pedido de destitución del titular del PAMI, son los que, puertas adentro del partido, suelen ser catalogados como “dialoguistas” o “afines” al Panal. En contrapartida, el oficialismo partidario que referencia a Rodrigo de Loredo optó, hasta ahora, por la cautela que roza el silencio estratégico, y aún no hubo expresiones oficiales, salvo la del legislador Miguel Nicolás que salió con un mensaje en representación de su propio núcleo.
El conflicto del PAMI, en Córdoba, se traduce en paros de los médicos de cabecera y deudas millonarias con intendentes del interior, quienes vienen cubriendo las falencias del organismo nacional, y que, lógicamente, termina generando un impacto directo en el sistema sanitario de los municipios y en el de la propia provincia. Este conflicto, bajo estas expresiones, escaló el plano administrativo y ya trasciende lo político, entrando ya en terreno de interna radical.
En ese marco, el legislador Dante Rossi fue el primero y uno de los más duros en salir al cruce. Presentó un proyecto en la Legislatura cordobesa, en el que calificó a la conducción local del organismo nacional como “cruel e insensible”. Al mismo tiempo cuestionó que el equilibrio fiscal se persiga a costa del sistema de salud. Una línea argumental que coincide con la crítica que el propio Llaryora dirigió hacia la Nación.
A esa postura se sumó el defensor del Pueblo Adjunto, Carlos Galoppo, quien fue más allá y pidió la renuncia de toda la cúpula del PAMI Córdoba. Sobre Galoppo, parte del radicalismo enfocó la crítica, haciendo hincapié en la producción que le destinó a la producción de un material audiovisual, acción que no suele ser habitual, al menos por ahora, por parte del organismo. El ex intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, también salió al cruce. Lo hizo con un enfoque más estructural y puso el foco en el financiamiento. Cuestionó los $2.100 por cápita que paga la Nación a los médicos de cabecera y lo definió como “una burla”. El quiebre frente a este lineamiento lo dio el legislador Miguel Nicolás. Fue el único del esquema afín al deloredismo que rompió el silencio pero tomó una postura de críttica en contra de la Nación, pero especialmente lo hizo en contra de Llaryora. Nicolas expresó: “Coherencia, Gobernador” y lanzó un punto crítico al mencionar la situación del APROSS y el recorte al 82% móvil de los jubilados provinciales tras años de administraciones peronistas.
Mientras una parte del radicalismo enfoca el planteo hacia el titular de una dependencia IA nacional en Córdoba, otro intenta reubicar el foco en la gestión del Panal.
En términos políticos, el “Operativo PAMI” le permitió a Llaryora marcarle la cancha a los libertarios en territorio cordobés, pero, una vez más, deja al descubierto las fisuras internas en la UCR.
Por un lado, un sector correligionario que, según sus detractores, mantiene diálogo con el peronismo. Por otro lado, una conducción que, por ahora, opta por el silencio, en lo que el ala opositora ya califica como “silencio de complicidad” para no entorpecer eventuales negociaciones con el oficialismo nacional.
La crisis sanitaria, en definitiva, funcionó como un disparador, mientras por detrás se empiezan a ver los posibles aliados de cada sector de la UCR.
