El Congreso Internacional de Salud organizado por Confeclisa se transformó en el escenario de un fuerte debate político sobre la sustentabilidad del sistema sanitario en la Argentina.
Lejos de las discusiones puramente técnicas, el encuentro expuso las marcadas diferencias que hoy existen entre el rumbo fijado por el Gobierno Nacional—centrado en el ordenamiento macroeconómico, aunque se base en restricciones— y la mirada de los ejecutivos provinciales, con Córdoba a la cabeza, que enarbolan la bandera de sostener redes mixtas y planificadas que permitan contener el marcado aumento de demanda sobre el sector público de los últimos meses.
El termómetro político del congreso subió de temperatura durante el panel legislativo, coordinado por la periodista Irene Hartmann. En ese espacio se produjo un cruce de visiones entre el oficialismo cordobés y los representantes de La Libertad Avanza, donde el legislador provincial Facundo Torres buscó marcar una clara línea de demarcación respecto a las políticas nacionales.
El exintendente de Alta Gracia confrontó argumentos con Manuel Quintar —diputado nacional jujeño por LLA, presidente de la comisión de Salud de la Cámara Baja y dueño de la famosa Tesla-Cybertruck—; y con Marcos Patiño Brizuela, legislador provincial libertario y extitular del PAMI en Córdoba, cuya gestión al frente de la obra social ha estado en el centro de las discusiones tras las recientes reestructuraciones de coberturas.
Facundo Torres resaltó que “en Córdoba hay equilibrio fiscal, pero se trabaja con el sector privado hace más de 20 años, sobre todo en salud”, señaló Torres Lima, diferenciándose de Nación.
“Como la salud es parte de la vida, las políticas públicas no pueden definirse de manera intempestiva e irracional, sino que tienen que tener un sustento lógico y racional”, argumentó Torres Lima.
En esa línea, puntualizó sus diferencias con el diputado jujeño Manuel Quintar: “Lo escuché al diputado de Jujuy, no coincido en el tema PAMI o en el tema medicamentos. Creo que se han tomado decisiones intempestivas por parte del Gobierno nacional y se va a pagar caro si no tomamos medidas paliativas rápidamente”. Como contrapropuesta a la coyuntura, Torres Lima expuso la necesidad de previsibilidad y anticipó un proyecto vinculado a declarar la emergencia sanitaria respecto a los anestesiólogos para abordar las problemáticas del sector.
Frente a los cuestionamientos por el impacto de las medidas nacionales en los prestadores y afiliados, Marcos Patiño Brizuela defendió el proceso de reordenamiento que lleva adelante la Casa Rosada y fundamentó la necesidad de aplicar auditorías estrictas sobre el gasto público.
El exdirector del PAMI en Córdoba argumentó que la obra social se encuentra en una etapa de saneamiento indispensable: "El PAMI está en una posición de auditar, de llevar a cabo un control estricto de las prestaciones que se brindan y de la necesidad de revisar todo lo que hay. Se han descubierto muchísimos desvíos y en eso está trabajando el nivel central, que es básicamente el que maneja el presupuesto", explicó el legislador libertario.
Asimismo, Patiño Brizuela relativizó las críticas y buscó poner en valor el volumen prestacional del organismo, que cuenta con 5,5 millones de afiliados en todo el país: "Es la obra social más grande del país y es la que brinda la mayor cantidad de servicios; da medicamentos gratis, pañales y geriatría con una visión social. En un 'monstruo' de ese tamaño, obviamente puede haber algunas cosas con las que alguien esté un poco disconforme”.
Las diferencias expuestas en la mesa parlamentaria encontraron sustento técnico en las ponencias de los responsables de las carteras sanitarias locales. Los ministros Ricardo Pieckenstainer (Córdoba) y Fernán Quirós (CABA) coincidieron en señalar con preocupación el repliegue del Gobierno nacional en materia de financiamiento.
Pieckenstainer fue categórico al describir cómo impacta la falta de un plan de contingencia nacional sobre las arcas provinciales. “Lo que a vos te deteriora mucho el sistema sanitario son los cambios de reglas, no tanto los cambios de precios. Los cambios de precios te acomodás porque los podés gestionar; los cambios de reglas son muchísimo más difíciles”, advirtió el funcionario de Martín Llaryora.
El ministro de Salud cordobés relató además las dificultades para coordinar políticas con la gestión nacional que encabeza Mario Lugones. Según Pieckenstainer, ante los reclamos provinciales por el bache financiero, la respuesta de la Nación ha sido delegar la responsabilidad por completo: "Lo que nos dijo Lugones es: 'No es mi problema, es el problema de ustedes. La salud no es más mi problema'". Frente a esto, el ministro cordobés insistió en la necesidad de un marco de referencia: "Nosotros necesitamos, Mario, que lideres, nos des las directivas, nos digas cuáles son las metas, cuál es el plan”.
Según detalló Pieckenstainer, Córdoba viene desembolsando unos 6.000 millones de pesos mensuales (una cifra que creció desde los 2.000 millones iniciales a comienzos de año) para sostener coberturas y tratamientos que la Nación dejó de financiar, incluyendo el programa de salud sexual. "Lo vamos a tener que hacer porque los pacientes están acá", concluyó el ministro.
