Gabriela Yalangozian
Ocho meses después de que el intendente de La Calera haya pedido a la Justicia investigar un posible fraude durante los comicios del 4 de junio de 2023, el Concejo Deliberante de esa localidad aprobó por mayoría un nuevo Régimen Electoral Municipal que incorpora por primera vez la Boleta Única de Sufragio (BUS) y endurece sanciones contra prácticas históricas vinculadas al clientelismo.
La iniciativa fue presentada oficialmente como un “golpe al fraude electoral”, aunque detrás de la discusión institucional también aparece una fuerte disputa política con el rufeilismo, el histórico sector justicialista que gobernó la ciudad durante años bajo las gestiones de Rodrigo y Facundo Rufeil.
Desde el oficialismo aseguran que el nuevo esquema busca terminar con el robo de boletas, el voto inducido y el aparato territorial que, según denuncian, dominó durante años las elecciones locales.
La reforma electoral no nació de la nada. Tiene un antecedente político y judicial explosivo: la denuncia que el propio Rambaldi presentó en septiembre del año pasado ante la Justicia Federal.
En aquella presentación, el intendente sostuvo que existían maniobras sistemáticas vinculadas a la falta de depuración de padrones electorales y apuntó contra exfuncionarios municipales del PJ local.
En ese entonces, Rambaldi aseguró que habían detectado al menos 70 personas fallecidas que figuraban votando en elecciones provinciales y nacionales entre 2016 y 2023. Pero además fue más allá: sostuvo que existía un universo de alrededor de 500 fallecidos que seguían activos en los registros y que podrían formar parte de la misma maniobra.
Según la acusación, las autoridades del Registro Civil local no habrían informado correctamente defunciones al Renaper ni a organismos provinciales, permitiendo que documentos de personas fallecidas continuaran activos en los padrones.
En paralelo, desde el municipio afirmaron haber encontrado más de 150 DNI sin destruir dentro de dependencias municipales.
La nueva normativa reemplaza el viejo régimen electoral municipal y establece la implementación definitiva de la Boleta Única de Sufragio. El proyecto sostiene que el sistema tradicional de boletas partidarias o papeletas facilitaba maniobras como el robo de sufragios, el voto cambiado y desigualdades entre fuerzas políticas con menor estructura territorial.
La ordenanza determina que la boleta será confeccionada exclusivamente por la Junta Electoral Municipal e incluirá a todas las fuerzas políticas en un único instrumento de votación.
Pero uno de los capítulos más sensibles del nuevo régimen es el vinculado al traslado de votantes.
Según denunciaron desde el entorno de Rambaldi, durante las elecciones municipales de 2023 habrían contabilizado más de 115 traffics operando en la ciudad para trasladar electores hacia los centros de votación.
La acusación política apunta directamente al rufeilismo, al que responsabilizan de montar un esquema masivo de movilización electoral con vehículos que, aseguran, llegaban incluso desde la ciudad de Córdoba con vouchers de combustible.
Siempre según esa versión, muchas de esas traffics eran identificadas con símbolos particulares para coordinar recorridos barriales y movimientos de punteros políticos.
El nuevo régimen electoral prohíbe expresamente el transporte organizado de electores mediante vehículos vinculados a agrupaciones políticas cuando implique condicionamiento o presión sobre el votante.
Además, establece multas que van desde 1.000 hasta 4.000 Unidades Fijas, decomiso de vehículos e incluso quita de licencias de conducir.
La ordenanza también incorpora un capítulo específico contra prácticas clientelares.
Queda prohibido el ofrecimiento o entrega de dinero, mercadería o cualquier tipo de beneficio para influir en el voto. Las sanciones previstas alcanzan multas de hasta 5.000 Unidades Fijas.
En el oficialismo sostienen que durante años fueron habituales prácticas como reparto de bolsones o sobres con dinero durante las campañas. También se eliminarán los tradicionales “puestos informativos” partidarios durante la jornada electoral, estructuras que desde el municipio consideran mecanismos encubiertos para repartir boletas y coordinar punteros políticos.
En paralelo, el nuevo régimen regula la publicidad callejera y obliga a retirar cartelería y propaganda dentro de plazos específicos.
La reforma no pasa inadvertida dentro del mapa político cordobés. En el entorno de Rambaldi creen que La Calera puede convertirse en un caso testigo para impulsar debates similares en otros municipios.
Mientras tanto, el intendente consiguió instalar un tema y desarmar el viejo aparato político que no solo funcionaba en esa localidad, sino que se repite aún en muchas otras. Y lo hizo cuando todavía las fechas electorales del 2027 no fueron establecidas y aún faltan meses para que inicie la campaña, que ya dan por sentado que tendrá buscando la reelección.
A sabiendas de que su denuncia en la Justicia no tuvo avances a pesar de los titulares en los que señalaba que en La Calera votaban “hasta los muertos”, el nuevo Régimen Electoral Municipal busca dar transparencia a los próximos comicios, bajar los costos de impresión con las BUS y darle un coto definitivo a años de clientelismo político.
