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Llaryora empuja a intendentes a la cruzada por zonas frías

El gobernador traccionó el apoyo de alcaldes de los 13 departamentos que todavía reciben subsidio al gas. Advirtió posibles subas de entre el 42 y el 100 por ciento en las facturas. Foto política y apurada a opositores.
Provincial19 de mayo de 2026Yanina SoriaYanina Soria
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El cordobesismo encontró en el proyecto nacional que busca rediseñar el esquema de subsidios al gas, una hendija por donde asestarle un doble golpe a la oposición.

Por un lado, les avisa a los cordobeses de esos 688 mil hogares de los 13 departamentos de zonas frías que, de avanzar con la quita del subsidio como pretende la Nación, habrá aumentos de entre el 42 y el 100 % en las facturas. Por el otro, políticamente, corre a los diputados por Córdoba y principales referentes de la oposición a rechazar el nuevo régimen haciéndolos responsables del “perjuicio” que significaría para casi dos millones de cordobeses perder ese beneficio. Justo en las zonas donde el frío golpea más. Incluso, los invitó a reclamar para incorporar como zonas frías a otras regiones de la provincia.

Y a esa cruzada, Llaryora sumó ayer a intendentes de los 13 distritos en cuestión: Capital, Calamuchita, General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Pte. Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

Los jefes comunales (de distintos colores políticos) fueron convocados a un acto en el Centro Cívico encabezado por el propio mandatario, para repasar los números del impacto del proyecto que se tratará mañana en Diputados y ordenar una posición institucional conjunta para darle volumen y peso al reclamo contra la Nación.

“¿Qué diputado, qué senador puede acompañar una medida que va a perjudicar casi a dos millones de cordobeses? Tenemos que seguir peleando por zonas frías porque Traslasierra, por ejemplo, no está incorporado y me dicen que tenemos a Mina Clavero con -5,8 grados, en las Altas Cumbres -6 grados. Ahora, hay que mostrarle esto a los de Capital Federal para que conozcan la Argentina. ¿Qué estamos discutiendo, entonces? ¿Si en Córdoba hay o no zonas frías? Fue una pelea de años”, disparó ayer.

Previo a ello, desde la Mesa Provincia-Municipios, a través de los distintos bloques políticos que representan a los intendentes, firmaron una resolución de rechazo al proyecto nacional y de pedido a los diputados y senadores por Córdoba a no acompañar tal iniciativa.

La Mesa manifestó su preocupación ante la posibilidad de eliminar “o desnaturalizar el criterio territorial” que sostiene el régimen vigente que reconoce que no todas las regiones del país tienen las mismas condiciones climáticas y que, por lo tanto, la tarifa de gas debe contemplar.  

El cordobesista valoró como un acto de madurez que intendentes y presidentes comunales de provenientes de distintas expresiones partidarias fijen una postura común ante el proyecto legislativo. “Córdoba muestra que se puede llegar a acuerdos más allá de las ideologías. Acá no promocionamos la grieta, hoy demostramos que podemos tener puntos de conexión más allá de los partidos políticos”, afirmó.

Actualmente, unas 688 mil familias reciben el beneficio de Zona Fría. De ese total, aproximadamente 280 mil hogares acceden a una bonificación del 30 por ciento en la tarifa, mientras que otros 408 mil reciben descuentos del 50 por ciento por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeconómica. 

“Muchas veces -continuó- me han criticado por acompañar ciertos temas y rechazar otros; eso es estar fuera de la grieta. Asumimos el costo político de apoyar lo que está bien y rechazar lo que está mal por el bien de los cordobeses. Es fácil ser un opositor o un oficialista ciego, pero no es responsable”, siguió.

Según se expuso durante el encuentro, el 87 por ciento de los usuarios residenciales de gas por red en Córdoba accede hoy a algún tipo de subsidio asociado al régimen de Zona Fría, alcanzando a más de 2,2 millones de cordobeses. La resolución también advierte que la eliminación del criterio territorial vigente profundizaría desigualdades regionales y podría agravar situaciones de pobreza energética, afectando especialmente a jubilados, familias trabajadoras y sectores vulnerables durante los meses de mayor consumo invernal.

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