Gabriela Yalangozian
La decisión del Gobierno de Javier Milei de avanzar con el vaciamiento de la Unidad Turística Embalse (UTE) abrió un nuevo frente de conflicto político con Córdoba. El cierre progresivo del histórico complejo de turismo social y los despidos masivos en el complejo hotelero cordobés y en Chapadmalal no solo generaron protestas gremiales y movilizaciones, sino que además activaron una reacción política que busca instalar el tema como otro punto de tensión entre la Provincia y la Nación.
Este martes, diputados cordobeses vinculados al espacio Provincias Unidas comenzaron a coordinar acciones legislativas para exigir precisiones sobre el futuro de la UTE al Ejecutivo nacional y cuestionar el proceso de desmantelamiento impulsado desde la Secretaría de Turismo de la Nación, conducida por Daniel Scioli.
La figura más activa en esa avanzada es la diputada Carolina Basualdo, representante del schiarettismo dentro de Provincias Unidas, quien presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo nacional para reclamar detalles sobre los criterios utilizados para cerrar hoteles y avanzar con los despidos del personal.
“La UTE es un emblema de Córdoba e históricamente ha beneficiado la actividad económica local. ¿Por qué avanzar sin plan, sin escuchar y sin plantear soluciones?”, planteó Basualdo en redes sociales, donde además cuestionó que el Gobierno nacional considere al predio como un bien “innecesario” y “sin destino”.
La legisladora pidió explicaciones formales a la Secretaría de Turismo y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), al tiempo que recordó que el complejo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2013.
El caso Embalse empezó además a generar incomodidad dentro del cordobesismo, que en los últimos meses había intentado mantener una relación institucional relativamente equilibrada con la Casa Rosada pese a los recortes nacionales. Sin embargo, la situación de la UTE se suma ahora a otros conflictos recientes, como las críticas por la eliminación del esquema de Zonas Frías y los reclamos por la caída de recursos nacionales.
Dentro del schiaretismo ven con preocupación el impacto social y económico que podría tener el cierre definitivo de la unidad turística en la región de Calamuchita. No solo por la pérdida de empleos directos, sino también por el movimiento económico que históricamente generó el complejo en Embalse y localidades cercanas.
El ajuste aplicado sobre el turismo social dejó números contundentes. Según datos aportados por ATE, en diciembre de 2023 había alrededor de 700 trabajadores entre Embalse, Chapadmalal y la sede central de Turismo. Actualmente quedarían menos de 100.
En Embalse, los 14 empleados contratados fueron desvinculados y otros 30 trabajadores de planta permanente quedaron en situación de disponibilidad, una figura administrativa que podría derivar en despidos definitivos dentro de los próximos seis a doce meses.
Desde ATE Río Tercero, el secretario general David Salto denunció un “vaciamiento planificado” y aseguró que el objetivo final es liberar los predios para futuras concesiones privadas.
Salto reveló además que existe una mesa política integrada por legisladores nacionales y dirigentes cordobeses que analiza alternativas legislativas y judiciales para intentar frenar el cierre.
El conflicto ya comenzó a trasladarse también a las calles. Durante el fin de semana se realizaron protestas y cortes parciales sobre la ruta 5 y el puente del dique de Embalse, encabezados por trabajadores, vecinos y organizaciones sociales que rechazan el desmantelamiento del complejo turístico.
Aunque el eje principal de la reacción política fue en Provincias Unidas, el kirchnerismo también salió a cuestionar con dureza la medida nacional.
La diputada de Unión por la Patria Gabriela Estévez denunció que el Gobierno “vació por completo Embalse y Chapadmalal” y sostuvo que “desde la creación de las unidades turísticas en los años 40 nunca pasó algo así”.
Para la legisladora, detrás del cierre existe una lógica privatizadora. “Entregan lo que es del pueblo para que hagan negocios los mismos de siempre”, cuestionó.
En la misma línea, se expresó el diputado Esteban Paulón. “Pichichi Scioli se quiere cargar Embalse”, escribió en sus redes sociales al cuestionar el cierre del complejo y los despidos masivos.
Mientras tanto, Embalse comienza a transformarse en algo más que un conflicto sectorial. En Córdoba ya lo leen como un nuevo capítulo de fricción política con la administración libertaria.
