Carolina Biedermann
La discusión por las zonas frías terminó exponiendo mucho más que una diferencia sobre subsidios al gas. La sesión especial impulsada por el oficialismo provincial funcionó como una radiografía política de cómo se está reordenando la oposición cordobesa frente al gobierno de Javier Milei.
El objetivo formal del PJ era reclamarle a los senadores nacionales por Córdoba que voten en contra de la eliminación de once departamentos cordobeses del régimen de zona fría, beneficio que subsidia parte de la tarifa de gas para miles de usuarios del interior.
Políticamente el movimiento dejó a la luz otro propósito. Exponer a la oposición a pronunciarse sobre el recorte impulsado por la Casa Rosada a los cordobeses, y empujar a radicales y juecistas a definirse entre la defensa territorial, o el alineamiento con Milei. El resultado terminó mostrando tres posiciones distintas.
Por un lado, el llaryorismo aprovechó el tema para profundizar su estrategia de provincializar el conflicto con Nación y mostrarse como defensor de Córdoba frente al ajuste libertario, que dará otro golpe más al bolsillo, de la clase media.
El presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, Facundo Torres, celebró la aprobación del proyecto unificado y sostuvo que “Córdoba dio hoy una señal política clara y contundente”. El oficialismo buscó instalar la idea de una defensa federal frente a una política nacional que, entienden en el Panal, vuelve a beneficiar al AMBA.
En la misma línea, el legislador Leonardo Limia endureció el tono contra la Casa Rosada. “Se están riendo del pueblo argentino. Les sacan recursos y derechos a las provincias mientras benefician a grandes grupos económicos y financieros”, lanzó durante el debate.
Sin embargo, la sesión dejó al descubierto que el principal foco político no estaba dentro del oficialismo, sino en la oposición.
La UCR decidió acompañar el reclamo para que Córdoba no pierda el beneficio, pero intentó hacerlo sin quedar absorbida por la lógica discursiva del peronismo ni aparecer alineada con el viejo esquema de subsidios nacionales.
Antes de la sesión, el bloque radical presentó un proyecto propio que coincidía con el oficialismo en el pedido a los senadores nacionales, aunque incorporaba un artículo adicional en el que proponía exigirle al gobierno provincial que transparentara los impuestos que acopla a las tarifas cordobesas.
Ese punto finalmente fue rechazado por el oficialismo, pero la UCR aprovechó para instalar otro eje político en que viene trabajando que es el “Costo Córdoba”.
“El proyecto original contenía un artículo más que fue rechazado por el oficialismo, donde se solicitaba al gobernador de Córdoba que bajara los impuestos y evaluara el altísimo ‘Costo Córdoba’, en consonancia con lo que le pedía a la Nación”, sostuvo el bloque radical en un duro comunicado posterior a la sesión.
La estrategia radical se enfocó en acompañar el reclamo territorial de intendentes y usuarios afectados, pero evitando quedar pegados a una defensa cerrada de subsidios que hoy el mileísmo combate como símbolo del gasto estatal.
No es casual. Dentro del radicalismo conviven distintas miradas sobre cómo relacionarse con el gobierno nacional, postura que todavía no ha logrado definir y que incluso condiciona su identidad puertas adentro del partido. Sobre zonas frías volvió a mostrar esa tensión interna. Sobre todo porque varios intendentes radicales, entre ellos el presidente del Foro de Intendentes Radicales, Dagum, ya habían firmado documentos en defensa del beneficio para sus localidades.
En paralelo, Rodrigo de Loredo buscó correr el eje de discusión y dijo: “Llaryora politiza zona fría pero la mitad de los cordobeses no tiene gas”, intentando cambiar la conversación desde los subsidios hacia la falta de infraestructura y el costo de vida provincial.
De Loredo cuestionó además el modelo de gestión peronista y recordó la millonaria inversión en gasoductos realizada durante las últimas administraciones provinciales. “El problema real de las familias que no tienen gas natural es que pagan tres o cuatro veces más por el gas envasado”, sostuvo. Esta postura fue sumamente cuestionada porque esa obra que aún está pendiente, es parte de una gestión que se debe llevar adelante por parte de los municipios, quienes seguramente deberán articular con la provincia para llevar adelante una obra de esa envergadura. En contraposición con otras provincias, Córdoba sigue estando en la vanguardia, en materia de obra pública.
Por último, el bloque conducido por Walter Nostrala votó en contra del proyecto unificado y cargó de lleno contra el oficialismo provincial e intentó kirchnerizarlo. El juecismo acusó al peronismo de montar “un circo” político y vinculó el régimen de zonas frías con una lógica de subsidios kirchneristas, tras sostener que Martín Llaryora “abraza la idea del kirchnerismo” y cuestionó el origen de la ley impulsada en su momento por Máximo Kirchner,
La postura del Frente Cívico cobra sentido con antecedentes propios. Cuando se sancionó la Ley de Zonas Frías, Luis Juez también era senador, en aquel entonces de Juntos por el Cambio. En aquel momento Juez votó en contra de ese proyecto de Ley, pero dentro de su bloque hubo disidencias, ocho votaron a favor, y Juez junto a otros tres votaron en contra.
La consecuencia política de la postura de Nostrala quedó rápidamente expuesta. El voto negativo del Frente Cívico anticipó que Juez votará nuevamente te en contra del subsidio, en la cámara alta.
La discusión por las zonas frías terminó dejando una postal precisa del momento político cordobés. El llaryorismo intenta consolidarse como defensor del interior frente a Milei, mientras que el juecismo profundiza su alineamiento con la Casa Rosada; y la UCR vuelve a hacer equilibrio en esa avenida del medio donde intenta sostener, al mismo tiempo, perfil opositor, territorialidad e identidad propia.
La Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad la “Ley Joaquín”, una iniciativa que refuerza los mecanismos de acompañamiento, información y protección de las víctimas dentro del proceso judicial, con el objetivo de garantizar un sistema más humano, cercano y accesible.
La norma lleva el nombre de Joaquín Sperani, el adolescente de 13 años de Laboulaye cuyo caso conmovió a la provincia y motivó un trabajo legislativo conjunto entre oficialismo, oposición e instituciones del sistema judicial.
Durante el debate, el legislador Juan Manuel Llamosas destacó que la ley “tiene nombre porque hay una historia de la que el Estado debe hacerse cargo”, y subrayó la necesidad de “pasar de un sistema de procedimientos a uno que ponga en el centro a las personas”.
El proyecto fue acompañado por todos los bloques y resaltado como un hecho institucional poco frecuente, fruto del consenso político y del aporte de distintos actores del sistema, incluida la familia de Joaquín. A demás, desde el recinto se valoró especialmente el rol de Llamosas en la construcción del acuerdo que permitió la aprobación unánime de la norma.
