Yanina Soria
A lo largo de los 27 años de gobierno peronista en la provincia de Córdoba, las administraciones de José Manuel de la Sota y de Juan Schiaretti atravesaron, en distintos momentos, varias y profundas crisis políticas que parecían llevárselos puestos, con denuncias de corrupción o casos de violencia institucional, entre otros. Momentos que la oposición de turno, de manera más o menos articulada, aprovechó para pedir renuncias y raspar al máximo la figura del mandatario a cargo.
Sin embargo, el justicialismo cordobés siempre surfeó la ola. No sólo se reconvirtió tras esos episodios, en algunos casos incluso capitalizándolos (tras el acuartelamiento policial del 2013 el PJ azuzó ese anti kirchnerismo provincial luego tan rendidor electoralmente) sino que, además, siguió ganando y ganando elecciones. Los cordobeses, evidentemente, ponderaron los aciertos por sobre los errores.
A ese historial parece apelar hoy el Panal. A que el caso Agostina Vera sea un hecho (lamentable) más que impacta momentáneamente en la gestión, pero que no la desestabiliza. “Sobreviviremos a esto también”, anticipan en clave político electoral desde el cordobesismo.
No habrá renuncias como está pidiendo la oposición y el cordobesismo comenzó ayer mismo el control de daños. Durante la jornada del domingo, no hubo pronunciamientos públicos, ni siquiera de las propias mujeres oficialistas que no sólo militan en el feminismo, sino que además ocupan cargos desde donde defienden las cuestiones de género como política de estado. La estrategia comunicacional de la situación quedó centralizada en Gobierno.
En horas de la noche, los abuelos de la niña fueron recibidos en el Centro Cívico por el propio gobernador Martín Llaryora y el ministro Juan Pablo Quinteros.
Si bien el golpe político es al proyecto del cordobesismo, la realidad es que dentro del gabinete quien quedó más expuesto fue el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. El funcionario, quizá, de los más protagonistas que tiene el gobernador, es el que parece absorber hoy el mayor desgaste de la situación.
Naturalmente, esa misma centralidad política que ocupa desde hace dos años y medio en materia de seguridad, lo colocó como principal destinatario de los cuestionamientos de una parte de la familia y amigos de la niña asesinada y, por supuesto, del arco opositor que a coro está pidiendo su remoción del cargo.
Anoche a la salida de la reunión, los abuelos de Agostina que le habían reprochado públicamente no haberlos acompañado ni contactado personalmente, y que se habían quejado de enterarse de información oficial a través de los medios, dijeron que el ministro les pidió disculpas. “Nos pidió disculpas por no estar con nosotros, nos explicó el porqué pero dijo que siempre estivo detrás de todo”, dijeron.
Desde el día que asumió, el funcionario del Partidos Cordobés le imprimió un estilo particular a su gestión que combinó la idea de firmeza y “mano dura” frente al delito, con presencia en el territorio. A Quinteros se lo vio siempre en todos los operativos encabezando movidas con alto perfil, por eso llamó la atención su ausencia pública durante los primeros días del caso Agostina y también que no se haya mostrado cerca de la familia de la niña.
Llaryora lo ratificó anoche a su cargo. En todo caso, Quinteros termina siendo el pararrayo necesario del cordobesismo.
Cuán lesionada pueda quedar su imagen pública tras lo sucedido y si esa circunstancia pueda modificar el trayecto de lo que parecía ser una precandidatura segura a la intendencia de la ciudad, el tiempo lo dirá.
La realidad es que lejos está el femicidio de Agostina de quedar circunscripto sólo a un hecho judicial o policial como algunos desearían. El episodio golpeó emocionalmente a toda Córdoba y al país, y la presión sobre el poder político es insoslayable. Por los cuestionamientos sobre los tiempos de respuesta, la comunicación oficial y el manejo de la búsqueda.
Pero también por la sensación de impunidad total que sobrevuela entre los cordobeses tras conocer quién, por ahora, es el único acusado. Que el detenido haya sido hasta la semana pasada empleado del intendente Daniel Passerini, incorporado durante la gestión municipal de Martín Llaryora, que haya entrado de la mano Ricardo Moreno, concejal y referente de las 62 Organizaciones Políticas, no son elementos más. Son parte de una praxis política que irrita a la sociedad y que ya la tiene asqueada.
