Javier Boher
Hablamos hace un tiempo de Peter Thiel, su empresa Palantir y la decisión de mudarse a nuestro país. Sus ideas políticas son tildadas de “neo oscurantismo”, por no creer en la democracia liberal como existe actualmente, lo que lleva a que muchos hablen del “tecnofeudalismo”. La sumisión del poder político occidental al poder económico de las élites de Silicon Valley sería un riesgo grave al que se enfrentan nuestras sociedades.
En ese contexto es que el gobierno anunció la creación del programa de Gemelo Digital, donde pretende centralizar toda la información que el Estado tiene sobre sus ciudadanos para correr simulaciones con IA y tratar de predecir el futuro para hacer más eficiente la toma de decisiones y la administración de lo público. La coincidencia entre este proyecto, la mudanza de Thiel y sus ideas es lo que motoriza el temor a que estos tiempos oscuros tomen el país.
No hay dudas de que la idea es pésima, especialmente en un lugar en el que las autoridades no saben cuidar la información de sus ciudadanos. Sucesivas filtraciones de datos -por las que nunca se condenó a nadie- son la muestra cabal de que al Estado hay que darle menos poder para entrometerse en la vida de los individuos, una máxima del siglo XVII que sigue más vigente que nunca.
Más allá de esto, la verdadera reflexión es sobre la gente que está preocupada por el tecnofeudalismo y la implementación de sistemas de vigilancia social masiva, cuando la evidencia nos señala que estamos en el umbral de un Estado fallido o un
La trama del caso de Agostina Vega es una muestra más de todo eso, un punto a unir en el intento de comprender lo mal que están las cosas en Argentina.
La semana pasada se ordenó un allanamiento en propiedades de un exfuncionario de los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei. Se estaba investigando la desaparición de equipos después de su paso por Arsat. Encontraron 2,4 millones de dólares en efectivo, cocaína, ketamina, cristal MDMA y más de 70 pastillas de éxtasis.
Por otro caso también se allanó la casa de una funcionaria del municipio de Lanús, donde encontraron medio kilo de cocaína. En otros allanamientos vinculados al mismo operativo sumaron 1,2kg más, junto a dinero en efectivo y armas.
En Córdoba tuvimos, a fines de 2024, el caso de los faltantes de drogas en Cruz del Eje, hecho vinculado a la Fuerza Policial Antinarco. Desde 2023, también en la provincia, los múltiples escándalos con el Servicio Penitenciario, involucrando certificados truchos, call centers y el emblemático caso del ingreso de drogas y otros elementos con la carne que se le proveía a las cárceles cordobesas.
Tuvimos policías liberando zonas en Carlos Paz, otra dando protección a narcos en Villa del Rosario, a un jefe de la Caminera extorsionando gente con datos reservados y otros casos vinculados a violencia de género e incluso homicidios.
La semana pasada hubo detenciones por empleados municipales que otorgaban licencias de conducir truchas, saltando las faltas graves de las bases de datos. En 2024, fraude en los concursos docentes municipales.
Esa breve lista no exhaustiva muestra en manos de quiénes estamos y cuál es el nivel de deterioro del Estado y las capacidades de control y los mecanismos de rendición de cuentas.
Está perfecto preocuparse por esas grandes cuestiones como en tecnofeudalismo de Thiel y compañía, pero concentrarse en esas cosas tan grandes y alejadas de lo cotidiano es vivir completamente disociado de lo verdaderamente importante, que es lo que ocurre alrededor nuestro cada día y nos da una peor calidad de vida que se puede medir de manera bien concreta.
El precio de la libertad es la eterna vigilancia, reza un aforismo político de origen incierto. En lugar de preocuparse por la vigilancia que sobre nosotros pueden hacer las élites globales, lo adecuado sería no dar por sentadas nuestras libertades y afinar nuestra vigilancia sobre los que deberían cuidarlas, porque el yugo del Estado que tenemos sobre nuestro cuello es mucho más pesado que el que creemos que nos van a poner los magnates de Silicon Valley.
