Yanina Soria
Que el intendente Daniel Passerini decidiera sacrificar una de sus piezas más productivas del gabinete para apagar el incendio político en el Concejo Deliberante, revela la magnitud de la crisis provocada por el caso Agostina Vega. El hecho de relevancia nacional, golpea directo al poder del cordobesismo obligando al gobernador Martín Llaryora como al propio jefe municipal a recalibrar para achicar el impacto.
Hacer volver a la banca a Raúl La Cava, ahora ex secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, con el objetivo de desplazar a un Ricardo Moreno que no se quería ir, fue cortar de raíz otro foco de desgaste a una gestión municipal que intenta levantar cabeza.
A diferencia de Llaryora que administra los conflictos con más tiempo, resistiendo las presiones y evitando cambios apresurados, el intendente de la Capital mostró una menor tolerancia al costo político de sostener dirigentes cuestionados. Y en este caso, Passerini buscó evitar que el daño escale.
Y aun cuando para la oposición la resolución es insuficiente y el concejal debería ser expulsado, el oficialismo asegura que Moreno no vuelve.
Después de que el abogado penalista y referente de las 62 Organizaciones Peronistas admitiera por los medios locales y nacionales que recomendó el ingreso de Claudio Barrelier a la Municipalidad pero que, en todo caso, la responsabilidad fue de la propia gestión que lo incorporó, para el intendente ya no había retorno.
Barajada algunas alternativas frente a la resistencia del concejal suplente de irse por motu proprio, el titular del Ejecutivo decidió entonces que La Cava era la ficha que había que mover. Y dicen que el funcionario aceptó sin chistar.
“Es una persona de extrema confianza de Passerini y ante semejante crisis, quería dar un gesto claro y concreto”, dijeron desde el entorno del intendente.
Generalmente, cuando un dirigente que ocupa un cargo en el Ejecutivo debe volver al legislativo significa un descenso político ya que el cambio de funciones supone resignar poder de gestión para asumir un rol de menor gravitación en el esquema de gobierno.
Sin embargo, en el caso de La Cava esa acepción podría reinterpretarse. En primer lugar, porque quien lo reemplaza en Políticas Sociales es Andrea Ledesma, una funcionaria de su esquema y estricta confianza; es decir, el concejal (hoy asumirá) mantiene un pie en esa dependencia. Y, por ende, su incidencia en un área clave del municipio.
Por otro lado, el bloque oficialista suma un peronista con buena llegada a la oposición, una herramienta de negociación valorada por el Ejecutivo y una nueva espada que el intendente incorpora para defender públicamente sus proyectos.
La Cava es, además, el presidente alterno del PJ Capital; el nombre que acordaron el intendente y la senadora Alejandra Vigo en el marco de la renovación de autoridades partidarias. El ahora concejal sintetiza las líneas internas del justicialismo local que también tienen representación y conviven dentro del bloque en el recinto deliberativo.
El Concejo será hoy una caja de resonancia de lo que el caso de Agostina provocó en el sistema político, golpeando principalmente la estructura del poder cordobesista. Como ya se informó desde estas páginas, el Municipio respondió además con un proyecto para realizar narcotest y controles de antecedentes para empleados municipales de Córdoba que será ingresado hoy, mientras la oposición reperfila su estrategia de embestida.
Mientras tanto, el municipio comenzó la semana pasada una investigación interna en el área de la Subsecretaría de Movilidad y Tránsito, de la que depende el área donde se desempeñaba Claudio Barrelier para conocer y establecer responsabilidades. En ese marco, no se descartan nuevos pedidos de renuncia.
