Franco Cervera
Desde que inició su conquista provincial, el gobernador de Córdoba fue consolidando diferentes áreas con alfiles de confianza, la mayoría coterráneos, que sean brazos –y oídos- de sus gestiones. En este proceso, sin lugar a dudas, el abogado Néstor Gómez, recientemente asumido como fiscal adjunto provincial, es uno de esos nombres poli funcionales que lo supo acompañar en diferencias circunstancias. Desde sus comienzos en San Francisco hasta su desarrollo provincial.
Como es sabido, la asunción del viernes pasado del sanfrancisqueño Gómez, permite deducir que es una pieza clave para Llaryora en la nueva conformación de la Fiscalía General, cuyo titular es Carlos Lezcano.
El juramento se produjo junto al de quien lo reemplazará en el cargo de defensor adjunto, Jorge Folloni, otro llaryorista, y de las integrantes de la flamante Procuración Penitenciaria, encabezada por Bettina Croppi. También asumieron las procuradoras penitenciarias y el gran ausente fue el fiscal Iván Rodríguez.
Desde el kilómetro cero, Néstor Gómez demostró que es un abogado versátil que políticamente puede desempeñarse donde Martín Llaryora lo disponga. Además de asegurarle confianza y lealtad, en más de quince años de gestión, le permitió al actual gobernador serle útil para diferentes áreas que pocos se animarían a encarar.
De familia de abogados, en San Francisco ya se lo conocía por su experiencia académica como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe y por ser titular del estudio jurídico Néstor H. Gómez, con más de 95 años de trayectoria.
Durante su estadía política en la ciudad del este provincial fue asesor letrado de la Municipalidad durante la primera intendencia de Llaryora, y de allí en adelante ocupó las secretarías de Servicios Públicos e Infraestructura; dos rubros muy alejados a las leyes pero que desempeñó durante un buen periodo. Luego siguió mostrando su versatilidad y pasó por la presidencia de la Empresa Municipal del Gas (Emugas), en momentos en que la ciudad estatizó el servicio y obras de gas natural, lo que significó una transformación del área.
En 2023, Gómez integró la lista de candidatos a concejales que encabezaba Damián Bernarte, y logró una banca en el recinto legislativo de San Francisco, aunque al ser convocado por el gobernador Martín Llaryora su lugar terminó siendo ocupado por Claudio Rivolta, delegado del Sindicato de Obreros Panaderos, en el marco del gobierno de Damián Bernarte.
Cuando el gobernador lo convocó, Gómez recaló en la vicepresidencia de Lotería de Córdoba, donde se desempeñó por poco más de un año y medio.
Su circuito de movimientos continuó, debido a que a finales de 2024, el abogado juró como Defensor Adjunto del Ministerio Público de Defensa de Córdoba, en un puesto que apuntaba a que quedaría permanente al tratarse de un cargo vitalicio. Sin embargo, el gobernador le encomendó una nueva tarea, esta vez en la Justicia provincial, por lo que derivó finalmente en la fiscalía adjunta de la provincia, para cristalizar el desembarco del “Llaryorismo” puro y duro en esta área judicial de preponderancia.
Lo que también se plasmó con esta firma, es que Néstor Gómez es un “todoterreno” de Llaryora, que le demuestra confianza y lealtad, además de tener siempre las valijas preparadas para asumir el rol que se le encomiende.
Semanas atrás, el fiscal general dictó el Reglamento N° 102/26 con el objetivo de optimizar el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal a través de una nueva distribución de tareas entre los cuatro adjuntos. Según lo expuesto, las áreas de Casos Complejos (asociación ilícita, estafas), Penal Económico (corrupción) y los conflictos internos entre fiscales por competencia, inhibiciones o cuestionamientos hacia ellos quedarían bajo responsabilidad de Néstor Gómez y Héctor David.
Otra de las tareas asignadas a Gómez, junto a Alejandro Pérez Moreno, sería el área de Violencia de Género e Integridad Sexual. Mientras que también tendrían la coordinación directa para con las fiscalías del interior.
El Fuero de Narcotráfico y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) quedaría para Héctor David, y el Plan de Gestión Territorial, el Sistema de Flagrancia y el Instituto de Formación será para Gómez Demmel.
Por último, de la Oficina especializada en Ciberdelitos y Evidencia Digital, la Dirección General de Policía Judicial y la Relatoría Penal será responsable Pérez Moreno.
