
El SEP presiona por los salarios y negocia una salida a la precarización
Gabriela Yalangozian
La discusión salarial de los empleados públicos de Córdoba vuelve a ganar espacio en la agenda política provincial. Con los ingresos deteriorados y reclamos pendientes en distintas áreas de la administración, el Gobierno busca encauzar el malestar sindical y evitar que la tensión se transforme en un conflicto abierto antes de finalizar el año.
Después de varias semanas en estado de alerta, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) fue convocado por la Secretaría General de la Gobernación esta semana. El encuentro permitió conformar una mesa de trabajo con representantes de la Comisión Salarial del gremio, que tendrá a su cargo las evaluaciones y el seguimiento de los reclamos.
El secretario general del SEP, Sergio Castro, confirmó a Alfil que la negociación ingresó en una etapa de análisis técnico y reconoció que existe preocupación por el deterioro de los ingresos. “La idea es que los compañeros lleguen a fin de mes, porque no están llegando”, resumió.
El dirigente recordó que el último acuerdo contemplaba una instancia de revisión en septiembre. En aquella oportunidad, según explicó, se realizó una sumatoria de los porcentajes y no surgieron diferencias que habilitaran la aplicación de la cláusula gatillo.
Sin embargo, considera que el escenario actual requiere otra respuesta. “Ahora el Gobierno está reconociendo que el estatal atraviesa una situación que preocupa y por eso buscaremos con el gremio llegar a un entendimiento para recompensar a los compañeros que han perdido poder adquisitivo, sobre todo a los que forman parte del escalafón general, que no tienen adicionales”, sostuvo.
Aunque todavía no existen precisiones sobre los montos ni sobre la modalidad de una eventual recomposición, la apertura de la negociación representa una señal política. Para el Ejecutivo, significa ganar tiempo y contener un frente sindical que podría complicar el cierre del año. Para el SEP, implica la posibilidad de convertir el reconocimiento de la situación salarial en una respuesta concreta.
En ese marco, tampoco se descarta que ingrese en la discusión una suma extraordinaria de fin de año, bajo la modalidad de un “bono navideño”. Castro recordó que en enero se había otorgado un porcentaje adicional por única vez para compensar la pérdida de poder adquisitivo. La posibilidad de repetir una herramienta de esas características aparece como una alternativa, aunque todavía no hay una definición oficial.
Salud, vacantes y condiciones laborales
La agenda del SEP también expone problemas estructurales de la administración provincial. Además de la reapertura de las paritarias, el sindicato reclama la firma del decreto que permita la unificación definitiva de los Equipos de Salud y plantea la situación de los jubilados frente al diferimiento salarial y el impacto del artículo 58.
Castro puso especial énfasis en la necesidad de resolver la situación del personal sanitario. Según explicó, la normativa pendiente permitiría ordenar las jornadas laborales, compensar las horas trabajadas y establecer criterios para las guardias y la semana calendario.
El planteo alcanza a 1.582 trabajadores que esperan definiciones sobre su reubicación dentro de los grupos profesionales correspondientes. A esto se suma la cobertura de vacantes en hospitales de Capital e Interior, donde la falta de personal deriva en recargas horarias y jornadas extenuantes.
La discusión tiene una dimensión que trasciende el reclamo gremial: la capacidad del Estado para sostener los servicios públicos sin trasladar las deficiencias de personal a quienes ya se encuentran trabajando. En ese sentido, el SEP busca incorporar a la negociación cuestiones que afectan tanto las condiciones laborales como la prestación sanitaria.
También forman parte de la agenda la situación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), su nuevo régimen escalafonario, el escalafón de la Administración Central y la participación sindical en la definición de las estructuras orgánicas.
El desafío de regularizar a monotributistas y becarios
Uno de los capítulos más sensibles de la negociación es el de la precarización laboral. Castro anticipó que el sindicato pretende instalar una discusión sobre los vínculos contractuales de quienes llevan años desempeñándose en el Estado bajo modalidades de monotributo o becas.
“Lo que planteamos como gremio es levantar la bandera en contra de la precarización. Queremos que se aplique el mecanismo de altas por bajas para que quienes llevan cuatro o cinco años en esa situación puedan tener un contrato genuino”, afirmó.
La propuesta apunta a generar un mecanismo de regularización progresiva y abrir, posteriormente, el camino hacia los pases a planta permanente. El dirigente también vinculó esta demanda con la sustentabilidad del sistema previsional provincial, al advertir sobre las consecuencias de mantener trabajadores fuera de los esquemas de contratación formal.
Para el Gobierno, este reclamo representa un compromiso de otra naturaleza. A diferencia de una suma extraordinaria o una actualización salarial, la regularización de los vínculos laborales supone decisiones administrativas y presupuestarias con efectos permanentes. Por eso, esta discusión podría convertirse en uno de los puntos más complejos de la negociación.
En paralelo, el SEP deberá definir hasta dónde llega su margen de espera. Castro anticipó que el jueves la Comisión Directiva realizará una evaluación de las conversaciones y analizará los próximos pasos.
Una negociación que va más allá del salario
La apertura de la mesa paritaria le permite al Gobierno de Martín Llaryora descomprimir, al menos transitoriamente, la relación con uno de los gremios que representan a un grueso número de los trabajadores de la administración provincial. Sin embargo, el reconocimiento de las dificultades salariales no alcanza para cerrar el conflicto.
El SEP llega a esta instancia con una agenda que combina recomposición de ingresos, regularización laboral, cambios en los escalafones y demandas específicas del sistema sanitario. Es decir, aprovechar la negociación salarial para discutir también el funcionamiento y la estructura del empleo público.
La incógnita es si el Ejecutivo estará dispuesto a avanzar sobre todos esos frentes o si intentará concentrar la respuesta en una compensación económica que permita atravesar diciembre sin mayores complicaciones.


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