Aval inicial al último Excel de Passerini (críticas por deuda y discrecionalidad)

Dos miradas contrapuestas sobre la administración municipal: el oficialismo planteó la continuidad de un modelo basado en el equilibrio fiscal y la asistencia social; la oposición advirtió sobre el peso de la estructura municipal, el nivel de inversión en obras y la concentración de facultades en el Ejecutivo.
Municipal17 de noviembre de 2026Yanina SoriaYanina Soria

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El Concejo Deliberante de Córdoba dio luz verde en primera lectura al Presupuesto General 2027, el Código Tributario y la Ordenanza Tarifaria Anual. Los tres proyectos, que conforman el paquete económico para el último año de gestión de Daniel Passerini, avanzaron solo con el voto oficialista en medio de un debate cruzado por fuertes diferencias sobre el gasto público, el endeudamiento, la presión impositiva y las prioridades de inversión del municipio.

Los expedientes, que llegaron al recinto con despacho de comisión, fueron tratados en conjunto, aunque votados de manera individual. Desde el oficialismo defendieron la continuidad de un esquema que combina equilibrio fiscal, inversión social y alivio tributario. La oposición, en cambio, puso bajo la lupa las proyecciones de ingresos y gastos, las autorizaciones para tomar deuda y el margen de discrecionalidad que se le otorga al Ejecutivo municipal. Con este primer aval (resta audiencia pública y segunda lectura), Passerini conseguirá avanzar con una pieza central de su administración para el próximo año. Sin embargo, la aprobación no clausuró la discusión.

En la presentación del paquete, en nombre del bloque Hacemos Unidos, la concejala Miriam Aparicio destacó que el presupuesto mantiene como meta el déficit cero y busca asegurar la prestación de los servicios municipales. Según detalló, el 60% de los recursos estará destinado a políticas sociales, con un crecimiento real del 10% respecto del ejercicio anterior. En paralelo, señaló que la inversión en obra pública apunta a representar el 14% de los ingresos, con intervenciones previstas en alumbrado, calles, cloacas y espacios verdes.

En el capítulo tributario, el oficialismo hizo hincapié en la continuidad de la reducción de alícuotas que beneficia al 85% de los contribuyentes y aseguró que no habrá incrementos en las alícuotas de tasas y contribuciones municipales. También puso en valor los incentivos para nuevos emprendimientos productivos y anunció una medida de impacto en las facturas de servicios: la eliminación, a partir de 2027, de la contribución municipal que se cobra a través de las boletas de gas.

Pero el respaldo oficialista no alcanzó para despejar los cuestionamientos. Una de las intervenciones más críticas fue la de la concejala Elisa Cafaratti en representación del bloque UCR, quien puso en duda la confiabilidad de las proyecciones presupuestarias. Con un cálculo de recursos cercano a los 1,8 billones de pesos, advirtió que las previsiones podrían estar subestimadas y recordó que el presupuesto de 2026 debió ser ampliado durante su ejecución.

La edila también apuntó contra las facultades que el proyecto reserva para el Departamento Ejecutivo. Entre ellas, mencionó la posibilidad de emitir letras del Tesoro por hasta 100 millones de dólares, acceder a operaciones de crédito por hasta 300 millones —con un margen que podría extenderse a 350 millones bajo determinadas condiciones de refinanciación— y constituir fideicomisos financieros.

Para la oposición, el paquete no sólo habilita un amplio margen de maniobra para el Ejecutivo, sino que también debilita las herramientas de seguimiento y control legislativo.

En materia de obra pública, la concejala puso el foco en los aproximadamente 150 mil millones de pesos previstos en el Plan de Trabajos Públicos, una cifra equivalente al 8,3% del presupuesto total. Para contrastar ese monto con las necesidades de la ciudad, enumeró problemas que, según planteó, siguen sin resolverse, como la acumulación de basurales, las deficiencias en la recolección de residuos, las dificultades del transporte urbano y las obras pendientes.

Otro de los blancos de sus críticas fue la contribución municipal del 9,9% que se incorpora en las facturas de energía eléctrica. De acuerdo con sus cálculos, ese concepto podría generar una recaudación de unos 75 mil millones de pesos durante 2027. La edil reclamó precisiones sobre el destino de esos recursos y volvió a proponer una reducción del 50% en el gravamen.

En la misma línea, la presidenta de la bancada del Frente Cívico, Graciela Villata cuestionó las estimaciones oficiales y las autorizaciones para contraer deuda. También reclamó mayor claridad sobre los fondos destinados a infraestructura social, saneamiento y eliminación de basurales, y puso en discusión el volumen de inversión previsto para obra pública. A sus planteos agregó observaciones sobre el funcionamiento de las cuentas especiales municipales y la falta de respuestas a inquietudes que habían sido formuladas durante el trabajo en comisión.

Desde otra perspectiva, la referente del Frente de Izquierda Unidad, Cintia Frencia cuestionó las prioridades del presupuesto y consideró insuficientes las partidas para salud, educación, desarrollo social, discapacidad, políticas de género y vivienda. También objetó los beneficios tributarios previstos para el sector privado y las herramientas financieras que habilitaría el nuevo esquema.

La discusión tributaria tuvo, además, un capítulo específico vinculado con los servicios de salud y asistencia social. La concejala radical Fabiana Gutiérrez alertó sobre los aumentos en los importes mínimos que deberán afrontar determinadas actividades, entre ellas la atención médica domiciliaria, las prestaciones odontológicas, los centros de discapacidad y los geriátricos. Según advirtió, esas modificaciones podrían terminar trasladándose a los costos que pagan las familias.

Del otro lado del recinto, el oficialismo defendió el rumbo económico de la administración Passerini. Marcos Vázquez y Martin Simonian respaldaron el esquema presupuestario y remarcaron que la búsqueda del equilibrio de las cuentas no implica resignar políticas sociales ni la prestación de servicios. También destacaron las medidas de alivio tributario, los avances en la reestructuración de la deuda y la reducción de los intereses, además de las herramientas contempladas para promover la actividad productiva y modernizar la gestión municipal.

Finalmente, los tres expedientes que fueron aprobados en general y en particular, cada uno por separado, volverán ahora a comisión antes de su tratamiento definitivo. La próxima escala será la audiencia pública convocada para el martes 24 de noviembre, desde las 10, donde se abrirá otra instancia de discusión sobre las iniciativas.

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