Auditoría revela irregularidades en la gestión de Gill en Villa María

 Por María Florencia Coria  

La gestión del intendente Eduardo Accastello dio un paso significativo en materia de transparencia al revelar los resultados de una auditoría externa que expone serias irregularidades administrativas durante el último período de gobierno de Martín Gill.

El informe, elaborado por la consultora Russell Bedford, descubrió un escenario preocupante en las finanzas municipales, con diferencias millonarias entre los registros contables y los fondos efectivamente disponibles.

Entre los hallazgos más alarmantes, la auditoría detectó una diferencia de más de 2.336 millones de pesos entre los registros contables y el dinero existente en caja al 31 de diciembre de 2023.

Las irregularidades no se limitan al efectivo en caja. El informe también reveló una discrepancia de 570 millones de pesos en las cuentas bancarias municipales, además de inconsistencias en el registro de los fondos destinados al pago de salarios, donde se encontró una diferencia cercana a los 400 millones de pesos.

Un sistema vulnerable y sin controles

“Cuando llegamos al municipio nos encontramos con que sólo había Excel con información al 30 de noviembre del 2023, y no nos permitían, esas planillas, establecer un registro contable con precisión”, explicó el intendente Accastello, quien destacó que la municipalidad opera con tres sistemas fundamentales: presupuestario, contable y financiero. Según el mandatario, la auditoría reveló que “no había libro, no había contabilidad, no había conciliaciones bancarias”.

La falta de registros fundamentales no es un detalle menor. Los auditores advirtieron sobre la inexistencia de transcripciones de balances en libros físicos, lo que genera un riesgo significativo de modificación o sustitución de la información contable. Además, detectaron irregularidades en la numeración de los asientos contables, con saltos inexplicables en la correlatividad y fechas inconsistentes, incluyendo registros realizados en días feriados.

El panorama se agrava al considerar que, en octubre de 2023, apenas dos meses antes del cambio de gestión, se realizó una modificación del sistema informático sin respaldo de la información anterior. “Se cambió el sistema informático en octubre del 2023, no hubo backup de eso y se perdió mucha información, ni nos informaron de que un mes antes de que nosotros asumiéramos, se cambió el sistema”, señaló Accastello.

La cronología de una crisis anunciada

La actual gestión, que asumió el 10 de diciembre de 2023, se encontró con un escenario complejo que incluía aproximadamente 1.450 millones de pesos en cheques diferidos y más de 3 mil millones en pasivos con proveedores. Esta situación llevó al Concejo Deliberante a declarar la emergencia económica y financiera por un período de 24 meses, con posibilidad de prórroga.

“La auditoría arroja una diferencia de 116.803.125 millones en el arqueo, y de saldo contable de 2.453 millones con 531.220”, precisó el intendente, agregando que “los ajustes netos ascienden a una reducción de 5.505 millones” en el patrimonio municipal.

El peso de la deuda judicial

El panorama financiero se complica aún más cuando se consideran los pasivos judiciales del municipio. Las demandas contra la Municipalidad de Villa María ascienden a 3.800 millones de pesos, según los registros disponibles, una cifra que podría impactar significativamente en las finanzas futuras de la ciudad.

“Este informe del auditor se lo presentamos al Concejo Deliberante, al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía para que haga el análisis correspondiente cada uno desde su rol”, explicó Accastello, confirmando que la documentación fue derivada a la Fiscalía a cargo del Dr. René Bosio.

Una gestión bajo la lupa

La situación de Villa María refleja una crisis institucional que trasciende lo meramente económico. La gestión anterior, encabezada por Martín Gill, atraviesa un momento particularmente complejo. Su trayectoria política, que incluye la presidencia del Consejo Interuniversitario Nacional y el cargo de viceministro de Obras Públicas de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández, ahora se ve empañada no solo por las irregularidades detectadas en su gestión municipal sino también por causas judiciales que lo alejaron recientemente del gabinete provincial.

Gill, quien hasta noviembre de 2024 se desempeñaba como ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, debió renunciar a su cargo tras la elevación a juicio de una causa por violencia de género. Este proceso judicial, que investiga presuntos episodios de violencia contra su ex pareja ocurridos entre diciembre de 2022 y enero de 2023, se suma ahora a los cuestionamientos sobre su gestión al frente del municipio villamariense.

La carrera del ex intendente, que incluye dos períodos al frente de la ciudad, el rectorado de la Universidad Nacional de Villa María y diversos cargos en la administración nacional, contrasta fuertemente con los hallazgos de la auditoría.

Su capacidad de articulación política entre el kirchnerismo y el peronismo cordobés, que lo llevó a ocupar posiciones estratégicas en ambos espacios, no se reflejó en la prolijidad administrativa que requiere la gestión municipal.

Fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que el caso será analizado en profundidad para determinar posibles responsabilidades penales en el manejo de los fondos públicos.

El camino hacia la transparencia

“Nosotros necesitamos esta información para transparentar absolutamente, porque, además, al no encontrar libros, como lo exige la Carta Orgánica, el libro diario, el inventario, nosotros ahora tenemos que actualizar de acuerdo a todo lo que ha transcurrido en 2024 con un punto de inicio, que es este”, explicó Accastello, quien adelantó la próxima presentación del balance 2023.

La actual administración ha iniciado un proceso de modernización integral del sistema contable municipal. El objetivo es implementar mecanismos de control más rigurosos y establecer procedimientos que garanticen la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Esta transformación incluye la digitalización de procesos y la implementación de nuevos protocolos de registro y verificación.